Los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa impulsan una comisión investigadora para esclarecer las pérdidas previsionales y las advertencias recibidas por las AFP. La iniciativa coincide con procedimientos sancionatorios abiertos contra las siete administradoras del sistema chileno
Las millonarias pérdidas registradas por los fondos de pensiones abrieron un nuevo frente en el Congreso. Los diputados independientes de la bancada PPD, Jaime Araya y Héctor Ulloa, representantes de Antofagasta y Los Lagos, iniciaron gestiones junto a parlamentarios de oposición para constituir una Comisión Especial Investigadora que permita establecer qué ocurrió con los ahorros previsionales y quiénes deben responder por las decisiones financieras cuestionadas.
La ofensiva parlamentaria coincide con una decisión de la Superintendencia de Pensiones, que este martes 20 de octubre inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras del sistema. El organismo busca determinar si las estrategias de inversión que perjudicaron a los fondos D y E vulneraron las obligaciones legales de lealtad y diligencia en la gestión de los recursos de los trabajadores.
El caso adquirió notoriedad cuando se conocieron pérdidas de valoración estimadas en US$7.700 millones en contratos derivados vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos. La controversia profundizó los cuestionamientos sobre las decisiones financieras de las AFP y la fiscalización de los ahorros previsionales, especialmente por el deterioro del Fondo E, considerado el más conservador del sistema.
Para el diputado Jaime Araya, la magnitud de los antecedentes exige una investigación parlamentaria. “A cada instante salen nuevos antecedentes y más graves respecto de la pérdida millonaria de los fondos de pensiones de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, vamos a iniciar una comisión especial investigadora. Hoy día empezamos a recolectar las firmas. Esperamos que, de manera transversal, la Cámara de Diputados pueda fiscalizar los actos de gobierno respecto de estas actuaciones”, sostuvo.
Las advertencias que antecedieron a las pérdidas
Uno de los antecedentes centrales de la controversia son las advertencias sobre la exposición de los fondos previsionales a derivados financieros. En mayo de 2026, el Banco Central identificó riesgos asociados a estas operaciones, mientras la Superintendencia ya había endurecido en abril las restricciones aplicables a determinados instrumentos y establecido plazos para adecuar las inversiones.
Araya considera que esos antecedentes obligan a examinar tanto las decisiones de las administradoras como la actuación de las autoridades fiscalizadoras. “Llegó el momento que la política le dé una respuesta como corresponde a la ciudadanía y, por lo tanto, una comisión especial de investigadores tiene que esclarecer en profundidad estos hechos para saber qué es lo que se hizo. Tenemos que investigar en profundidad para saber si hay responsabilidades políticas, administrativas o eventualmente consecuencias penales”.
El diputado Héctor Ulloa, integrante de la Comisión de Trabajo, apuntó a la relación entre las alertas conocidas y la continuidad de las operaciones. “Aquí hay un hecho que agrava todavía más esta situación. El Banco Central advirtió que este escenario podía ocurrir y el propio exsuperintendente reconoció que existieron alertas. Pese a ello, las AFP siguieron arriesgando los ahorros de miles de trabajadores. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿quién falló? ¿Las administradoras que tomaron estas decisiones o quienes tenían la obligación de fiscalizarlas?”.
Las operaciones cuestionadas involucraron contratos conocidos como swaps, que podían beneficiarse de una disminución de las tasas estadounidenses. Sin embargo, el comportamiento del mercado fue contrario a esas expectativas. La Asociación de AFP defendió estos instrumentos como parte de estrategias de inversión de largo plazo y sostuvo que las valoraciones negativas no equivalen necesariamente a pérdidas realizadas.
El impacto en las pensiones y las responsabilidades pendientes
Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras el Fondo D retrocedió 6,38%. Aunque esas cifras no permiten concluir que todas las pensiones disminuirán en igual proporción, el deterioro resulta especialmente sensible para quienes necesitan jubilarse antes de una eventual recuperación de sus ahorros.
Ulloa insistió en las consecuencias para esos trabajadores. “Hasta ahora, lo único concreto es que el Fondo E, considerado el más conservador, ha registrado pérdidas millonarias y que muchas personas próximas a jubilar podrían no tener tiempo para recuperar esos recursos. Por eso exigiremos que se investiguen las responsabilidades en una comisión especial investigadora”.
El parlamentario también cuestionó la distribución de los riesgos dentro del sistema. “No puede existir libertad absoluta para las AFP, mucho menos cuando son los trabajadores quienes asumen las pérdidas mientras las administradoras siguen cobrando sus comisiones. No puede ser que las ganancias sean para las AFP y las consecuencias de sus malas decisiones las paguen los trabajadores”, concluyó.
Los procedimientos abiertos por la Superintendencia examinarán si las administradoras incumplieron el artículo 147 del Decreto Ley 3.500 y las disposiciones sobre deberes fiduciarios. Su apertura no significa que existan infracciones acreditadas. La investigación parlamentaria, por su parte, buscará fiscalizar las actuaciones de los organismos públicos involucrados y determinar si corresponde establecer otras responsabilidades.
La controversia también plantea una pregunta que va más allá de las fluctuaciones del mercado: qué mecanismos existen para proteger a quienes no pueden esperar años para recuperar el valor de sus ahorros.
Con las responsabilidades políticas por la crisis previsional todavía en disputa, las investigaciones deberán esclarecer qué decisiones se adoptaron, cuándo se conocieron los riesgos y si la supervisión fue suficiente. Para los afiliados próximos a jubilar, esas respuestas importan tanto como conocer quién asumirá las consecuencias de eventuales incumplimientos.
