Investigaciones por fraude al Fisco, devolución de remuneraciones, uso de asignaciones parlamentarias y el Caso Convenios mantienen bajo presión a actuales y exlegisladores. Aunque las causas se concentran en el Congreso, algunas pueden impactar las estrechas mayorías que necesita el Ejecutivo para avanzar con su agenda
Tres senadores actualmente en ejercicio, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic, enfrentan investigaciones penales que avanzan por carriles diferentes, pero alcanzan un punto particularmente sensible: el eventual uso irregular de recursos públicos asociados al trabajo parlamentario. A ellos se agregan las causas contra los exdiputados Joaquín Lavín León, Catalina Pérez y Mauricio Ojeda.
No todos están en la misma situación judicial. Calisto fue formalizado y su causa experimentó nuevos giros durante julio; Flores y Kusanovic permanecen bajo investigación; mientras Pérez, Lavín León y Ojeda avanzaron hacia etapas procesales posteriores. Estar bajo investigación, ser formalizado, acusado o perder el fuero no equivale a una condena, una distinción indispensable para analizar cada caso con rigor.
La acumulación de procesos instala, sin embargo, una tensión que supera las responsabilidades individuales. Las causas alcanzan contrataciones, asignaciones y mecanismos de rendición financiados con recursos públicos y, al mismo tiempo, involucran a parlamentarios que participan de una correlación política estrecha. Ahí aparece el impacto sobre el Ejecutivo: cualquier alteración en las fuerzas del Senado puede modificar la capacidad del Gobierno para construir las mayorías que necesita.
Calisto: una causa marcada por giros judiciales
Uno de los procesos más avanzados afecta al senador independiente por Aysén Miguel Ángel Calisto, formalizado por hechos relacionados con una investigación por fraude al Fisco ocurridos cuando ejercía como diputado.
La causa cambió nuevamente durante julio. El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la investigación por 60 días y dejó sin efecto tanto su cierre como la resolución que había tenido por presentada la acusación. Como consecuencia, el 9 de julio la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia destinada a conocer una nueva solicitud de desafuero, al considerar que había desaparecido el presupuesto procesal sobre el cual había sido formulada.
PoderyLiderazgo, Calisto derivó las consultas a quien entonces integraba su defensa, el abogado César Ramos, quien evitó pronunciarse sobre el fondo. “He estado inmerso en el Caso Sartor todos estos días. Respecto de las preguntas, no emitiré declaraciones. La primera, por razones estratégicas, porque atienden al fondo del asunto y la segunda, porque es el senador quien puede responder mejor que yo”.
La defensa del senador volvió a cambiar el 18 de agosto, cuando Ramos y Jorge Bofill dejaron su representación y Calisto incorporó un nuevo equipo jurídico.
La “cuota” que llegó al Senado
Una investigación distinta afecta a la senadora de Renovación Nacional Camila Flores. La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene abierta una causa por un eventual fraude al Fisco relacionado con la presunta devolución de parte de las remuneraciones de funcionarios contratados mediante asignaciones parlamentarias.
La indagatoria, conocida públicamente como la “Cuota Flores”, busca determinar si recursos destinados a financiar remuneraciones de asesores pudieron terminar siendo utilizados para un objetivo distinto de aquel que justificó originalmente su pago.
Durante el reporteo, PoderyLiderazgo intentó obtener una declaración directa de Flores y de integrantes de su equipo, sin conseguir respuesta. También fue contactado su exmarido, Percy Marín, quien explicó por WhatsApp que no podía conceder entrevistas. “Estimada Daisy, por orden del tribunal de familia no puedo dar entrevistas, de lo contrario lo haría con gusto”.
Flores continúa ejerciendo como senadora. El registro oficial del Senado la mantiene como integrante de RN y del comité Renovación Nacional e Independientes.
Kusanovic: otra denuncia por devolución de remuneraciones
La Fiscalía Regional de Magallanes también mantiene una investigación que alcanza al senador independiente Alejandro Kusanovic, originada en la denuncia de un exfuncionario de su oficina parlamentaria de Puerto Natales. El denunciante sostiene que habría debido devolver parte de su remuneración mensual.
La causa avanzó durante julio con diligencias y peritajes sobre equipos electrónicos vinculados al parlamentario y su entorno de trabajo.
PoderyLiderazgo llamó y le envió reiterados mensajes por WhatsApp para recoger directamente su versión. No respondió ninguno de ellos. Kusanovic permanece en funciones y participa activamente del trabajo legislativo junto a Flores. Ambos, por ejemplo, integran durante 2026 la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
Es precisamente aquí donde las causas comienzan a proyectarse desde el Congreso hacia La Moneda. En una Cámara Alta con votaciones frecuentemente estrechas, una eventual suspensión derivada de un futuro desafuero podría alterar temporalmente la correlación política y dificultar la construcción de mayorías para determinados proyectos del Gobierno. Ese efecto es hoy hipotético: ni Flores ni Kusanovic han llegado públicamente a una instancia de desafuero.
Lavín León: las rendiciones parlamentarias bajo la lupa
El proceso contra Joaquín Lavín León se encuentra considerablemente más avanzado. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lo formalizó por fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, decretando su prisión preventiva el 8 de mayo.
El antecedente publicado por el Poder Judicial permite precisar una de las principales aristas. Según la imputación fiscal recogida por el tribunal, entre 2015 y 2022 Lavín León habría presentado rendiciones falsas de gastos parlamentarios para financiar deudas de campaña y servicios personales, generando en esa línea un perjuicio fiscal de al menos $10.896.109.
De 44 facturas de una imprenta por poco más de $37 millones, 32 fueron rendidas al Congreso como gastos operacionales por $18.866.909. La investigación también incorpora el financiamiento con fondos parlamentarios de la plataforma digital SocialTazk y otras contrataciones que el Ministerio Público considera vinculadas a las conductas investigadas.
Democracia Viva y Catalina Pérez
La exdiputada Catalina Pérez enfrenta otro de los procesos emblemáticos derivados del Caso Convenios. En febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público por tres delitos de fraude al Fisco asociados a la arista Democracia Viva.
La decisión permitió continuar el procedimiento penal bajo las reglas generales. Su situación es, por tanto, sustancialmente diferente de aquellas causas que continúan únicamente en fase investigativa.
El caso se transformó además en uno de los principales antecedentes políticos sobre los costos que una investigación judicial puede generar simultáneamente para una bancada, una coalición y la relación de fuerzas dentro del Congreso.
Mauricio Ojeda y la arista Manicure
El exdiputado Mauricio Ojeda fue desaforado por la denominada arista Manicure del Caso Convenios. En enero de 2025, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva por delitos de fraude al Fisco vinculados a convenios celebrados entre el Gobierno Regional de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.
La investigación indaga el destino de $730 millones transferidos para programas dirigidos a mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas. El Poder Judicial consignó además que Ojeda habría realizado gestiones ante funcionarios públicos del Gobierno Regional y facilitado financiamiento para una de las fundaciones involucradas.
En abril de 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco mantuvo su prisión preventiva al considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.
Condenas que marcaron al Congreso desde 1990
Desde el retorno a la democracia, distintos parlamentarios han terminado condenados por la justicia, aunque por delitos de naturaleza muy diferente. El entonces senador Francisco Javier Errázuriz fue condenado en 2001 a 61 días de presidio remitido por lesiones.
Más tarde, las condenas llegaron directamente al financiamiento político y la probidad pública. El exsenador Jovino Novoa fue condenado en 2015 a tres años por delitos tributarios en el Caso Penta, después de reconocer los hechos de la acusación en un procedimiento abreviado.
En el Caso Corpesca, el exsenador Jaime Orpis fue condenado a cinco años y un día por seis delitos de fraude al Fisco y a otros 600 días por dos delitos de cohecho. La exdiputada Marta Isasi recibió 50 días de prisión por cohecho.
Los antecedentes muestran que las investigaciones actuales no aparecen sobre terreno desconocido: existen precedentes en que las sospechas avanzaron hasta convertirse en condenas judiciales.
Un problema que supera los nombres
La sucesión de investigaciones abre una pregunta que excede a Calisto, Flores, Kusanovic, Lavín León, Pérez u Ojeda: ¿están fallando los controles internos del Congreso o el problema comienza antes, en los mecanismos mediante los cuales los partidos seleccionan, respaldan y fiscalizan a quienes llegan al Parlamento?
El exsenador Carlos Cantero considera que sería un error reducir el problema a una determinada colectividad y sitúa su diagnóstico en un deterioro más profundo de la probidad: “Chile está cayendo en un proceso de corrupción (…) transversal a todo el espectro político. La falta de ética, el debilitamiento de la probidad y la preservación de los valores éticos están en un deterioro evidente”.
Su crítica alcanza también a los partidos: “Éste es un tema estructural del país en el que los partidos se han transformado en verdaderas agencias de empleo, agencias de tráfico de influencias”.
El problema de fiscalizarse a sí mismo
Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, considera que el Congreso ha fortalecido sus mecanismos internos, pero identifica una debilidad cuando la fiscalización depende de la misma institucionalidad que debe ser controlada.
“El Congreso cuenta con sólidos contrapesos internos y ha aumentado su control en los últimos años. Creo que aún tiene espacio para aumentar el control externo (…) cuando una persona solicita información y ésta se niega, quien ve el caso es el mismo Comité de Ética. Eso no es la mejor garantía de transparencia”.
Munita advierte además que cuando los cuestionamientos alcanzan simultáneamente a distintos sectores puede disminuir el incentivo político para profundizar responsabilidades.
El riesgo de financiar la política por vías paralelas
Para Cristián Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, las denuncias sobre eventuales devoluciones de remuneraciones merecen especial atención porque podrían revelar mecanismos destinados a obtener recursos desde fondos entregados para el trabajo parlamentario.
“Por ahora, son iniciativas aparentemente individuales de algunos parlamentarios que tratan de obtener dinero de las asignaciones que se les dan para cubrir ciertos gastos (…) Es muy grave, porque revela un fenómeno de corrupción en el Congreso”.
Riego agrega otro riesgo: las presiones que investigaciones de alto impacto político pueden ejercer sobre fiscales y tribunales encargados de resolverlas.
Más transparencia, pero sanciones que tardan
El analista político Guillermo Holzmann plantea una paradoja: conocer más irregularidades también puede ser consecuencia de herramientas de transparencia capaces de seguir con mayor detalle la actividad de las autoridades.
“Las distintas medidas de transparencia que se han ido implementando permiten hacer un seguimiento de las actividades que realizan las autoridades. El problema es que las regulaciones y las atribuciones de las fiscalías o entidades vinculadas a la transparencia han resultado insuficientes para lograr sanciones que inhiban a otros de hacer lo mismo”.
“La misma vara debe aplicarse para todos”
Desde el propio Congreso, la diputada del Partido de la Gente Lilian Betancurt pone el acento en la responsabilidad de las instituciones legislativas cuando aparecen antecedentes sobre un eventual uso irregular de recursos. “No basta con que existan normas o controles en el papel; la fiscalización debe ser efectiva, oportuna y transparente (…) La probidad no puede depender del partido político al que pertenezca una persona: la misma vara debe aplicarse para todos”.
Una prueba para el Congreso y también para el Ejecutivo
Las investigaciones todavía tienen camino judicial por recorrer y será la justicia la que determine responsabilidades. Pero el problema institucional ya está instalado: cuando asignaciones, contrataciones y recursos parlamentarios aparecen reiteradamente bajo investigación, el Congreso no puede limitarse a esperar sentencias. Y cuando algunos de los legisladores involucrados forman parte de mayorías estrechas, la incertidumbre inevitablemente alcanza también al Gobierno.
El desafío de 2026 es, por tanto, doble. El Congreso deberá demostrar que puede fortalecer sus mecanismos de trazabilidad y fiscalización; el Ejecutivo, en tanto, deberá administrar una agenda legislativa expuesta a una correlación parlamentaria que cualquier desafuero futuro podría volver todavía más estrecha. Las causas pertenecen a los tribunales, pero sus consecuencias políticas ya atraviesan a dos poderes del Estado.
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