La reforma constitucional obtuvo 88 votos a favor, uno menos de los 89 requeridos. Paulina Núñez pidió al Ejecutivo insistir en el Senado y abrir una negociación que permita destrabar una norma sobre expulsiones administrativas en Chile
Un voto separó al Gobierno de aprobar en la Cámara de Diputadas y Diputados una de las modificaciones con que buscaba ampliar las herramientas para ejecutar expulsiones administrativas. La reforma constitucional obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero requería 89 respaldos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.
La iniciativa, correspondiente al boletín 18.314-07, proponía elevar de cinco a 30 días corridos el plazo de detención destinado a materializar una expulsión administrativa. El texto contemplaba además la posibilidad de prorrogar la medida hasta tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al inicialmente decretado, previa autorización judicial y siempre que resultara estrictamente necesario para ejecutar la expulsión.
El rechazo en la Cámara de origen impide que el proyecto continúe por la vía ordinaria, pero no necesariamente cierra su tramitación. Como se trata de una iniciativa del Presidente de la República, la Constitución permite al Ejecutivo solicitar que el mensaje pase al Senado. Para reabrir el camino legislativo, la Cámara Alta tendría que aprobarlo en general por dos tercios de sus miembros presentes.
Un voto y una discusión que sigue abierta
La votación vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya venía ocupando parte de la agenda migratoria del Congreso. Durante este año, autoridades y parlamentarios han discutido el volumen de expulsiones pendientes y las dificultades operativas para materializarlas, incluyendo tiempos de tramitación, documentación, coordinación consular y disponibilidad de transporte.
La propuesta del Ejecutivo buscaba precisamente ampliar el tiempo disponible entre la detención de una persona con orden de expulsión y la ejecución efectiva de esa medida. Sus impulsores sostienen que el límite actual puede resultar insuficiente cuando deben resolverse procedimientos administrativos, documentación o coordinaciones con los países de destino. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió después de la votación la necesidad de contar con una herramienta adicional para ejecutar estas órdenes.
Los parlamentarios contrarios al proyecto plantearon una lectura distinta. Durante el debate, diputados de oposición cuestionaron que extender la privación de libertad resolviera problemas como la obtención de documentos de viaje, la coordinación consular o el transporte, y advirtieron reparos jurídicos y humanitarios sobre la ampliación de los plazos.
La discusión también se cruza con la capacidad material del Estado para sostener una política de expulsiones en el tiempo. Los primeros operativos desarrollados por la actual administración ya habían instalado interrogantes sobre la escala, costos y continuidad que necesita una política de expulsiones para mantener resultados, más allá de la modificación de los plazos legales.
Núñez pide llevar la negociación al Senado
Un día después de la votación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó al Ejecutivo a utilizar la posibilidad constitucional de continuar la tramitación en la Cámara Alta. La senadora formuló el planteamiento durante el seminario “Migración y política” de la Universidad Diego Portales, donde participó junto a la exministra del Interior Carolina Tohá.
Núñez sostuvo que el Gobierno debería insistir, pero abriendo una negociación capaz de reunir una mayoría más amplia. “Hay que insistir con una cuestión que concite un consenso”, señaló la presidenta del Senado, quien planteó que el texto deberá incorporar modificaciones si eso permite alcanzar los votos necesarios.
Su propuesta apunta también a evitar que los 30 días se conviertan en el único punto sobre el que gire la negociación. Núñez planteó que el plazo puede formar parte de la conversación política si una fórmula diferente permite construir un acuerdo, poniendo el énfasis en conseguir una norma que entregue al Estado una vía efectiva para materializar expulsiones dentro del marco legal.
La apertura planteada desde la presidencia del Senado no significa que el proyecto tenga asegurado un nuevo trámite. El artículo 68 de la Constitución establece que, luego de ser rechazado en general por su Cámara de origen, corresponde al Presidente solicitar que el mensaje pase a la otra rama del Congreso. Allí necesitará dos tercios de los senadores presentes para volver a la Cámara.
Si el Senado reúne ese quórum, el proyecto retornaría a la Cámara de Diputadas y Diputados. En esa segunda instancia solo podría volver a ser desechado si los dos tercios de sus miembros presentes votaran por rechazarlo. Es decir, la decisión que adopte ahora el Ejecutivo puede modificar de manera importante el escenario parlamentario de la reforma.
El debate pasa de la Cámara al Gobierno
El resultado de 88 votos frente a los 89 necesarios deja al Ejecutivo ante dos decisiones relacionadas. La primera es si utilizará la herramienta constitucional para llevar el proyecto al Senado. La segunda será definir cuánto del texto aprobado en comisión está dispuesto a modificar para construir los dos tercios que requiere esa operación.
Paulina Núñez planteó que el Gobierno debe actuar con “realismo legislativo” y revisar los puntos que impidieron alcanzar una mayoría suficiente en la Cámara. Su llamado traslada ahora parte de la definición a La Moneda: mantener la fórmula de hasta 30 días y sus prórrogas o abrir una negociación sobre los plazos y garantías que acompañarán el procedimiento.
La discusión, por tanto, no terminó con el voto 88. La Cámara rechazó la fórmula presentada, mientras quienes se opusieron mantienen reparos respecto de la extensión de la detención y quienes respaldan la reforma consideran que el Estado necesita más tiempo para ejecutar las órdenes pendientes. El próximo movimiento dependerá del Ejecutivo y, si decide insistir, de su capacidad para construir en el Senado una mayoría de dos tercios.
