El aumento proyectado del tránsito de carga por el Corredor Bioceánico abrió una alerta en Antofagasta. Autoridades regionales, policías y Fiscalía buscan reforzar fronteras, inteligencia y puertos antes de que la nueva conectividad sea aprovechada por redes criminales
El Corredor Bioceánico de Capricornio promete transformar la posición logística del norte de Chile, acercando la producción de Brasil, Paraguay y Argentina a los puertos del Pacífico. Pero mientras la infraestructura avanza y crecen las expectativas económicas, en Antofagasta comenzó a instalarse otra discusión: cómo impedir que esa misma conectividad amplíe las rutas disponibles para el narcotráfico, el contrabando y otras formas de crimen organizado transnacional.
La preocupación quedó instalada esta semana en San Pedro de Atacama, durante el preforo de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico, donde representantes políticos, policiales y organismos de seguridad abordaron las externalidades que puede generar el aumento del transporte internacional de carga.
La discusión se produce cuando la región comienza a prepararse para recibir un flujo que podría alcanzar entre 800 y 1.000 camiones diarios, dependiendo de las proyecciones utilizadas por Carabineros y el Ministerio Público. La Fiscalía ha advertido que los controles tradicionales pueden resultar insuficientes frente a esa magnitud.
La alerta surge en una región que ya enfrenta una presión significativa del narcotráfico. Hasta comienzos de junio, Antofagasta acumulaba 41,3 toneladas de drogas incautadas durante 2026, superando en apenas 24 semanas todo lo decomisado durante 2025. Según Fiscalía, el 60% de la droga incautada por Carabineros en el país durante ese período fue detectada en esta región.
Una nueva ruta también modifica los riesgos
La delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, sostuvo durante el encuentro que el desafío pasa por fortalecer desde ahora las capacidades institucionales de seguridad, considerando que el corredor atravesará buena parte de la región antes de alcanzar los terminales marítimos. “Debemos poner los esfuerzos en seguridad, dado que como región es importante porque cruzará gran parte de las comunas”, planteó la autoridad.
La discusión no parte desde cero. Durante los últimos meses, la región ya había activado una coordinación específica en torno al proyecto, incorporando seguridad, infraestructura, procesos fronterizos y desarrollo productivo dentro de la gobernanza del corredor. El propio Gobierno Regional había advertido que su consolidación exigiría una coordinación estatal mucho más amplia que la requerida por una obra vial tradicional.
El gobernador regional, Ricardo Díaz, reconoció que el nuevo flujo representa una oportunidad económica, pero advirtió que el transporte internacional también puede ser aprovechado por organizaciones criminales para mover drogas, contrabando y otros bienes ilícitos. “El tránsito de cargas por la región hacia los puertos podría también estar afectado por el crimen organizado, contrabando y tráfico de drogas”.
Una frontera de 777 kilómetros
Uno de los principales desafíos está en la extensión territorial que debe ser controlada. La Región de Antofagasta posee aproximadamente 777 kilómetros de frontera con Bolivia y Argentina, junto con pasos internacionales, rutas interiores, faenas productivas y terminales portuarios que conforman una extensa cadena logística.
El general Cristian Montre Soto, jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, planteó que la preparación debe considerar las fortalezas y vulnerabilidades propias de ese territorio. Carabineros estima que la operación del corredor podría elevar el movimiento hasta cerca de 800 camiones diarios, multiplicando la presión sobre rutas y puntos de fiscalización.
El desafío se suma a las inversiones que ya están modificando la conectividad regional. Obras en las rutas hacia San Pedro de Atacama, pasos fronterizos y accesos logísticos forman parte de un proceso que busca preparar a la región para asumir un papel mucho mayor dentro del comercio sudamericano.
Para la Policía de Investigaciones, el escenario exige combinar investigación criminal con controles migratorios y cooperación internacional. El jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, sostuvo que la seguridad será determinante para que el intercambio comercial, turístico y cultural asociado al corredor pueda desarrollarse sin que las redes criminales aprovechen las nuevas conexiones territoriales.
Fiscalía advierte una ventana crítica
Las advertencias habían comenzado varios meses antes del preforo. En abril, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo que el corredor podría ser aprovechado por organizaciones criminales debido al enorme volumen de carga que circulará entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
En mayo profundizó esa preocupación y planteó cuatro vulnerabilidades: sectores fronterizos sin vigilancia permanente, cobertura insuficiente de inteligencia, brechas de infraestructura y baja capacidad de inspección de contenedores en los puertos. Su diagnóstico incluye riesgos vinculados al narcotráfico terrestre y marítimo, lavado de activos, contrabando, tráfico de armas y penetración criminal de las cadenas logísticas.
La advertencia más relevante apunta a los plazos. Castro Bekios situó entre 2026 y 2028 el período crítico para fortalecer las capacidades preventivas antes de que el incremento de los flujos internacionales pueda consolidar nuevas dinámicas delictivas. Su síntesis fue particularmente gráfica: “El corredor no crea el problema, lo escala”.
La presión no será solamente policial. El crecimiento de la actividad logística se proyecta sobre una región que ya presenta brechas importantes en carreteras, accesos portuarios, infraestructura urbana y servicios asociados al transporte de carga. Esta realidad ha llevado a distintos actores regionales a advertir que el desarrollo del corredor debe acompañarse de inversiones capaces de absorber sus externalidades, y no limitarse a mejorar las rutas comerciales.
Del corredor comercial al corredor seguro
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, sostuvo que la colaboración entre los territorios que integran el corredor será fundamental para evitar que los beneficios económicos vengan acompañados por nuevas amenazas asociadas al tránsito de sustancias ilícitas, contrabando o lavado de activos.
La discusión seguirá durante los próximos meses. Los acuerdos de las distintas comisiones serán llevados al encuentro internacional previsto para noviembre, cuando representantes de los territorios de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil deberán avanzar en una posición común sobre la implementación del corredor. El Gobierno Regional ya había definido seguridad y crimen organizado como uno de los ejes centrales de los preforos desarrollados en San Pedro de Atacama.
El desafío para Antofagasta comienza, por tanto, antes de que circulen los grandes volúmenes de carga proyectados. La misma infraestructura que puede convertir a la región en una plataforma estratégica del comercio entre el Atlántico y el Pacífico también aumenta el valor de sus fronteras, carreteras y puertos para organizaciones criminales transnacionales.
La discusión ya no consiste solamente en cuánto comercio traerá el Corredor Bioceánico, sino en si el Estado y los territorios serán capaces de construir la capacidad de control, inteligencia e infraestructura necesaria antes de que ese comercio alcance su máxima escala.
