La Seremi de Vivienda revisó las Direcciones de Obras de 26 comunas de O’Higgins en dos años. Los procedimientos de permisos quedan bajo examen, aunque los resultados desagregados de las fiscalizaciones aún no fueron difundidos en detalle
Para una familia que espera construir su vivienda, un emprendedor que necesita habilitar un local o una empresa que proyecta invertir en una comuna, el paso por la Dirección de Obras Municipales puede determinar cuánto tiempo deberá esperar antes de comenzar su proyecto. En O’Higgins, la Seremi de Vivienda y Urbanismo fiscalizó los procedimientos de 26 municipios durante los últimos dos años, examinando cómo tramitan las solicitudes, cumplen los plazos legales y entregan información a quienes requieren autorizaciones.
El proceso concluyó su segunda etapa durante noviembre de 2026 y abarcó trece nuevas comunas: Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchigüe, Navidad, Olivar, Paredones, Peumo, Pichilemu, Placilla y Pumanque. La revisión se sumó a las trece municipalidades examinadas durante 2025, extendiendo el trabajo de supervisión a buena parte de las Direcciones de Obras de la región.
La fiscalización adquiere relevancia en un territorio donde conviven ciudades en crecimiento, comunas agrícolas, localidades costeras y sectores rurales con necesidades distintas de infraestructura. Las exigencias de los proyectos también cambian entre municipios, pero todos deben responder a una normativa común. La revisión busca establecer cómo funcionan esos procedimientos administrativos, aunque los antecedentes difundidos por el Ministerio de Vivienda no detallan todavía las observaciones identificadas en cada comuna.
El permiso que puede condicionar una inversión
Las Direcciones de Obras Municipales desempeñan un papel determinante en el desarrollo urbano. Entre sus funciones se encuentra revisar solicitudes de permisos de edificación, urbanización y loteo, además de fiscalizar el cumplimiento de la normativa correspondiente. La oportunidad de sus respuestas afecta la programación de proyectos, la contratación de servicios y las decisiones de inversión de familias, empresas e instituciones.
El Plan Anual de Fiscalización 2026 examinó los plazos de respuesta, la admisibilidad de los expedientes, el estado de las solicitudes y los antecedentes que los municipios deben mantener disponibles para la ciudadanía. El trabajo estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi, utilizando las facultades de supervigilancia que la legislación entrega al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La revisión también considera la información disponible en el Portal Único de Información, un aspecto relevante para quienes necesitan conocer el avance de sus trámites. Un expediente incompleto o una respuesta pendiente puede alterar los tiempos de un proyecto, pero el comunicado oficial no identifica qué municipios registraron dificultades específicas ni cuántas solicitudes fueron observadas. Esa información será necesaria para determinar el verdadero alcance de los resultados.
Trece comunas se incorporaron a la fiscalización de 2026
El programa de este año se concentró en municipios con características muy distintas. En el secano costero y las comunas rurales, las necesidades de desarrollo urbano se relacionan con vivienda, infraestructura comunitaria y actividad turística. En otras localidades, los permisos municipales también intervienen en proyectos comerciales, productivos y de expansión habitacional. La fiscalización busca aplicar estándares comunes a esa diversidad territorial.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, destacó que el propósito es mejorar la oportunidad y transparencia de los procedimientos. “Una tramitación ordenada y dentro de los plazos entrega mayor certeza a las familias, profesionales y proyectos que requieren una respuesta municipal”, señaló, al valorar el trabajo realizado por los equipos de supervisión.
La autoridad también vinculó el programa con la necesidad de fortalecer la gestión pública. “Esta fiscalización permite detectar oportunidades de mejora, orientar a las Direcciones de Obras y acompañar a los municipios en la implementación de procesos”, explicó Villegas. La revisión contempla mecanismos de seguimiento destinados a mejorar el cumplimiento de las exigencias legales y la trazabilidad de los expedientes.
El desafío pendiente: conocer los resultados por comuna
Con la finalización del programa 2026, 26 de las 33 municipalidades de O’Higgins quedaron comprendidas en el proceso de fiscalización desarrollado desde 2025. La cobertura representa un avance en la supervisión regional, pero conocer su efectividad requerirá revisar las observaciones emitidas, las medidas correctivas solicitadas y los plazos establecidos para resolver eventuales problemas administrativos.
El siguiente paso será determinar qué cambios concretos producirán estas revisiones en la atención de los usuarios. Para quienes esperan un permiso de construcción, la diferencia no estará únicamente en que su municipio reciba una fiscalización, sino en que los expedientes avancen dentro de los plazos legales y las decisiones sean oportunas y transparentes.
