El presidente de la UDI reconoció descoordinaciones en el Gobierno y el costo de mantener a Fernando Rabat en Justicia. Defendió al ministro frente a la acusación constitucional y cuestionó el gasto asociado al reciente acuerdo camionero
La caída del presidente José Antonio Kast al 18% de aprobación y el rechazo ciudadano a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrieron una nueva discusión sobre la conducción política del Gobierno. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció las dificultades del Ejecutivo durante una entrevista en Estado Nacional de TVN. “Sin duda que estamos pasando por un momento difícil”, admitió.
Aunque destacó los avances en seguridad y la ley de reconstrucción, planteó que “para que al gobierno le vaya bien es necesario hacer una autocrítica”. Luego identificó problemas dentro de la administración: “Han habido descoordinaciones, han habido errores, han habido desuniones, han habido personas que les ha costado más trabajar en equipo”. Sus declaraciones coincidieron con la última encuesta Criteria, que registró un 72% de desaprobación presidencial.
El caso Rabat concentró buena parte de sus cuestionamientos. Ramírez calificó las rebajas de condenas como un error especialmente doloroso para un Gobierno que prometió proteger a las víctimas. “La sensación que puede quedar en la ciudadanía es que este gobierno abandona a las víctimas, cosa que claramente no es así”, sostuvo. Sin embargo, defendió las razones que llevaron a Kast a mantener al secretario de Estado: “El ministro Rabat, hasta este evento, era el ministro Revelación del gabinete”.
También reconoció las consecuencias de esa decisión: “Indudable que esto ha generado problemas, es cosa de ver las encuestas”, afirmó, antes de agregar que “este costo ya fue asumido, bajamos las encuestas, hemos tenido que dar la cara”. Según Criteria, el 79% de los consultados rechaza que Rabat continúe en Justicia.
Frente a la acusación constitucional presentada por la oposición contra Rabat, el dirigente gremialista mantuvo su respaldo al ministro. “No hay absolutamente ni un solo argumento jurídico”, aseguró, aunque reconoció que existían alternativas para enfrentar las solicitudes de rebaja: “Esto sí tenía opciones, por eso es un error político, error político que reconoció el presidente, el vocero, el mismo ministro Rabat”.
Ramírez también cuestionó las motivaciones de los acusadores: “La lógica de la acusación constitucional no era hacer justicia, la lógica es simplemente utilizar esa herramienta para hacerle daño al gobierno”. Respecto del capítulo que atribuye al secretario de Estado la entrega de información inexacta al Congreso, sostuvo: “Esa es una acusación que tiene que ser probada”.
Camioneros: el costo económico de resolver el conflicto
Ramírez también defendió las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con parte de los transportistas, aunque rechazó los bloqueos de carreteras. “Estas medidas de presión para mí son inaceptables”, afirmó. También advirtió que “el gobierno tenía un problema que era grave, que si esto continuaba, podía haber desabastecimiento”, y destacó el trabajo de los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz.
El diputado reconoció que las concesiones económicas obligaron al Ejecutivo a modificar sus prioridades. “La idea del gobierno no era gastarse la plata en esto”, señaló. “Los recursos se podían haber gastado mejor”, agregó, aunque defendió la necesidad de evitar una paralización prolongada. Al evaluar el costo del acuerdo, respondió: “¿Salió caro? Sí”.




