Aunque el Gobierno propone aumentar los recursos del Ministerio Público, las restricciones operativas y el financiamiento de nuevas contrataciones generan reparos entre fiscales y parlamentarios, mientras crecen las interrogantes sobre la persecución del crimen organizado
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla mayores recursos para el Ministerio Público, pero incorpora restricciones que, según el fiscal nacional, Ángel Valencia, podrían comprometer la autonomía institucional y dificultar investigaciones vinculadas al crimen organizado. Los reparos alcanzan los gastos operativos, la disponibilidad de fondos para contratar nuevos fiscales y el financiamiento de unidades especializadas, precisamente cuando el Gobierno ha situado la seguridad entre sus principales prioridades.
La propuesta del Ejecutivo eleva el presupuesto de la institución desde $295.375 millones hasta $336.312 millones, un incremento nominal de 13,9%. Sin embargo, la Glosa 01 de la Partida 23 establece límites para horas extraordinarias, viáticos y otras operaciones, además de controles de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre determinados gastos. Para Valencia, estas disposiciones podrían condicionar decisiones que corresponden exclusivamente al organismo persecutor.
“Esto me parece gravísimo”, sostuvo el fiscal nacional durante su exposición ante la instancia parlamentaria que revisa los recursos de la institución. Valencia advirtió que el control presupuestario puede convertirse en una herramienta de intervención sobre los ministerios públicos, mediante la autorización, restricción o distribución de los fondos necesarios para desarrollar sus funciones.
Más presupuesto, pero con límites para investigar
Las restricciones propuestas establecen un máximo de $681,8 millones para horas extraordinarias, $848,9 millones para viáticos nacionales y $146,9 millones para desplazamientos internacionales. También contemplan condiciones para capacitaciones, convenios y determinadas contrataciones. El principal reparo del Ministerio Público apunta a la posibilidad de que algunas decisiones operativas deban someterse a autorizaciones administrativas, incluso cuando estén relacionadas con investigaciones reservadas.
Valencia ejemplificó esa dificultad con una investigación de lavado de activos que requiera trasladar fiscales a Colombia. Si los recursos disponibles resultaran insuficientes, explicó, solicitar una autorización adicional podría obligar a justificar gastos asociados a diligencias cuya existencia debe mantenerse en secreto. La preocupación también alcanza a los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuya continuidad tendría que revisarse eventualmente si prosperan las medidas cuestionadas.
La advertencia adquiere relevancia frente a los antecedentes sobre homicidios vinculados al crimen organizado, que han puesto de manifiesto la importancia de contar con equipos especializados, capacidad de análisis criminal y coordinación entre regiones. Las investigaciones complejas requieren recursos financieros, pero también disponibilidad para ejecutar diligencias sin demoras que puedan afectar sus resultados.
El presidente José Antonio Kast comprometió un fortalecimiento del financiamiento para seguridad durante la presentación del proyecto, el pasado 30 de septiembre. El mandatario anunció $7 billones para el sector, un incremento de 9,1%, junto con mayores capacidades policiales, equipamiento e iniciativas destinadas a perseguir organizaciones delictuales. “Una agenda sin recursos es solo un discurso. Este Presupuesto la financia”, afirmó al referirse al combate contra el crimen organizado.
El anuncio presidencial, que también incluyó la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial, antecedió a los cuestionamientos formulados por Valencia ante el Congreso. La diferencia entre ambas posiciones no está en la existencia de mayores recursos globales, sino en las condiciones para administrarlos y en el financiamiento efectivo de los compromisos institucionales establecidos por ley.
Financiamiento insuficiente y nuevas contrataciones bajo cuestionamiento
Los reparos del Ministerio Público comenzaron antes del ingreso formal del proyecto. El 14 de septiembre, Valencia informó que Hacienda había comunicado asignaciones inferiores a las necesidades contempladas en los informes financieros de dos iniciativas legales: $16.900 millones frente a los $26.700 millones previstos para el fortalecimiento institucional, y $5.100 millones frente a los $7.600 millones estimados para la Fiscalía Supraterritorial.
Las diferencias alcanzaban $9.800 millones y $2.500 millones, respectivamente. Aunque corresponden a cifras informadas durante la preparación del presupuesto y no constituyen reducciones definitivas verificadas del proyecto presentado al Congreso, explican parte de la preocupación sobre los recursos disponibles para cumplir los compromisos de contratación y funcionamiento de las nuevas estructuras de persecución penal.
A estas observaciones se sumó el senador comunista Daniel Núñez, quien acusó al Ministerio de Hacienda de distribuir los fondos para nuevas contrataciones mediante entregas previstas para julio y diciembre de 2027. Según el parlamentario, ese calendario dificultaría desarrollar oportunamente los concursos para incorporar fiscales, abogados y funcionarios, postergando parte del fortalecimiento institucional hasta 2028.
“El ministro de Hacienda Quiroz está haciendo trampa en el presupuesto 2027 del Ministerio Público de la fiscalía nacional”, afirmó Núñez, quien sostuvo que la programación de los recursos incumpliría los compromisos establecidos en la ley de fortalecimiento. Su denuncia apunta al efecto práctico que tendría disponer del financiamiento hacia el segundo semestre, considerando los tiempos administrativos necesarios para seleccionar e incorporar personal.
La controversia trasciende las diferencias de montos. La contratación de nuevos funcionarios implica procesos de selección, nombramiento y preparación para desempeñar tareas especializadas, de manera que los plazos de entrega de los recursos pueden influir en la capacidad de las fiscalías para ampliar sus equipos durante el año presupuestario.
Fiscalía Supraterritorial concentra preocupación por sus recursos
La creación de la Fiscalía Supraterritorial para investigar delitos complejos y organizaciones criminales constituye una de las principales reformas destinadas a ampliar las capacidades del Ministerio Público. Su estructura contempla fiscales, profesionales especializados y herramientas de análisis para perseguir redes delictuales que operan en distintas regiones o mantienen vínculos transnacionales.
Durante 2026, según antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante la Comisión de Constitución de la Cámara, la institución debió cubrir cerca del 62,5% del funcionamiento de esta nueva fiscalía con recursos provenientes de otras áreas. La situación motivó cuestionamientos parlamentarios respecto de las condiciones financieras para consolidar su instalación y cumplir las funciones previstas en la legislación.
La diputada comunista Nathalie Castillo, quien abordó esta situación tras reunirse con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la insuficiencia de fondos para una institución concebida precisamente para enfrentar delitos de creciente complejidad.
“Parte fundamental de la seguridad de la población es que una fiscalía que surge como respuesta del Estado frente al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos u otras manifestaciones criminales, tenga todos los recursos para su funcionamiento. Por eso resulta preocupante que una institución que atiende la nueva realidad de la criminalidad nacional pueda tener dificultades para funcionar eficientemente”, señaló Castillo.
La parlamentaria también vinculó el financiamiento con los compromisos asumidos por el Ejecutivo: “La discusión presupuestaria es una oportunidad para que el compromiso del Gobierno con la seguridad se traduzca en recursos y gestión concreta para fortalecer la persecución del crimen organizado, y que no haya quedado solo en un slogan de campaña”.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, defendió la distribución general de recursos presentada por el Ejecutivo, destacando los incrementos destinados a seguridad, salud y obras públicas. “Acá no se trata de gastar por gastar, se trata de priorizar: más seguridad en las calles, menos espera en salud y más oportunidades de trabajo”, afirmó al respaldar el proyecto.
La intervención de Romero, realizada antes de los cuestionamientos más recientes del fiscal nacional, refleja la posición del oficialismo respecto de las prioridades del gasto público. La revisión parlamentaria deberá determinar ahora si las disposiciones propuestas permiten ejecutar los recursos sin afectar la independencia operativa del Ministerio Público ni retrasar las contrataciones comprometidas.
El impacto territorial de las restricciones y las decisiones pendientes en el Congreso
Las consecuencias de estas decisiones también alcanzan a las regiones. La expansión de organizaciones delictuales, sus mecanismos de financiamiento y la utilización de nuevas rutas comerciales demandan investigaciones coordinadas y equipos capaces de actuar fuera de sus territorios habituales.
Los riesgos asociados al Corredor Bioceánico y la eventual expansión de redes criminales en el norte de Chile ilustran la importancia de contar con capacidades de investigación que superen los límites administrativos regionales.
Por ahora, las restricciones cuestionadas por Valencia forman parte de un proyecto que continúa su tramitación legislativa. El Congreso tendrá que revisar las glosas presupuestarias, establecer la disponibilidad de fondos para incorporar nuevos profesionales y evaluar las condiciones bajo las cuales la Fiscalía podrá desarrollar investigaciones que requieren reserva, rapidez y coordinación institucional.
El resultado de esa revisión determinará algo más que el incremento presupuestario del Ministerio Público: establecerá cuándo podrán incorporarse nuevos fiscales, qué margen de decisión conservarán los equipos investigadores y si las unidades encargadas de perseguir el crimen organizado podrán utilizar oportunamente los recursos comprometidos para desarrollar su trabajo.
