Congreso extendió por 30 días el despliegue en La Araucanía y parte del Biobío, pero el Ejecutivo anunció una indicación para avanzar en reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en cuatro regiones del sur.
Sección: Congreso
La Cámara aprobó las modificaciones del Senado y dejó lista para promulgación la iniciativa que amplía los plazos de regularización e inscripción, incorpora un procedimiento colectivo y busca evitar que agricultores pierdan derechos por incumplimientos administrativos formales.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuestionó el nuevo estado de excepción y sostuvo que el combate contra la delincuencia requiere menos disputa constitucional y mayor capacidad operativa, recursos policiales, prevención y presencia territorial.
El acuerdo duplica de 12 a 24 horas el período considerado inmediato para detener a un imputado y amplía las diligencias policiales bajo instrucciones del Ministerio Público. La iniciativa deberá ahora ser votada por ambas cámaras.
La instancia, aprobada por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, tendrá 60 días para revisar la respuesta estatal frente a bots, redes coordinadas, desinformación e inteligencia artificial en elecciones y plebiscitos desde 2020.
La presidenta del Senado afirmó que el primer borrador del nuevo estado de excepción no tenía viabilidad legislativa y señaló que el Ejecutivo deberá construir los 29 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional.
La iniciativa, aprobada en la Cámara por 114 votos a favor, busca extender la presunción de legítima defensa a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que intervengan fuera de servicio ante una agresión.
La iniciativa busca ampliar las herramientas penales contra redes que lucran con servicios sexuales de terceros, pero Fiscalía y Defensoría pidieron delimitar mejor las conductas sancionadas para evitar efectos no deseados sobre víctimas y trabajadores sexuales.
La iniciativa busca aumentar las sanciones contra adultos que instrumentalicen a niños y adolescentes para cometer delitos. Registros citados por la moción muestran que los infractores menores ingresados al Ministerio Público crecieron 18,8% entre 2023 y 2025.
La jefa de bancada de la UDI defendió la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y descartó las críticas que la califican como “iliberal” o autoritaria. La parlamentaria reconoció diferencias con el nuevo estado de excepción y pidió modificaciones antes de su discusión legislativa.