Sala aprobó 27 de las 28 normas revisadas, pero la compensación municipal por la exención de contribuciones no alcanzó el quórum. El proyecto conserva sus pilares económicos y abre una última negociación legislativa
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido como megarreforma, luego de aprobar prácticamente todas las modificaciones introducidas por el Senado. Sin embargo, la iniciativa todavía no queda en condiciones de convertirse en ley.
De las 28 normas sometidas a votación durante el tercer trámite constitucional, 27 fueron ratificadas. Solo el artículo relacionado con las compensaciones que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones a personas mayores de 65 años deberá ser resuelto por una Comisión Mixta.
La sesión se extendió por cerca de cuatro horas y estuvo precedida por intensas negociaciones entre el Gobierno, las bancadas y el Partido de la Gente, cuyos votos permitieron aprobar la mayor parte del texto, pero también impidieron su despacho definitivo.
La votación general reunió 85 respaldos y 59 rechazos, cerrando una etapa que comenzó luego de que la megarreforma superara el Senado por el mínimo y regresara a la Cámara.
Dos votos llevan el proyecto a mixta
La diferencia se produjo en el artículo 35, que crea un mecanismo para compensar al Fondo Común Municipal por los menores ingresos que generará la exención de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.
La norma obtuvo 76 votos a favor y 69 en contra, pero necesitaba 78 respaldos debido a su carácter orgánico constitucional. La falta de dos votos obligó a convocar una Comisión Mixta, integrada por cinco diputados y cinco senadores, que deberá proponer una fórmula para resolver la discrepancia entre ambas cámaras.
La instancia no podrá reabrir libremente toda la megarreforma. Su mandato estará concentrado en la norma municipal rechazada, aunque el acuerdo que alcance deberá ser posteriormente sometido a votación en ambas cámaras.
El resultado permitió al Partido de la Gente instalarse como el actor determinante del desenlace. La colectividad respaldó una parte importante de la reforma, pero no entregó todos los votos requeridos para evitar la Comisión Mixta.
Pamela Jiles, diputada del PDG, celebró el resultado y afirmó que “el PDG manda a mixta la megarreforma”. La parlamentaria sostuvo que la colectividad buscará aprovechar la nueva instancia para mejorar los recursos destinados a las regiones afectadas por las emergencias.
Una postura más matizada manifestó Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, quien reconoció que su bancada respaldó las materias que consideró necesarias, aunque no consiguió incorporar todas sus propuestas.
“Esta megarreforma ha dejado atrás, prácticamente en el olvido, lo que son las políticas públicas. Espero que ahora, con esta votación, ya se empiece a pensar en la lista de espera, en los adultos mayores, en la educación y en tantos otros temas que nos duelen a todos los chilenos”, señaló.
Parisi agregó que el PDG buscaba incorporar apoyos específicos para las regiones de Atacama y Coquimbo. Pese a no alcanzar ese objetivo, llamó a mantener la confianza en las respuestas comprometidas por el Ejecutivo frente a las regiones afectadas.
Los pilares económicos quedan ratificados
El resultado fue ampliamente favorable para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La Cámara mantuvo los principales componentes económicos y tributarios de la iniciativa, entre ellos la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el 27% hasta el 23%.
La disposición no necesitó una nueva votación porque no fue modificada por el Senado. De esta forma, quedó incorporada al proyecto y se mantiene como uno de los principales instrumentos con que el Ejecutivo busca incentivar la inversión privada y la actividad económica.
La Cámara también ratificó por 84 votos a favor y 61 en contra la nueva fórmula de invariabilidad tributaria acordada durante el paso de la iniciativa por el Senado. El mecanismo establece beneficios por diez, quince y veinte años, según el volumen de inversión, e incorpora una sobretasa de 1,5%.
La fórmula había sido objeto de una compleja negociación entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y senadores del PPD. El entendimiento estuvo cerca de fracasar después de que Hacienda intentara profundizar la rebaja del impuesto corporativo, episodio que llevó al senador Pedro Araya a declarar que “el acuerdo con el Gobierno se cayó”.
Pese al quiebre político, la fórmula fue repuesta durante la tramitación y finalmente aprobada por ambas cámaras. El Ejecutivo consiguió así resguardar uno de los componentes centrales de su propuesta para entregar estabilidad tributaria a grandes inversiones.
También quedaron dentro del proyecto el derecho al olvido financiero, las modificaciones a la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, nuevas reglas para el pago a 30 días a las pymes y una vía de indemnización para inversionistas cuando una resolución judicial deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental.
La Sala Cuna Universal quedó fuera de la megarreforma. Su exclusión no pone término a la discusión, debido a que existe un proyecto específico que continúa avanzando en el Senado y que recientemente fue despachado desde la Comisión de Educación hacia la Comisión de Hacienda.
Winter advierte un debilitamiento del Estado
Desde la oposición, Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, realizó una de las críticas más duras al resultado de la jornada y sostuvo que las consecuencias fiscales y sociales de la reforma comenzarán a observarse durante los próximos años.
“Creo que es un día negro para Chile. Vamos a empezar a ver las consecuencias de esta megarreforma en algún tiempo más. Esto no tiene nada que ver con la reconstrucción, como todos lo saben”, afirmó.
El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo haya vinculado los recursos para las zonas afectadas por emergencias con una reforma económica y tributaria de largo alcance. A su juicio, el financiamiento de la reconstrucción habría conseguido un respaldo transversal si se hubiera presentado por separado.
“Esto va a dejar al Estado de Chile con las manos amarradas para hacer todo aquello que nos ha llevado al desarrollo, tener un Estado presente, con los fondos necesarios para concurrir a la emergencia, tener un sistema de salud pública robusto, ciencia, Conaf y protección del medioambiente”, señaló Winter.
El diputado también rechazó la premisa de que la llegada de mayores inversiones se traduzca automáticamente en mejores condiciones de vida y mayores capacidades territoriales. “La inversión de plata en un país no necesariamente genera desarrollo si no hay un Estado que convierta esa plata en desarrollo”, afirmó.
Winter cuestionó especialmente la norma que permite indemnizar a inversionistas cuando decisiones judiciales dejan sin efecto autorizaciones ambientales. Según el legislador, esa disposición podría reducir la capacidad del Estado para exigir el cumplimiento de la regulación ambiental a grandes proyectos nacionales y extranjeros.
Ramírez defiende la legitimidad de la reforma
Desde el oficialismo, Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, sostuvo que los resultados futuros de la reforma terminarán por validar la estrategia económica del Gobierno.
El parlamentario acusó a la oposición de haber intentado retrasar el proyecto mediante la presentación de más de mil indicaciones durante su primer trámite y cuestionó que los sectores opositores no lograran construir una posición común para negociar con el Ejecutivo. “El Gobierno necesita un interlocutor en la izquierda, y pareciera que no lo hay”, afirmó Ramírez.
El diputado llamó a los sectores de centroizquierda dispuestos a alcanzar acuerdos a tomar distancia de las posiciones que, a juicio del oficialismo, buscan bloquear las reformas del Ejecutivo.
“Invitamos a aquellos que ponen a Chile primero, y no los intereses partidistas o de su sector, a que se acerquen para ser interlocutores de una izquierda moderada, democrática y razonable”, manifestó.
Ramírez advirtió que la falta de acuerdos podría repetirse en los próximos proyectos del Gobierno. “Este Gobierno recién comienza, habrá muchas reformas potentes y es necesario que alguien en la izquierda se atreva a dar un paso adelante para conversar y llegar a buenos acuerdos por Chile”, señaló.
El Tribunal Constitucional abre otro frente
La Comisión Mixta no será el único trámite pendiente. Diputados de oposición formularon reservas de constitucionalidad respecto de doce artículos del proyecto, específicamente los artículos 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29 y 39.
Las reservas no implican que el Tribunal Constitucional revise automáticamente todas esas disposiciones. Los parlamentarios deberán presentar los requerimientos correspondientes y el organismo deberá pronunciarse primero sobre su admisibilidad.
En paralelo, 21 senadores de oposición ingresaron un requerimiento contra los artículos 29 y 38, relacionados con la invariabilidad tributaria. Los parlamentarios sostienen que la norma limitaría la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar la legislación tributaria durante periodos de hasta veinte años.
La ofensiva había sido anticipada durante las primeras etapas del debate, cuando la bancada socialista anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para objetar la entrega de estabilidad tributaria de largo plazo a grandes inversiones.
El Gobierno también evalúa presentar vetos presidenciales respecto del derecho al olvido financiero, las garantías para el pago a 30 días a las pymes, la restitución de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes y la prohibición del anatocismo, práctica que permite aplicar intereses sobre intereses.
El balance de la jornada es favorable para La Moneda, pero todavía incompleto. El Ejecutivo consiguió ratificar 27 de las 28 normas revisadas y mantuvo intacto el núcleo económico de su reforma. Sin embargo, no logró cerrar su tramitación ni evitar que el desenlace se traslade a agosto.
La megarreforma quedó a un paso de convertirse en ley, pero su aprobación definitiva dependerá de la fórmula que alcance la Comisión Mixta, de los eventuales vetos del Presidente y de las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional.
