Por Pablo Carrizo O. Administrador Público. Director Ejecutivo TSD Consulting
Dos personas pueden entrar a la misma red social y encontrar mundos diferentes. Una verá delitos y migración; otra, desigualdad y abusos empresariales. Ambas creen observar la realidad, pero reciben una selección distinta.
Todos hablan del algoritmo, aunque pocos pueden explicar qué es. Un algoritmo es un procedimiento lógico que transforma datos de entrada en resultados, aplicando una secuencia de reglas, operaciones matemáticas y criterios establecidos. En las redes sociales, analiza señales de conducta, lo que miramos, comentamos, “damos like” o compartimos, calcula probabilidades y ordena los contenidos que veremos.
La matemática permite procesar millones de señales; la orientación del proceso depende de quién selecciona los datos, define los criterios y fija el objetivo.
Con esa capacidad instalada, la pregunta es inevitable: ¿cuánto de nuestros gustos, decisiones de consumo y convicciones nace realmente de una elección propia? Al ordenar y repetir determinados productos, noticias u opiniones, las plataformas pueden orientar lo que deseamos, compramos e incluso aquello que terminamos aceptando como verdadero. Su influencia es más profunda cuando se presenta ante nosotros como una decisión personal.
La personalización puede ser útil. El problema comienza cuando lo afín se repite y lo que contradice nuestras ideas desaparece. No es necesario prohibir una opinión para debilitar el pensamiento crítico; basta con repetirnos lo que ya creemos hasta anestesiar nuestra capacidad de reflexión.
Las granjas de bots introducen una injusticia básica en la conversación pública: mientras una persona participa con una voz, quienes financian redes automatizadas pueden multiplicarla por miles. Así fabrican adhesión, instalan tendencias y convierten una operación coordinada en aparente opinión ciudadana.
El algoritmo interpreta ese volumen como interés social y lo amplifica, otorgando mayor visibilidad a quienes disponen de recursos para intervenir el sistema. La asimetría es evidente: ya no circula con más fuerza la idea más respaldada o veraz, sino aquella que posee mayor capacidad para simular apoyo tergiversando maliciosamente la realidad.
Cuando las mismas prácticas y operadores digitales reaparecen en procesos electorales de distintos países, el fenómeno deja de ser un episodio aislado. El método se reconoce: simplificar conflictos complejos, activar temores y erosionar la confianza en el Estado, la política y los derechos colectivos.
La cuestión no consiste en afirmar que un algoritmo decide una elección, sino en preguntarnos bajo qué condiciones informativas se forma la voluntad ciudadana y quién dispone de recursos para condicionarla.
En Chile, el voto obligatorio incorporó en 2022 a más de tres millones de personas sin participación en procesos anteriores. Ampliar la participación evidentemente fortalece la democracia, pero obliga a preguntarnos cómo se informan ciudadanos con menor vínculo político cuando la conversación ocurre en plataformas cuyos criterios e intenciones desconocemos.
La respuesta no es entregar al Estado el control de lo que puede decirse. Chile necesita transparencia en la recomendación, publicidad política identificable, detección de amplificación artificial, auditorías independientes y la posibilidad de elegir contenidos sin personalización algorítmica.
Quienes hemos trabajado en el Estado sabemos que una decisión que afecta derechos debe tener fundamento, responsable y revisión. No es razonable exigirlo a la Administración del Estado y no a sistemas privados que influyen en los gustos y decisiones sobre millones de personas.
El desafío consiste en devolver transparencia y equilibrio a una conversación pública que hoy puede ser intervenida sin que sepamos quién lo hizo. La gobernanza algorítmica debe establecer responsabilidades, hacer trazables los criterios de recomendación y resguardar condiciones mínimas de igualdad en el debate público.
Proteger la libertad de expresión exige algo más que permitir que todos hablen: también exige que ninguna estructura artificial pueda hacerse pasar por ciudadanía.
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