El pacto con Hacienda reduce los plazos del beneficio, crea tramos por inversión y suma una sobretasa. Mientras el PPD frena su camino al TC, el PS y el Frente Amplio mantienen sus críticas
La invariabilidad tributaria profundizó el quiebre en la oposición y le dio aire al Gobierno en la recta final de la megarreforma. La bancada de senadores del PPD alcanzó un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para modificar uno de los puntos más sensibles del proyecto de Reconstrucción Nacional.
El pacto cambia sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo, que contemplaba una invariabilidad plana por 25 años para grandes inversiones. Según lo informado tras la reunión, el Gobierno acogió cerca del 90% de la contrapropuesta del PPD, destrabando uno de los capítulos más complejos de la iniciativa y frenando, por parte de ese comité, la advertencia de recurrir al Tribunal Constitucional.
La señal política es tan relevante como el contenido técnico. Mientras sectores del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista mantienen reparos de fondo, el PPD optó por capitalizar una negociación que reduce plazos, introduce tramos por monto de inversión y suma una prima adicional para las empresas que quieran acogerse al régimen. La jugada impacta directamente en la ofensiva que la oposición venía preparando tras la aprobación en general del proyecto de Reconstrucción Nacional.
El acuerdo que modifica la propuesta original
El corazón del acuerdo está en terminar con la fórmula de 25 años fijos. La nueva propuesta establece un sistema escalonado, vinculado al tamaño de la inversión, con tres niveles principales.
Para proyectos de inversión de hasta US$100 millones, la invariabilidad tributaria será de 10 años. Para iniciativas de hasta US$350 millones, el beneficio podrá extenderse hasta 15 años. El plazo máximo de 25 años quedará reservado exclusivamente para inversiones superiores a US$500 millones.
El acuerdo también incorpora una sobretasa permanente de 1,5 puntos como prima de entrada para las empresas que opten por acogerse al régimen. Además, mantiene el pago del royalty minero, punto sensible para las comunas que reciben recursos asociados a esa recaudación.
| Punto en discusión | Propuesta original | Acuerdo Gobierno PPD |
|---|---|---|
| Plazo general | 25 años | 10 años hasta US$100 millones |
| Tramo intermedio | Sin diferenciación central | 15 años hasta US$350 millones |
| Plazo máximo | 25 años desde US$50 millones | 25 años solo sobre US$500 millones |
| Costo adicional | Sin prima destacada | Sobretasa de 1,5 puntos |
| Royalty minero | Materia bajo tensión política | Se mantiene su pago |
| Tribunal Constitucional | Amenaza opositora abierta | PPD frena ofensiva por este punto |
El senador Ricardo Celis, jefe de la bancada PPD, defendió el acuerdo y sostuvo que la propuesta final es muy distinta a la que había ingresado originalmente el Gobierno. “Esta es una propuesta totalmente distinta a la que estaba originalmente. El Gobierno ha agregado además que aquí no está exento el royalty, por lo tanto, la gran minería tendrá un beneficio secundario para la repartición de fondos a las distintas comunas del país”, explicó.
PS insiste en ir al Tribunal Constitucional
El efecto inmediato del acuerdo está en el flanco constitucional. El PPD tomó distancia de la ofensiva socialista ante el Tribunal Constitucional, que buscaba cuestionar uno de los aspectos más sensibles de la megarreforma. Sin embargo, el acuerdo no logró contener la postura del Partido Socialista.
El diputado Nelson Venegas, jefe subrogante de la bancada PS, reafirmó que su colectividad mantiene la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. “Nosotros estamos convencidos de que esta es una mala reforma para Chile. Y no solo es mala, sino que también tiene varias partes inconstitucionales. Por eso el día lunes tomamos consciente y unánimemente la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional”, sostuvo.
El parlamentario agregó que el PS buscará sumar respaldo del resto de la oposición, especialmente tras las declaraciones del PPD. “Nosotros, a diferencia de ellos, consideramos que hay vicios de constitucionalidad y por lo tanto reafirmamos y ratificamos nuestra posición”, afirmó.
Venegas planteó que la reunión convocada con partidos opositores será clave para intentar recomponer una postura común. “Esperamos que, cuando se junten el resto de los partidos de oposición y sus respectivas jefaturas de bancada, tanto de senadores como de diputados, lleguemos a una unidad respecto de lo que tenemos que hacer para afrontar una pésima reforma para Chile, además de inconstitucional”, señaló.
Frente Amplio endurece críticas
La reacción del Frente Amplio también fue dura. El senador Diego Ibáñez cuestionó que incluso el nuevo diseño mantenga un plazo de 25 años para inversiones superiores a US$500 millones, monto que calificó como bajo para acceder a un beneficio de esa magnitud. También apuntó contra la sobretasa acordada, señalando que no corrige el problema tributario de fondo.
“Cuando hablamos de una tasa preferencial del 1,5 por sobre tasa corporativa, significa que se le va a cobrar a esas empresas un 24,5%, cuando hoy tributan 27%, que es la tasa de impuesto corporativo. Una vergüenza”, afirmó Diego Ibáñez, quien llamó a la oposición a mantener una postura común frente al proyecto.
El senador frenteamplista agregó que “la mejor garantía de estabilidad para el país es un acuerdo transversal que sea sostenible en el tiempo” y sostuvo que el progresismo debe actuar unido ante una reforma que, a su juicio, concentra beneficios en grandes empresas y no asegura creación de empleo.
Ibáñez adelantó que el Frente Amplio estudiará la nueva propuesta, aunque marcó una evaluación inicial negativa. “Creemos que es una propuesta decadente, una propuesta que no garantiza crecimiento ni creación de empleo, que es lo que nos importa a largo plazo”, planteó.
Beatriz Sánchez lamenta decisión del PPD
La senadora Beatriz Sánchez puso el foco en la contradicción fiscal que, a juicio del Frente Amplio, cruza toda la discusión. La parlamentaria recordó que el Gobierno pidió autorización para elevar el endeudamiento, mientras empuja una reforma que reduce la carga tributaria de grandes contribuyentes.
“¿Cómo se le presenta al país que haya una solicitud de endeudamiento de US$26.000 millones cuando al mismo tiempo estamos votando una reforma que rebaja, según varios cálculos, entre US$4.000 millones y US$5.000 millones los impuestos a los más ricos?”, cuestionó Beatriz Sánchez.
La senadora fue explícita al abordar el acuerdo alcanzado por el PPD con Hacienda. “Yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz. Esto no detiene la reunión que se sigue sosteniendo mañana, y lo hacemos como oposición, porque lo venimos conversando con abogados constitucionalistas hace bastante tiempo”, sostuvo.
Sánchez afirmó que el bloque opositor seguirá evaluando acudir al Tribunal Constitucional, pese al acuerdo sellado por el PPD. “Vamos a levantar la mejor propuesta para llevar al Tribunal Constitucional, porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”, señaló.
Consultada por si la decisión del PPD representa una ruptura opositora, evitó dar por cerrado ese diagnóstico, pero marcó distancia. “La oposición evidentemente existe. Yo no voy a adelantar juicios. Solo digo que lamento este camino que toma el PPD. Cada partido es libre de tomar sus decisiones, pero lamento que un partido haya llegado a un acuerdo en una muy mala reforma para Chile con el ministro Quiroz”, afirmó.
Persisten flancos abiertos
El acuerdo por invariabilidad tributaria no despeja completamente el camino de la megarreforma. Todavía persisten discrepancias en artículos vinculados a normas medioambientales, especialmente en el articulado que busca indemnizar a empresas cuyos proyectos sufran reveses judiciales.
Ese punto mantiene viva la reserva de constitucionalidad de otros sectores opositores. La diferencia es que el Gobierno consiguió mover una pieza central: sacó al PPD de la primera línea del cuestionamiento constitucional por invariabilidad tributaria y debilitó la imagen de una oposición completamente alineada frente al TC.
La votación clave está prevista para el 15 de julio, fecha fijada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para despachar la megarreforma. El desenlace legislativo llegará después de semanas marcadas por negociaciones cruzadas, críticas al diseño fiscal, reparos ambientales y diferencias sobre los efectos del proyecto en inversión, empleo y recaudación, en una tramitación que ya venía tensionada por la agenda de votación definida en el Senado.
Gobierno gana aire antes de la votación clave
Para el Gobierno, el acuerdo permite conservar el instrumento más sensible de la reforma y reducir uno de sus riesgos políticos mayores. La invariabilidad tributaria sigue dentro del proyecto, pero ahora bajo una fórmula escalonada, con plazos más acotados para inversiones menores, una prima adicional y condiciones más exigentes para acceder al tramo máximo.
Para el PPD, el pacto tiene doble lectura. Le permite exhibir cambios concretos al texto original, pero también lo expone a la crítica de haber desactivado una parte importante de la presión constitucional contra el Gobierno. Para el PS y el Frente Amplio, en cambio, la reforma sigue siendo fiscalmente riesgosa, regresiva e insuficiente para asegurar crecimiento y empleo.
La discusión que viene ya no será solo tributaria. El punto de fondo será si la nueva fórmula logra equilibrar certeza para la inversión con resguardos políticos, fiscales, ambientales y territoriales suficientes. Por ahora, el acuerdo ya produjo su primer efecto: cambió el eje del debate y profundizó el quiebre opositor frente a una de las reformas más relevantes del calendario legislativo.
