El Fondo E cayó 10,4% entre enero y septiembre, mientras derivados de las AFP registraron valoraciones negativas por US$7.700 millones. El Congreso exige aclarar pérdidas efectivas y responsabilidades, mientras la Superintendencia enfrenta preguntas sobre su fiscalización
Los ahorros para la vejez tienen una particularidad: las pérdidas pueden recuperarse con el tiempo, pero no todos los trabajadores disponen de ese tiempo. Esa es la inquietud que abrió la caída del Fondo E, precisamente el multifondo al que muchos afiliados recurren para reducir su exposición a los riesgos financieros.
Quienes necesitan pensionarse pronto podrían enfrentar un menor capital disponible, mientras las administradoras defienden inversiones que terminaron golpeadas por los mercados internacionales.
La historia comenzó a adquirir otra dimensión cuando Bloomberg reveló que las posiciones de las siete AFP chilenas en derivados vinculados a tasas de interés estadounidenses pasaron de una valoración positiva de US$1.400 millones a una negativa de US$7.700 millones en aproximadamente un año.
No todo ese monto constituye una pérdida definitiva ni corresponde exclusivamente al Fondo E. Pero la magnitud del deterioro dejó al descubierto operaciones financieras cuyo riesgo se volvió especialmente relevante para los ahorros previsionales.
Las administradoras utilizaron contratos conocidos como swaps, que podían beneficiarse de una disminución de las tasas estadounidenses. El mercado se movió en dirección contraria y esas posiciones comenzaron a perder valor. El problema dejó entonces de ser únicamente financiero: ¿quién decidió asumir esa exposición, qué advertencias recibió y cómo actuaron quienes tenían la obligación de supervisarla?
Cuando las pérdidas llegan a las cuentas de los trabajadores
Para los afiliados, la diferencia entre una pérdida temporal y una definitiva puede depender del momento en que necesiten utilizar sus ahorros. Quien todavía tiene años por delante puede esperar una eventual recuperación. Quien está cerca de jubilarse podría no contar con ese margen y terminar calculando su pensión sobre un saldo menor, dependiendo de la modalidad elegida.
La caída no significa que todas las jubilaciones disminuirán en la misma proporción ni modifica directamente beneficios como la Pensión Garantizada Universal. Sin embargo, vuelve especialmente sensible lo ocurrido en un fondo considerado de menor riesgo relativo.
Tampoco se trata de un problema aislado de la economía. Las AFP administran una parte importante del ahorro nacional e invierten en instrumentos que financian al Estado, bancos y empresas. Sus decisiones pueden influir en los mercados de capitales, aunque los US$7.700 millones de valoración negativa no equivalen a una salida inmediata de ese monto desde Chile. Para conocer su efecto será necesario determinar cuánto se perdió efectivamente al cerrar los contratos.
La Asociación de AFP rechazó que estas operaciones puedan calificarse como apuestas especulativas. “Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo”, sostuvo el gremio, defendiendo los derivados como herramientas habituales de administración de inversiones de renta fija.
La industria recordó que el Fondo E obtuvo una rentabilidad real de 8,06% durante 2025 y argumentó que los resultados deben evaluarse en períodos más extensos. También precisó que solo el 10% de sus afiliados tiene 60 años o más. Pero esa explicación no resuelve la situación de quienes necesitan pensionarse en el corto plazo ni garantiza que el valor perdido vuelva a recuperarse.
Las advertencias que llegaron antes de la caída
La Superintendencia de Pensiones conocía los riesgos asociados al crecimiento de estas operaciones. En abril endureció las restricciones aplicables a los derivados financieros, estableció límites de pérdidas estimadas bajo condiciones de estrés y concedió a las AFP un plazo de adecuación que termina el 4 de noviembre. Para los fondos D y E, ese límite quedó fijado en el equivalente al 2% de su patrimonio.
La medida buscó contener exposiciones que podían comprometer la estabilidad de las carteras. Pero la caída posterior abrió una interrogante sobre lo ocurrido durante los meses de ajuste: qué decisiones adoptaron las administradoras, cuánto costó reducir sus posiciones y qué exigencias concretas formuló el organismo fiscalizador.
El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reconoció su preocupación por el desempeño del Fondo E. “Hemos estado encima del tema”, aseguró al confirmar reuniones con representantes de las administradoras. Cuando le preguntaron por la responsabilidad de las AFP, respondió: “Pregúntele a ellos, mire los resultados”. El organismo sostuvo además que las compañías ya ajustaron una parte significativa de sus posiciones excedentes.
Obligación de transparencia sobre las consecuencias
Las explicaciones no disiparon las dudas en el Congreso. El diputado Patricio Briones (PDG) puso el acento precisamente en la oportunidad de la fiscalización: “¿Cuándo se advirtieron los riesgos de estas operaciones? ¿Qué se le exigió a las AFP?”. Su sector solicitó antecedentes para determinar qué medidas adoptó el regulador y cuánto de las pérdidas informadas terminó materializándose.
Desde el Partido Republicano, el diputado Felipe Ross, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, también pidió investigar las inversiones. “¿por qué el fondo que se supone que es el más conservador fue expuesto a un riesgo como éste?”, planteó. Aunque respaldó el esclarecimiento de lo ocurrido, llamó a esperar los antecedentes antes de establecer responsabilidades.
La inquietud fue más allá de las operaciones financieras. En Antofagasta, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) cuestionó que los trabajadores conocieran los antecedentes mediante una publicación internacional. “Queremos saber qué AFP están involucradas. Hay una obligación de transparencia con los cotizantes y, si no es por esta entidad extranjera, probablemente nadie en Chile se habría enterado de esta situación”, señaló.
Araya solicitó que la Superintendencia obligue a las administradoras a informar las consecuencias de estas operaciones sobre las cuentas individuales. La preocupación es concreta: los afiliados pueden consultar la rentabilidad de sus fondos, pero eso no necesariamente les permite comprender qué decisiones financieras explican sus variaciones.
La diputada Carolina Cucumides (PS), representante de O’Higgins, dirigió su emplazamiento al Ejecutivo, especialmente por quienes se encuentran cerca de jubilarse. “Al Gobierno le pedimos que actúe rápidamente y que dé una respuesta a los miles de chilenos que se van a pensionar y que ven afectados los fondos más conservadores”, sostuvo.
La senadora Daniella Cicardini (PS), integrante de la Comisión de Hacienda, fue más dura con las administradoras. “La plata de las pensiones no son fichas para jugar en el casino. Hoy conocemos pérdidas de hasta 7.700 millones de dólares en apuestas financieras de las AFP. Esa plata no les pertenece, es fruto del esfuerzo de trabajadores que incluso están a punto de jubilar”.
La parlamentaria también exigió una respuesta del regulador: “Exigimos a la Superintendencia de Pensiones que puedan aclarar con urgencia cuánto se ha perdido, quiénes están afectados, y qué responsabilidades existen por parte de las AFP. No se juega con los ahorros de toda una vida”.
Pensiones: responsabilidad y fiscalización
Los cuestionamientos aparecen cuando Chile avanza en la implementación de la reforma previsional, que contempla la futura sustitución de los multifondos por fondos generacionales. La transformación busca adecuar las inversiones a las distintas etapas de la vida laboral, pero también vuelve relevante la manera en que se supervisarán los riesgos.
Nada de lo conocido demuestra por sí solo negligencia de las AFP. Los mercados fluctúan y una inversión permitida puede perder valor. Sin embargo, sigue pendiente determinar quién autorizó las operaciones, qué información manejaban los responsables de controlar los riesgos y cuánto dinero terminó perdiéndose efectivamente.
El mercado puede explicar por qué una inversión perdió valor. No explica, por sí solo, quién decidió cuánto riesgo asumir con los ahorros de los trabajadores ni cómo se vigiló esa decisión. Esa respuesta corresponde a las AFP y a la Superintendencia, mientras miles de afiliados esperan saber qué ocurrió con el dinero destinado a financiar sus pensiones.
