La controversia por los fondos conservadores entra en una etapa decisiva: autoridades deberán explicar sus advertencias previas, las AFP defienden sus estrategias financieras y miles de afiliados esperan claridad sobre el impacto real en sus futuras pensiones
Las AFP llegaron el lunes al Congreso para explicar las pérdidas que golpearon los ahorros previsionales, pero la jornada terminó con una cifra mayor a la conocida y una nueva investigación parlamentaria. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora, mientras el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reveló que las pérdidas de valoración de los contratos financieros utilizados por las administradoras alcanzaron aproximadamente US$10.100 millones al cierre de septiembre.
El nuevo cálculo supera los US$7.718 millones conocidos anteriormente porque incorpora operaciones realizadas con bancos chilenos y extranjeros. Sin embargo, no corresponde a dinero definitivamente perdido: se trata de la disminución del valor de mercado de los contratos derivados utilizados por los cinco multifondos. De hecho, Cortez precisó que esa valoración negativa se había reducido a aproximadamente US$7.000 millones al 20 de octubre, debido a movimientos de las tasas internacionales.
Para los afiliados, las explicaciones financieras no eliminan la preocupación por sus ahorros. El Fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, mientras el Fondo D retrocedió 6,38%.
Las cifras reabren las preguntas sobre quién fiscaliza las decisiones financieras de las AFP y cómo se protege a quienes están próximos a jubilarse, especialmente porque no todos los trabajadores disponen del mismo tiempo para enfrentar una eventual recuperación.
El Congreso abre una investigación sobre la fiscalización
La comisión investigadora fue impulsada por los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, quienes reunieron el respaldo de 65 parlamentarios. Tendrá un plazo máximo de 60 días para entregar sus conclusiones y examinará la actuación de los ministerios del Trabajo y Hacienda, además de otros organismos responsables de fiscalizar a las administradoras entre 2018 y 2026.
El diputado Jaime Araya valoró el respaldo transversal y planteó que la investigación debe ir más allá de reconstruir las operaciones financieras. “Tenemos que fijar una hoja de ruta, que incorpore el abrir un camino para la devolución de los dineros perdidos y que los responsables terminen tras las rejas”, sostuvo, al referirse a las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse.
La decisión se produjo después de una tensa sesión de la Comisión de Trabajo, donde representantes de las AFP, autoridades regulatorias y parlamentarios discutieron las consecuencias de las inversiones. El debate continuará este martes en el Senado, que convocó una sesión especial entre las 15:00 y las 17:00 horas, con autoridades del Gobierno, la Superintendencia, la Comisión para el Mercado Financiero y representantes de la industria.
Advertencias desde 2024 y diferencias sobre el impacto
Uno de los antecedentes más relevantes entregados por Joaquín Cortez es que la Superintendencia venía advirtiendo desde fines de 2024 sobre los riesgos asociados al uso creciente de instrumentos derivados. En enero de 2025 exigió fortalecer los controles internos y en abril de 2026 estableció nuevos límites para estas operaciones, incluyendo restricciones especiales para los fondos más conservadores.
Las AFP utilizaron contratos financieros vinculados a las tasas de interés internacionales, particularmente estadounidenses. Estas posiciones podían favorecer sus inversiones si las tasas disminuían, pero el movimiento contrario del mercado deterioró su valoración. Las administradoras defienden su utilización como parte de estrategias de largo plazo y sostienen que las fluctuaciones deben analizarse junto con su efecto final sobre las pensiones.
El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, estimó que el impacto sobre determinadas pensiones podría situarse entre 0,8% y 1,8%, dependiendo de cada caso. La explicación fue cuestionada por el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien advirtió que esos cálculos utilizan valores nominales y no reflejan adecuadamente las variaciones reales ni las condiciones de las rentas vitalicias.
Tres investigaciones y una respuesta pendiente para los afiliados
La comisión parlamentaria se suma a los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia contra las siete administradoras y a las acciones presentadas ante el Ministerio Público. Son investigaciones con objetivos diferentes: el Congreso examinará la fiscalización estatal, el regulador evaluará posibles incumplimientos y la Fiscalía deberá determinar si existen antecedentes constitutivos de delito.
Las responsabilidades todavía no están acreditadas y tampoco existe un mecanismo general de compensación aprobado para los afiliados afectados. La discusión se extiende ahora desde las decisiones de inversión hasta las facultades de supervisión, los deberes de las administradoras y las alternativas para proteger a quienes necesitan utilizar sus ahorros en el corto plazo.
La creación de la comisión marca un nuevo avance en las investigaciones, después de que la denuncia contra las AFP por las operaciones del Fondo E llegara a la Fiscalía. La cuestión pendiente ya no es únicamente cuánto valor perdieron las inversiones, sino qué hicieron las administradoras frente a las advertencias y cómo actuaron quienes tenían la obligación de supervisarlas. Para quienes están próximos a jubilarse, esas respuestas pueden llegar después de haber tomado decisiones que afectan sus pensiones.
