Luego de una negociación fallida, los camioneros mantienen las movilizaciones y el Gobierno advierte que podría despejar las rutas. La presidenta del Senado exige escuchar a los pequeños transportistas e impulsa una salida legislativa, mientras crece la preocupación por el impacto económico en las regiones
En el Puerto de Iquique, los camiones de carga no podían ingresar ni salir con normalidad. En la Ruta 5 y los accesos a Santiago, transportistas ocupaban pistas y alteraban la circulación, mientras en las regiones agrícolas comenzaba una temporada de exportaciones que depende de cada hora de traslado.
El paro de camioneros dejó de ser una disputa sobre el precio del combustible para convertirse en un conflicto que amenaza el funcionamiento de distintas actividades productivas del país.
La reunión del martes entre los dirigentes movilizados y representantes del Gobierno terminó sin acuerdo. Los transportistas llegaron con tres exigencias: modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), eliminar o suspender el impuesto específico y revisar los contratos de las autopistas concesionadas.
El Ejecutivo pidió levantar la paralización mientras avanzaban las conversaciones, pero la respuesta fue negativa. Andrés Alarcón, vocero de No Más TAG, abandonó el encuentro con una conclusión categórica: “En ningún punto se logra avanzar”.
La tensión llegó también al Congreso. Mientras La Moneda advertía sobre la posibilidad de intervenir para despejar las carreteras, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó la falta de soluciones para los pequeños propietarios de camiones. “No le podemos seguir pidiendo a quienes han soportado el peso durante mucho tiempo que piensen en el país. Aquí lo que tenemos que hacer es responderle a ellos también, acercar posiciones”, sostuvo la parlamentaria.
La presión política llega desde el propio oficialismo
El emplazamiento de Núñez abrió una diferencia de énfasis dentro del oficialismo. El Gobierno del presidente José Antonio Kast busca contener las alzas del combustible y garantizar la circulación por las carreteras, mientras la presidenta del Senado exige una respuesta que permita a los transportistas sostener sus negocios.
“La única manera de evitar que el paro siga es escuchando a la otra parte, y esa es una obligación del ejecutivo. El que esté de turno, porque este no es ni el primero ni va a ser el último paro de los camioneros”, afirmó.
La parlamentaria participó en la presentación de un proyecto que modifica el Código de Comercio para regular la contratación de servicios de transporte de carga. La iniciativa, ingresada el 6 de noviembre y respaldada por Camila Flores (RN), Gastón Saavedra (PS), Enrique van Rysselberghe (UDI) y Loreto Carvajal (PPD), establece tarifas acordadas antes de cada viaje, pagos en un máximo de 30 días y compensaciones por tiempos de espera superiores a los convenidos.
El texto busca corregir condiciones que afectan especialmente a quienes trabajan con uno o pocos camiones y deben financiar sus operaciones antes de recibir el pago correspondiente.
“Hemos recogido la inquietud, lo hemos llevado a lo que a nosotros nos compete, que es un proyecto de ley. Vamos a avanzar en este proyecto de ley”, aseguró Núñez, quien también manifestó su disposición a intervenir para acercar a los transportistas con el Ejecutivo.
La presidenta del Senado fue más allá al advertir sobre el impacto laboral de una paralización prolongada: “El país no aguanta un paro de camioneros. Esto puede perjudicar, evidentemente, a quienes hoy trabajan en torno a esta actividad, que ustedes comprenderán que con el alto desempleo que tenemos no nos podemos dar el lujo de perder trabajo”.
El problema tampoco encuentra una posición común dentro de las organizaciones del transporte. Mientras Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur respaldan las movilizaciones, las grandes confederaciones nacionales optaron por no adherir. Esa división deja frente al Gobierno a pequeños empresarios que reclaman por los costos del diésel, los peajes y las tarifas de los fletes, pero también cuestionan la capacidad de los dirigentes tradicionales para representar sus intereses.
Una crisis que recorre las regiones y amenaza las exportaciones
En Tarapacá, el movimiento de carga hacia el puerto de Iquique quedó restringido, mientras los transportistas mantenían presencia en rutas estratégicas para la actividad económica regional. Más al sur, las manifestaciones alcanzaron conexiones utilizadas por la minería, la industria forestal y la agricultura.
La Ruta 5, eje central del transporte terrestre chileno, se convirtió en uno de los principales escenarios de una movilización que afecta tanto a las grandes empresas como a productores que dependen de entregas regulares.
En las regiones del centro y sur, la preocupación creció por la coincidencia del paro con el inicio de la temporada de exportación de cerezas. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), advirtió sobre las consecuencias de interrumpir la cadena logística de un producto que necesita llegar rápidamente a los centros de enfriamiento y embarque. “Por cada hora que nos demoramos en enfriar la cereza es un día menos de postcosecha”, señaló el dirigente agrícola.
El conflicto coloca frente a frente a sectores que comparten dificultades económicas. Los transportistas reclaman que los costos operacionales aumentan sin que los fletes necesariamente se reajusten en la misma proporción, mientras agricultores, exportadores y empresas regionales advierten sobre las pérdidas que pueden provocar los retrasos.
Desde Frutas de Chile, su presidente, Iván Marambio, cuestionó los bloqueos de carreteras y alertó sobre el riesgo que enfrentan las exportaciones al comenzar los envíos de fruta hacia los mercados internacionales.
La crisis también dejó al descubierto una discusión que antecede al actual aumento de los combustibles. En San Antonio, los pequeños camioneros comenzaron sus movilizaciones a fines de octubre, reclamando por las tarifas que reciben de las empresas generadoras de carga y los costos asociados al traslado de contenedores.
Un mismo transportista puede asumir combustible, peajes, mantenimiento y horas de espera antes de cobrar el servicio. Por eso, la iniciativa del Senado apunta a las condiciones de contratación, aunque no resuelve directamente las exigencias sobre el MEPCO y el impuesto específico.
Entre la advertencia del Gobierno y una salida aún incierta
Desde La Moneda, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que las conversaciones continuarán, pero advirtió que el Ejecutivo utilizará sus facultades legales para garantizar el tránsito. “El gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden”, sostuvo. El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, tampoco descartó recurrir a la Ley de Seguridad del Estado ante eventuales bloqueos.
Mientras tanto, el Gobierno propone limitar las próximas alzas de los combustibles a $20 por litro durante 90 días, medida que los dirigentes movilizados consideran insuficiente. Alarcón fue categórico al responder a la propuesta: “Mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban”.
Con una nueva reunión fijada para el jueves 12 de noviembre, el Ejecutivo enfrenta la presión de los camioneros para reducir sus costos, las exigencias de los sectores productivos para mantener las carreteras abiertas y el llamado de la presidenta del Senado a acelerar una respuesta legislativa.
Núñez anunció que avanzará incluso si el Gobierno no concede urgencia a la iniciativa. “Ojalá que tuviera urgencia del ejecutivo, pero si no la tienen, tenemos un apoyo transversal para avanzar en esta iniciativa”.
