El presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuestionó las rebajas de penas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y exigió eliminar la Ley 19.856. La iniciativa reúne apoyos políticos transversales y respaldo del Ejecutivo
La rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad continúa generando consecuencias políticas. El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, cuestionó duramente al Ministerio de Justicia y exigió derogar completamente la Ley 19.856, que permite descontar tiempo de cárcel por comportamiento sobresaliente. Su propuesta busca terminar con este mecanismo para todos los condenados, independientemente del delito cometido.
La controversia involucra al ministro Fernando Rabat, cuya cartera autorizó rebajas para 29 condenados por violación y 27 por abuso sexual contra menores. El secretario de Estado defendió las resoluciones argumentando que respondían a criterios establecidos por la Corte Suprema. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que su ministerio también rechazó solicitudes similares y consiguió que tribunales respaldaran algunas de esas decisiones.
Para Bianchi, lo ocurrido contradice los compromisos del Ejecutivo en materia de seguridad. “Lo del Ministerio de Justicia es un escándalo, es una vergüenza nacional y contradice todos los principios que habían impartido en la campaña. Y tendrán que haber responsables”, afirmó el parlamentario, quien considera que la crisis debe terminar con una modificación profunda del sistema de rebajas de penas.
“La justicia no hay que interpretarla, hay que impartirla”
La molestia del senador no se limita a las decisiones administrativas de Justicia. También cuestiona la respuesta del Congreso y la permanencia de una legislación que permite reducir condenas cuando los internos reciben una calificación sobresaliente durante su reclusión.
“Pero a veces las crisis nos permiten el poder buscar una solución que de otra forma no hubiese movilizado a los parlamentarios, que a veces muchos son tan delicados para movilizarse, a los jueces y al propio Ministerio de Justicia que ha hecho el ridículo en esto”, sostuvo Bianchi.
El parlamentario impulsa junto con Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Partido Republicano), Pedro Araya (PPD) e Iván Flores (DC) una iniciativa para eliminar íntegramente la Ley 19.856. El grupo reúne representantes de distintos sectores políticos y busca impedir que el buen comportamiento penitenciario permita descontar parte de una sentencia judicial.
Bianchi rechazó que la solución consista únicamente en aclarar las exclusiones legales: “Nada de interpretación, la justicia no hay que interpretarla, hay que impartirla y si alguien comete un delito, bueno, que pague por ese delito hasta el último día en la cárcel”.
Una ley que permite reducir años de condena
La Ley 19.856, vigente desde 2003, establece un descuento de dos meses de condena por cada año de cumplimiento efectivo cuando existe comportamiento sobresaliente. A partir de la mitad de la pena, la rebaja aumenta a tres meses anuales. La evaluación considera antecedentes de conducta, trabajo, estudios y rehabilitación durante el encierro.
Una reforma de 2022 excluyó del beneficio a responsables de determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, las diferencias jurídicas sobre su aplicación a hechos anteriores permitieron que continuaran concediéndose rebajas, lo que terminó enfrentando al Ministerio de Justicia con parlamentarios y especialistas que cuestionaron la interpretación utilizada.
Bianchi también puso en duda que la conducta observada dentro de la cárcel permita anticipar el comportamiento de una persona después de recuperar su libertad. “Nada garantiza el buen comportamiento, ni meterse en ninguna iglesia dentro de la cárcel, el que después no vayas a volver a delinquir”, señaló.
La iniciativa parlamentaria propone eliminar las reducciones contempladas en esta ley, pero no suprime la libertad condicional, los permisos de salida ni otros mecanismos penitenciarios regulados por normas diferentes. Sus autores argumentan que el actual sistema permite terminar anticipadamente una condena sin establecer supervisión durante el período descontado.
Bianchi exige terminar con las rebajas para todos los condenados
La posición del senador va más allá de los delitos sexuales que originaron la crisis. Su planteamiento considera eliminar el beneficio para cualquier persona condenada que actualmente pueda acceder a las reducciones establecidas en la Ley 19.856.
“Ningún beneficio. No solo para los pedófilos, para quienes cometen abusos o delitos sexuales contra menores. Para todos. Nadie con beneficio. Se deroga la ley”, enfatizó Bianchi, quien también llamó a los parlamentarios a respaldar la iniciativa durante su tramitación.
El Gobierno de José Antonio Kast comprometió respaldo al proyecto y anunció que impulsará su discusión inmediata. La propuesta abre un debate que involucra el cumplimiento efectivo de las sentencias, la responsabilidad de las autoridades que autorizaron las rebajas y el papel que deben cumplir los mecanismos de reinserción social.
Mientras el Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos por las resoluciones concedidas, el Congreso deberá definir si elimina completamente el descuento por comportamiento sobresaliente o mantiene algún mecanismo de reducción sometido a mayores controles.
Para Bianchi, la respuesta debe ser la derogación total de la normativa, una decisión que requerirá reunir los votos necesarios para modificar un sistema vigente por más de dos décadas.
