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Poder y Liderazgo
Congreso

Senador Pedro Araya: “El acuerdo con el Gobierno se cayó”

Redacción10 de julio de 2026Actualizado:13 de julio de 2026
Pedro Araya, Senador por la Región de Antofagasta
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El legislador PPD acusó al Ejecutivo de modificar sin aviso una condición central del entendimiento sobre invariabilidad tributaria y afirmó que no está disponible para apoyar una reforma donde no se respete la palabra empeñada


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El senador Pedro Araya dio por caído el acuerdo alcanzado entre parlamentarios del PPD y el Gobierno sobre la invariabilidad tributaria contemplada en la megarreforma. En declaraciones a Poderyliderazgo.cl, el legislador acusó al Ejecutivo de alterar unilateralmente una de las bases sobre las cuales se construyó la negociación.

La controversia se abrió luego de que Hacienda ingresara una indicación para reducir el Impuesto de Primera Categoría desde el 27% actual hasta el 22%, un punto menos que la tasa del 23% considerada durante las conversaciones con los senadores del PPD. La propuesta fue presentada después de que ambas partes anunciaran públicamente un acuerdo que incorporaba gran parte de las modificaciones planteadas por los parlamentarios.

“El acuerdo al que llegamos con el Gobierno en la megarreforma por el tema de la invariabilidad tributaria se cayó”, afirmó Araya, quien explicó que el entendimiento no se limitaba a establecer una sobretasa para las empresas que solicitaran ese beneficio, sino que descansaba sobre una tasa corporativa previamente definida.


Una fórmula construida sobre el 23%

El entendimiento anunciado entre Hacienda y los senadores del PPD contemplaba reemplazar la propuesta original de invariabilidad por un sistema gradual, asociado al tamaño de las inversiones. También incorporaba una tasa adicional de 1,5 puntos porcentuales para las compañías que optaran por acogerse al régimen.

Araya sostuvo que la combinación de ambos componentes había sido determinante para aceptar la fórmula. “Ese acuerdo se construyó sobre una serie de supuestos, y uno de esos pilares era que las empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad iban a pagar el 23% de impuesto corporativo que proponía el Gobierno, más un 1,5 como tasa, de forma tal que terminaban pagando el 24,5%”, explicó.

Con la reducción del impuesto corporativo al 22%, la carga para las empresas acogidas a invariabilidad habría descendido al 23,5%. Para el senador, la modificación no representaba un ajuste secundario, sino un cambio sustantivo respecto de las condiciones que permitieron cerrar el pacto.

“El Gobierno, sin comentar nada, hoy ha decidido que ese impuesto se baja al 22%”, cuestionó Araya. La indicación provocó también reparos de los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal, quienes acusaron al Ejecutivo de desconocer el entendimiento alcanzado y de afectar la buena fe con que se desarrollaron las conversaciones.


“No respetaron la palabra empeñada”

El impacto político de la diferencia superó la discusión sobre un punto porcentual. Los parlamentarios del PPD habían defendido el acuerdo ante su partido y frente al resto de la oposición, pese a las críticas recibidas por negociar separadamente con el Gobierno una de las normas más controvertidas de la megarreforma.

Araya afirmó que la decisión de Hacienda eliminó las condiciones necesarias para mantener su respaldo. “No estoy en condiciones de apoyar una reforma de este tipo, donde el Gobierno no es capaz de respetar la palabra empeñada en una negociación”, señaló.

El senador advirtió, además, que el episodio afectó la posibilidad de construir nuevos entendimientos durante la tramitación. “Lo que ha hecho el Gobierno es dinamitar las confianzas para seguir avanzando en conversaciones que permitan apoyar ciertos puntos de la megarreforma”, sostuvo.


Araya pone distancia de una ofensiva inmediata ante el TC

Pese a dar por caído el acuerdo con el Ejecutivo, Araya manifestó reparos frente a la posibilidad de utilizar el Tribunal Constitucional como una herramienta dentro de la negociación política. Consultado sobre si los senadores del PPD concurrirán a esa instancia, sostuvo que una decisión de esa naturaleza solo puede evaluarse una vez conocido el texto definitivo aprobado por el Congreso.

“Respecto del TC, yo tengo un punto que es más bien de tipo doctrinario, porque creo que el Tribunal Constitucional es un organismo llamado a resolver conflictos de carácter constitucional. No puede ser una herramienta de presión en la negociación política”, afirmó.

El senador agregó que resulta difícil definir una eventual presentación mientras la megarreforma continúe su tramitación y todavía pueda sufrir modificaciones. “En ese sentido, es difícil que uno tome una decisión de ir al TC si no sabe cuál es el texto final que va a salir del Congreso”, explicó.

Araya también advirtió sobre las consecuencias de trasladar al tribunal diferencias que corresponden al debate político y legislativo. “Veo complejo que se instale que el TC es una instancia para resolver discusiones de carácter político. Tenemos que tener claro que esto va a tener un efecto búmeran”, señaló.

Su posición marca una diferencia respecto de sectores de la oposición que ya anunciaron una eventual ofensiva ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria. Araya no descarta revisar la constitucionalidad del texto final, pero rechaza anticipar esa definición como mecanismo de presión durante la negociación parlamentaria.


Quiroz retira la indicación

Tras las críticas de los senadores del PPD, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró la indicación que reducía el impuesto corporativo al 22% y confirmó que el Ejecutivo mantendría la tasa del 23% incluida originalmente en la megarreforma.

“Ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo”, afirmó el ministro durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Quiroz sostuvo que la decisión buscaba “honrar” el entendimiento alcanzado con Araya, Celis y Carvajal.

El retroceso eliminó formalmente el cambio que originó el conflicto, aunque no despejó inmediatamente el daño político denunciado por Araya. La diferencia ya no se encuentra únicamente en la tasa que pagarán las empresas, sino también en la confianza de los parlamentarios que negociaron con el Ejecutivo y luego acusaron que las condiciones fueron modificadas sin aviso.


 

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