La Comisión de Seguridad Pública aprobó en general un proyecto que endurece sanciones por atentados contra policías y castiga ofensas graves. La iniciativa, aún en trámite, abre debate sobre protección policial y libertad de expresión en Chile
La protección jurídica de las policías sumó un nuevo avance en el Congreso. La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto conocido como Ley Naín-Retamal 2.0, que aumenta las sanciones por atentados contra funcionarios policiales e incorpora penas de privación de libertad y multas para quienes profieran insultos u ofensas graves durante el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, correspondiente al boletín 17.662-07, busca endurecer los castigos existentes y establecer nuevas circunstancias para determinar su gravedad. Una de las disposiciones más relevantes contempla penas de prisión de 41 a 60 días y multas de una a cuatro unidades tributarias mensuales para las ofensas graves contra funcionarios policiales, siempre que los hechos no constituyan un delito de mayor gravedad.
El avance legislativo se produce mientras el Congreso impulsa otras modificaciones destinadas a fortalecer las instituciones de seguridad. Esta misma semana, el Senado despachó una reforma a Carabineros que incorpora incentivos económicos, bonificaciones por riesgo y cambios en la carrera funcionaria, como parte de una agenda que combina mayores atribuciones con nuevas condiciones laborales para el personal policial.
Cárcel por ofensas graves y mayores sanciones por agresiones
El proyecto establece diferencias entre las conductas cometidas individualmente y aquellas realizadas por personas que actúan en grupo o amparadas por terceros. También endurece las penas aplicables a los atentados contra Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones, reemplazando en determinadas circunstancias la posibilidad de optar entre una multa y una pena privativa de libertad por sanciones que contemplan ambas.
Otro aspecto relevante es la incorporación de una falta penal específica por insultos u ofensas graves contra policías en servicio. La propuesta también modifica las reglas de detención para permitir actuar frente a estas conductas, una disposición que concentra parte de las interrogantes sobre su futura aplicación.
Durante el debate desarrollado previamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios favorables a la iniciativa defendieron la necesidad de respaldar la autoridad policial frente a situaciones de agresión y hostigamiento. Desde sectores críticos, en cambio, surgieron reparos sobre la amplitud del concepto de ofensa grave y el riesgo de que su interpretación afecte el ejercicio de la libertad de expresión.
La distinción entre una crítica legítima, una expresión ofensiva y una conducta penalmente sancionable aparece así como uno de los puntos que deberá precisar el Congreso. La discusión involucra tanto la protección de quienes ejercen funciones de seguridad como las garantías de las personas durante procedimientos policiales.
La Comisión fijó hasta el lunes 26 de octubre, a las 12:00 horas, el plazo para presentar indicaciones. Posteriormente deberá revisar las modificaciones propuestas antes de enviar el texto a la Sala del Senado. Por ahora, el proyecto no constituye una ley vigente.
Registro de ADN también avanza en el Senado
En la misma sesión, la Comisión de Seguridad Pública aprobó en general otra iniciativa destinada a agilizar las investigaciones penales mediante modificaciones al Sistema Nacional de Registros de ADN, correspondiente al boletín 18.585-25.
La propuesta busca permitir que los laboratorios de Carabineros y de la PDI realicen determinados cotejos genéticos y remitan directamente sus resultados al Ministerio Público o a los tribunales, reduciendo la dependencia de los procedimientos efectuados actualmente por el Servicio Médico Legal.
El proyecto recibió el respaldo unánime de los senadores Karim Bianchi, Cristián Vial, Andrés Longton, Pedro Araya y Juan Luis Castro. Su objetivo es disminuir los tiempos de procesamiento de evidencias que pueden resultar determinantes para identificar personas vinculadas con delitos o relacionar investigaciones desarrolladas de manera separada.
Ambas votaciones forman parte de una agenda legislativa más amplia, aunque corresponden a proyectos independientes. También continúa su tramitación la iniciativa que busca extender la legítima defensa privilegiada a policías y militares que intervengan estando de franco, igualmente identificada como Naín-Retamal 2.0, pero registrada bajo el boletín 16.300-07.
