CUT Cachapoal, ANEF, profesores, estudiantes y funcionarios públicos respaldaron la movilización nacional del 1 de octubre y advirtieron que eventuales recortes podrían afectar programas educativos, dotaciones estatales y la capacidad de los servicios públicos en regiones chilenas
La discusión del Presupuesto 2027 llegará este jueves a O’Higgins acompañada de movilizaciones. Organizaciones sindicales, estudiantiles y de funcionarios públicos de la región anunciaron su adhesión al paro nacional del 1 de octubre, con la educación pública como uno de los principales focos de la convocatoria.
El pronunciamiento reúne a la CUT Provincial Cachapoal, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile Regional O’Higgins, la Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins (FEUOH), ANEF O’Higgins y APROJUNJI. Las organizaciones cuestionan la posibilidad de reducir recursos destinados a programas educacionales y servicios públicos durante la elaboración del próximo presupuesto.
La movilización ocurre mientras el debate por los recursos fiscales también suma cuestionamientos desde los territorios. Días atrás, gobernadores regionales plantearon reparos a las cifras utilizadas para definir el reajuste presupuestario de 2027, abriendo otro frente respecto de los efectos que las restricciones fiscales pueden tener sobre la capacidad de inversión pública en regiones.
Educación concentra las principales alertas
El Programa de Alimentación Escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca Vocación de Profesor y el Programa de Reinserción Escolar aparecen entre las iniciativas mencionadas por las organizaciones de O’Higgins. Según el comunicado, existiría riesgo de que algunos de estos programas sean recortados o descontinuados en el marco de las decisiones presupuestarias para 2027.
Los firmantes sostienen que una menor disponibilidad de recursos podría extender sus efectos más allá de cada programa específico, especialmente si termina impactando las dotaciones necesarias para mantener servicios públicos y la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía.
“No podemos permitir que este tipo de medidas se aprueben cuando se proyecta un bajo crecimiento económico que pone en riesgo el financiamiento de los programas y proyectos que dependen del presupuesto público”, señala la declaración.
La preocupación también alcanza a la situación laboral y a la presencia del Estado en los territorios. En O’Higgins, donde durante los últimos meses se han articulado iniciativas para reactivar el empleo mediante acuerdos entre Gobierno y empresas, las organizaciones plantean que el gasto público debe ser observado también por su incidencia sobre las dotaciones y la continuidad de los servicios.
“La educación no compite con la seguridad, el trabajo ni la salud: las complementa. Más y mejor educación significa más profesionales para los hospitales públicos, más herramientas para combatir la desigualdad y una base sólida para el desarrollo productivo de un país”, plantea el documento.
Reclamo por diálogo antes de definir los recursos
El comunicado incorpora además una crítica al proceso previo a la discusión presupuestaria. Las organizaciones sostienen que hasta ahora no se ha producido un diálogo directo entre el Ministerio de Educación y la Confech respecto de las definiciones que podrían afectar al sector.
El planteamiento apunta a que estudiantes, docentes, funcionarios y comunidades educativas sean considerados antes de cerrar decisiones sobre financiamiento. Los firmantes recuerdan, además, la controversia generada durante la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas como antecedente de los costos que, a su juicio, puede tener una elaboración de políticas sin suficiente participación de quienes serán afectados.
“Las comunidades educativas, sus estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias tienen derecho a ser escuchadas antes que se decidan los presupuestos que les competen”, sostienen.
La declaración amplía así la movilización desde una demanda estrictamente estudiantil hacia un reclamo que involucra a trabajadores, profesores y funcionarios públicos de O’Higgins. El mensaje común es que el ajuste de las cuentas fiscales no debiera trasladarse automáticamente hacia programas sociales o capacidades permanentes del Estado.
El Presupuesto 2027 entra en una fase decisiva
La movilización del 1 de octubre instalará la discusión presupuestaria también en las calles, mientras el debate político comienza a concentrarse en la distribución de los recursos para el próximo año. Educación será una de las áreas bajo mayor observación, tanto por los programas involucrados como por el número de comunidades que dependen directamente de ellos.
Para O’Higgins, la jornada permitirá medir además cuánto respaldo logra reunir una convocatoria que articula por primera vez en esta discusión a estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios regionales. Lo que ocurra después dependerá de las definiciones que adopte el Ejecutivo y del espacio que se abra para negociar las partidas antes de que el Presupuesto 2027 complete su tramitación.
