La presentación de dos parlamentarios socialistas pone bajo revisión penal las operaciones con derivados financieros vinculadas a los ahorros previsionales. El caso avanza en paralelo a procedimientos administrativos abiertos contra las siete administradoras del sistema chileno
Las operaciones financieras que golpearon los ahorros previsionales del fondo E llegaron al Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, derivó a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte una denuncia presentada por dos parlamentarios socialistas, quienes solicitan investigar si las decisiones de inversión de las AFP podrían constituir delitos.
La presentación, ingresada el 19 de octubre por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, apunta al manejo de recursos previsionales mediante instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés estadounidenses. Ambos legisladores buscan establecer si las administradoras actuaron conforme a sus obligaciones legales y quiénes participaron en las decisiones cuestionadas.
El caso abre una vía penal que se suma a las actuaciones del Congreso y de la Superintendencia de Pensiones. Mientras los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa impulsan una comisión investigadora por las pérdidas previsionales, el organismo regulador inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para determinar eventuales incumplimientos en la administración de los recursos.
Las operaciones que originaron la controversia
El origen de los cuestionamientos está en los contratos derivados conocidos como swaps, utilizados por las AFP para obtener beneficios ante una eventual disminución de las tasas de interés estadounidenses. Sin embargo, el aumento de esas tasas deterioró el valor de las posiciones financieras.
Según antecedentes publicados por Bloomberg, los contratos asociados a tasas extranjeras pasaron de una valorización positiva cercana a US$1.400 millones un año antes a una negativa de aproximadamente US$7.700 millones en septiembre de 2026. Esta última cifra corresponde al valor de mercado de las posiciones y no equivale necesariamente a pérdidas realizadas por ese mismo monto.
Las consecuencias resultaron especialmente sensibles para los afiliados del fondo E, considerado el más conservador del sistema. Entre enero y septiembre acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras que solamente durante septiembre retrocedió 4,92%, según la Superintendencia de Pensiones.
La controversia aumentó cuando se conocieron antecedentes de advertencias previas sobre los riesgos asociados a estos instrumentos. Bloomberg informó que ejecutivos de las propias administradoras solicitaron restricciones regulatorias, aunque las operaciones continuaron en un mercado donde abandonar esas estrategias podía afectar la rentabilidad frente a sus competidores.
Fiscalía deberá determinar eventuales responsabilidades
Mediante el Oficio FN N.º 1363/2026, fechado el 21 de octubre, Valencia remitió los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, encabezada por Francisco Jacir Manterola. El documento también solicitó informar el Rol Único de Causa (RUC) que se asigne a la presentación.
Al conocerse la decisión, el diputado Daniel Manouchehri afirmó: “Hay gente que está por jubilar y el portonazo de las AFP les ha sacado parte importante de sus ahorros. Exigimos que respondan con su patrimonio y, si hubo delitos, que los responsables paguen con cárcel”.
La investigación penal deberá examinar si existen antecedentes de conductas delictivas, incluida una eventual administración desleal, como plantearon los denunciantes. En paralelo, la Superintendencia evaluará el cumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia establecidos en la legislación previsional. Son procedimientos diferentes, con atribuciones y consecuencias jurídicas distintas.
El Ministerio Público precisó que la derivación de los antecedentes constituye una actuación formal y no supone acreditar delitos ni responsabilidades penales. La industria, por su parte, defendió la evaluación de las inversiones con una perspectiva de largo plazo y advirtió que las fluctuaciones de mercado no equivalen necesariamente a pérdidas definitivas.
Para los afiliados próximos a jubilarse, el resultado de estas indagaciones tendrá especial relevancia. Además de esclarecer las decisiones financieras, permanece pendiente la posibilidad de establecer mecanismos de reparación, una materia que el exministro de Hacienda Mario Marcel puso sobre la mesa al plantear eventuales compensaciones por las pérdidas del fondo E. Por ahora, esas medidas no están garantizadas y dependerán de las responsabilidades que eventualmente se determinen.
