La parlamentaria cuestionó la posibilidad de que el Gobierno insista en el Senado con la reforma rechazada por la Cámara y calificó como una “tozudez” extender los períodos de detención para ejecutar expulsiones administrativas
La diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó la intención de reponer en el Senado la reforma constitucional que amplía los plazos de detención de extranjeros sujetos a procesos de expulsión administrativa. La iniciativa fue rechazada esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados por apenas un voto.
El proyecto obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un respaldo de los 89 necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos. La propuesta elevaba de cinco a 30 días corridos el período de detención y permitía prorrogarlo hasta tres veces, previa autorización judicial, lo que podía extender la privación de libertad hasta un máximo de 120 días.
Tras el resultado, distintos sectores han planteado que el Ejecutivo utilice la posibilidad de insistir en el Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, llamó a abrir una negociación política que permita modificar los puntos que dificultaron el respaldo de la iniciativa, luego de un resultado que dejó nuevamente en primer plano el debate sobre las herramientas para ejecutar expulsiones administrativas.
Capacidad efectiva del Estado
Para Nathalie Castillo, insistir con la reforma significa avanzar hacia una política que puede terminar asociando irregularidad migratoria con criminalidad y ampliar considerablemente los períodos en que una persona permanece privada de libertad pese a estar sometida a un procedimiento administrativo.
“Una cosa es enfrentar la migración irregular, controlar las fronteras y hacer cumplir la norma, y otra muy distinta es comenzar a tratar la migración como si fuera un sinónimo de delito y a las personas migrantes como sospechosas por el solo hecho de ser extranjeras”, sostuvo.
La diputada planteó además que el problema debe analizarse considerando la capacidad efectiva del Estado para concretar las medidas ya decretadas. El volumen de expulsiones pendientes ha sido uno de los principales nudos de la política migratoria durante este año y en abril el debate legislativo ya advertía sobre más de 46 mil procedimientos pendientes.
Según los antecedentes citados por Castillo, de 1.247 expulsiones ejecutadas, 53 superaron el plazo de cinco días, alrededor del 4% del total. A partir de esas cifras, cuestionó que la solución pase por modificar una garantía constitucional y extender significativamente el tiempo de detención.
“Estamos modificando una garantía constitucional y ampliando fuertemente la posibilidad de privar de libertad a personas donde tenemos cifras que llegan solamente al 4% de los casos”, afirmó.
El impacto sobre las familias
Otro de los reparos planteados por Castillo apunta a los efectos que períodos prolongados de detención podrían generar sobre niños y niñas cuando la persona sometida al procedimiento sea su madre o cuidadora principal.
“¿Quién se hace cargo de sus hijos mientras su madre permanece encerrada 30, 60, 90 o a lo mejor 120 días?”, cuestionó la parlamentaria.
La discusión ocurre además en un escenario donde la migración continúa cruzada por dificultades de integración. Una medición de Ipsos publicada durante este año mostró que 73% de los migrantes consultados declaró haber experimentado algún episodio de discriminación o xenofobia en Chile, un componente que Castillo considera relevante al analizar el tono de las políticas migratorias.
La diputada calificó finalmente como una “tozudez” insistir con la reforma y sostuvo que el Estado debe concentrar sus capacidades en ejecutar las expulsiones que correspondan, mejorar la coordinación institucional y fortalecer el control fronterizo, sin convertir la prolongación de las detenciones en el eje de la respuesta.
“Chile sí necesita ordenar fronteras, perseguir el tráfico de personas y ejecutar las expulsiones que correspondan, pero no podemos hacerlo instalando la idea de que la migración es una amenaza y que la respuesta frente a esa amenaza tiene que ser el encierro”, concluyó.
