Mientras la identificación religiosa disminuye en Chile, movimientos y liderazgos cristianos fortalecen su presencia en partidos, municipios, el Congreso y el Gobierno, haciendo más visible la relación entre convicciones religiosas, organización social y poder político
Por Richard Andrade y Daisy Castillo Triviños
Chile se vuelve menos religioso, pero determinadas redes cristianas han aumentado su visibilidad en la política. José Antonio Kast pertenece desde hace años al Movimiento de Schoenstatt; Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, desarrolló parte de su trayectoria en organizaciones evangélicas; dirigentes surgidos de Águilas de Jesús llegaron al Congreso y a la Municipalidad de Concepción; y desde julio existe nuevamente un partido legalmente constituido a partir de una identidad cristiana explícita.
Las cifras muestran una transformación profunda de la sociedad chilena. El Censo 2024 estableció que el catolicismo cayó desde 76,9% de la población mayor de 15 años en 1992 a 54% en 2024. Los evangélicos o protestantes aumentaron de 13,2% a 16,3% durante igual período, mientras quienes declaran no tener ninguna religión o credo pasaron de 8,3% en 2002 a 25,8% en 2024.
La secularización, sin embargo, no ha significado una retirada equivalente de la religión de la vida política. Comunidades religiosas, organizaciones universitarias, movimientos católicos y estructuras partidarias permiten observar cómo determinadas redes de fe han proyectado a algunos de sus integrantes hacia cargos de representación popular y posiciones dentro del Estado, precisamente cuando la instalación del gobierno de José Antonio Kast abrió un nuevo ciclo político.
Esa trayectoria no significa necesariamente que quienes participaron en esos espacios actúen posteriormente siguiendo sus instrucciones. Pertenecer a una organización religiosa, construir vínculos dentro de ella y actuar políticamente bajo su conducción son situaciones diferentes. Lo que sí puede analizarse es la capacidad de algunas comunidades para formar liderazgos, mantener relaciones durante años y generar redes que luego alcanzan la esfera institucional.
Menos creyentes, redes más visibles
Un análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional publicado a fines de 2025 constató que la participación política de sectores evangélicos aumentó durante las últimas décadas mediante candidaturas, representación parlamentaria y organizaciones partidarias. El documento identificaba incluso la existencia informal de una denominada “bancada evangélica”, integrada por parlamentarios pertenecientes a distintas colectividades.
El fenómeno está lejos de representar una estructura homogénea. Las iglesias protestantes y pentecostales chilenas poseen historias, denominaciones y posiciones políticas diferentes, mientras su participación pública ha transitado por sectores conservadores, pero también por expresiones vinculadas en otros períodos a la defensa de los derechos humanos y distintas tradiciones políticas.
Valeria Navarro, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, advierte precisamente contra la idea de observar a estos grupos como un bloque uniforme. “Hay una gran diversidad de grupos religiosos y que, por lo tanto, pueden tener distintas posturas frente a lo que significa su participación en política”, señala. Esa heterogeneidad también se expresa territorialmente y puede producir, agrega, “alianzas que a veces son insospechadas” frente a materias como el rol de la mujer o los derechos reproductivos.
Para Navarro, la relación adquiere mayor relevancia cuando esas convicciones se encuentran con la elaboración de políticas públicas. “Como muchos de estos grupos religiosos suelen tener una postura frente a temas particularmente valóricos y también sobre derechos civiles, educación y salud, suelen influir y suelen permear el quehacer político cuando estas políticas públicas están vinculadas a estos mismos temas”, explica.
La académica recuerda que la incidencia religiosa sobre la política chilena es anterior al actual protagonismo de algunas organizaciones evangélicas. La oposición de la Iglesia Católica al divorcio y las posiciones de distintos grupos frente al aborto en tres causales forman parte de una larga relación entre creencias, movilización social y legislación, que a su juicio obliga a preguntarse por los límites de un Estado laico frente a organizaciones que buscan incidir legítimamente en las decisiones públicas.
Desde el Congreso, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) considera que la condición laica del Estado no se modifica por una mayor presencia de organizaciones religiosas. “La convivencia democrática obviamente permite la presencia de esta clase de pensamientos, pero el debate tiene más relación con el intercambio de ideas políticas más que religiosas”, sostiene. A su juicio, la existencia de estos grupos también mantiene en discusión asuntos valóricos “que pueden verse postergados, pero que no dejan de ser relevantes para la sociedad”.
La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, pone el énfasis en la libertad de participación y sostiene que las convicciones forman parte de la identidad de quienes intervienen en política. “El credo es algo que ha acompañado a los seres humanos toda la vida, no podemos separar a las personas de lo que creen, de su cadena de valores, de sus principios, porque eso las construye”, afirma, para luego agregar que “que personas de fe participen en política no es una amenaza para un Estado laico, eso se llama democracia”.
Muñoz sitúa el límite en el respeto a las reglas democráticas. “No puedes dejar a alguien fuera del debate o de una posición porque cree o no cree en algo. El gran peligro está en ciertos grupos ideológicos y religiosos que no respetan la democracia y los estados laicos”, señala. Para la parlamentaria, la respuesta debe provenir de una institucionalidad sólida, capaz de garantizar las libertades individuales y evitar imposiciones doctrinarias.
La participación política evangélica tiene también una historia marcada por la búsqueda de reconocimiento. Miguel Ángel Mansilla, sociólogo, doctor en Antropología y académico e investigador del Instituto de Estudios Culturales y Territoriales de la Universidad Arturo Prat, recuerda que durante buena parte del siglo XX estas comunidades estuvieron en una posición subordinada frente al predominio del catolicismo. “Los evangélicos aspiraban, ante todo, a ser reconocidos como una religión legítima dentro del marco institucional del Estado chileno”, sostiene.
Ese proceso comenzó a cambiar con una mayor interlocución con el Estado, la institucionalización del Te Deum evangélico y la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa y de Culto de 1999. “La política dejó de ser un ámbito externo a la vida religiosa y pasó a convertirse en un recurso para asegurar reconocimiento social y presencia pública”, señaló Mansilla en una columna publicada por CIPER en marzo de 2026.
De las universidades a los partidos
Una de las experiencias que permite observar de manera concreta la construcción de estas redes comenzó lejos del Congreso. Águilas de Jesús nació en 2001 entre estudiantes evangélicos de la Universidad de Concepción y posteriormente extendió su presencia hacia otras instituciones de educación superior.
Entre quienes participaron durante sus primeros años estuvieron Francesca Muñoz y Héctor Muñoz, quienes posteriormente desarrollaron carreras políticas que los llevaron a la Cámara de Diputadas y Diputados y a la alcaldía de Concepción, respectivamente. El movimiento fue combinando formación religiosa, organización universitaria y actividad comunitaria, hasta formalizar en 2010 el Ministerio Evangelístico Águilas de Jesús como entidad religiosa.
La actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, también participó de Águilas de Jesús durante su etapa universitaria en Santiago. Su posterior trayectoria política y su incorporación al primer gabinete de José Antonio Kast convirtieron su recorrido en uno de los ejemplos más visibles de dirigentes provenientes de espacios religiosos que alcanzaron posiciones relevantes dentro del Estado.
El hecho de haber pertenecido a Águilas de Jesús no permite concluir que esa organización controle las decisiones de Marín o de otras personas que posteriormente ingresaron a la actividad pública. La trayectoria sí permite documentar la capacidad de estos espacios para reunir personas, establecer vínculos, formar liderazgos y mantener redes que pueden prolongarse mucho después de la participación universitaria inicial.
La periodista y Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg ha investigado esa transformación desde una perspectiva más amplia. Sus trabajos sobre el poder evangélico describen el tránsito de sectores que durante años observaron con distancia la actividad partidaria y que posteriormente comenzaron a asumir la necesidad de integrarse a la política, apoyados además por una intensa vida territorial y comunitaria.
La expresión electoral más visible de ese proceso durante los últimos años fue el Partido Social Cristiano. En las elecciones parlamentarias de 2025 integró junto al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario el pacto Cambio por Chile, una de las cinco listas formalizadas ante el Servicio Electoral para disputar los escaños del Congreso.
Después de esos comicios, el Servicio Electoral dispuso en febrero de 2026 la disolución del Partido Social Cristiano, junto a otras doce colectividades que no alcanzaron los requisitos mínimos de votación o representación establecidos por la legislación. El revés no terminó con esa articulación política, porque parte de sus dirigentes volvió a organizarse y el Partido Cristiano de Chile quedó legalmente constituido el 23 de julio de 2026, de acuerdo con el registro vigente del Servel.
La rapidez de esa reorganización permite observar una capacidad política que supera la duración de una campaña electoral. La identidad cristiana puede constituir uno de los elementos de origen de una colectividad, pero competir institucionalmente obliga a abordar una agenda mucho más amplia, donde seguridad, crecimiento económico, empleo, impuestos, gasto público y gobernabilidad conviven con las posiciones valóricas que históricamente otorgaron mayor visibilidad a esos sectores.
Las trayectorias individuales muestran, al mismo tiempo, que ese espacio tampoco funciona como un bloque disciplinado. Las comunidades religiosas pueden generar identidades, vínculos y determinadas afinidades políticas, pero sus integrantes ingresan posteriormente a estructuras partidarias donde intervienen otros factores, entre ellos los liderazgos personales, la competencia electoral, las estrategias territoriales y las alianzas propias de la política.
Schoenstatt y La Moneda
La relación entre religión y poder presenta características diferentes en el mundo católico. El Presidente José Antonio Kast ha sido miembro durante años del Movimiento de Schoenstatt y, junto a su esposa María Pía Adriasola, pertenece al Instituto de Familias de Schoenstatt, según ha señalado públicamente la propia organización.
Schoenstatt ha precisado que incentiva a sus integrantes a participar de la vida pública inspirados en sus convicciones religiosas, pero que no se identifica con proyectos políticos particulares. Por ello, la pertenencia del Presidente al movimiento no constituye evidencia de que la organización intervenga en las decisiones de su Gobierno.
Sí incorpora una dimensión relevante al análisis porque las convicciones religiosas de Kast y su participación en una comunidad católica organizada forman parte conocida de su trayectoria. El mandatario ha sostenido históricamente posiciones conservadoras en materias como aborto y familia, aunque cualquier eventual influencia de esas creencias sobre su administración debe evaluarse a partir de decisiones, proyectos de ley, nombramientos y políticas públicas concretas y no exclusivamente por su pertenencia religiosa.
La presencia simultánea de un Presidente perteneciente a Schoenstatt, una ministra con trayectoria en organizaciones evangélicas, parlamentarios vinculados a distintas expresiones cristianas y una organización partidaria construida a partir de una identidad religiosa no configura por sí sola un gobierno religioso ni demuestra la existencia de una estructura coordinada de poder. Sí muestra que las conexiones entre fe, espacios de sociabilidad, formación de liderazgos y participación institucional se han vuelto más visibles.
Cuando la organización pesa más que el número
La capacidad política de una comunidad religiosa tampoco necesita depender de representar a la mayoría de la población. Puede relacionarse con su cohesión interna, la formación de dirigentes, su presencia territorial y la continuidad de redes organizativas capaces de mantenerse activas durante años, características que permiten comprender por qué determinadas expresiones religiosas aumentan su visibilidad política al mismo tiempo que disminuye la identificación religiosa general del país.
El contraste resulta especialmente significativo frente al 25,8% de los mayores de 15 años que declara actualmente no tener ninguna religión o credo. Se trata de un universo demográficamente significativo, pero que no constituye por esa sola condición una comunidad organizada ni posee necesariamente estructuras territoriales, espacios periódicos de reunión o mecanismos de formación de liderazgos equivalentes a los desarrollados durante décadas por algunas organizaciones religiosas.
La discusión democrática se desplaza así desde la existencia de la religión hacia la forma en que se ejerce el poder. No se trata de determinar si católicos, evangélicos, integrantes de otros credos, agnósticos o ateos pueden participar en política, sino de observar cómo sus convicciones particulares conviven con un Estado laico y con normas destinadas a representar a una sociedad cada vez más plural.
De las universidades de Concepción al Congreso, de las comunidades evangélicas a los partidos y desde Schoenstatt hasta La Moneda, algunas redes religiosas han dejado de circunscribir su presencia al ámbito privado de la fe. Su verdadera incidencia política no dependerá exclusivamente de la cantidad de templos que posean o del número de creyentes que congreguen, sino de cuántos dirigentes sean capaces de formar, qué posiciones institucionales alcancen y qué capacidad desarrollen para transformar sus convicciones en decisiones públicas.
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