Con 68 votos a favor, la Cámara solicitó al Presidente Kast remover al ministro de Justicia y a Luis Silva y Pablo Mira. Nuevos decretos por delitos graves elevan la presión política mientras avanza la ofensiva opositora
La crisis por las rebajas de condenas abrió un nuevo frente político para el Gobierno de José Antonio Kast. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, tras una sesión especial marcada por cuestionamientos a los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos graves. La resolución obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, incluidas algunas de parlamentarios oficialistas.
La votación fue acompañada por un anuncio de las bancadas opositoras: prepararán una acusación constitucional contra Fernando Rabat, al considerar insuficientes las explicaciones entregadas ante el Congreso. El mecanismo todavía no había sido formalizado al cierre de esta información.
A diferencia de la solicitud de renuncia aprobada, que no obliga al Presidente a remover a las autoridades, una acusación constitucional puede abrir un procedimiento destinado a establecer responsabilidades de carácter constitucional.
La controversia comenzó con 56 decretos de rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, posteriormente se extendió a responsables de violaciones a los derechos humanos y ahora incorpora nuevos antecedentes sobre otros delitos graves.
El impacto político también aparece en una encuesta Cadem sobre las rebajas de condenas y la confianza en el Estado, donde 77% desaprueba la actuación de Rabat y 64% rechaza que Kast lo mantenga en el cargo.
La Cámara pide responsabilidades y el oficialismo muestra diferencias
La sesión especial dejó al descubierto una presión parlamentaria que ya no proviene exclusivamente de la oposición. Entre las abstenciones estuvieron Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional, además de Flor Weisse y Guillermo Ramírez, de la UDI. Aunque esos votos no respaldaron la solicitud de salida, tampoco contribuyeron a rechazarla, mostrando diferencias en el oficialismo respecto de la respuesta del Gobierno.
Durante el debate, parlamentarios del Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista exigieron responsabilidades políticas por la firma de los decretos. La diputada Gael Yeomans (FA) confirmó la decisión de impulsar la acusación constitucional, mientras Juan Santana (PS) cuestionó las explicaciones del ministro y anunció que la oposición utilizará sus facultades de fiscalización.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), pidió evaluar si una acusación constitucional contribuirá a resolver las deficiencias legales y mejorar la protección de las víctimas. La posición refleja una diferencia entre quienes buscan establecer responsabilidades por las decisiones ya adoptadas y quienes priorizan modificar las normas que permitieron conceder los beneficios.
Nuevos decretos amplían los cuestionamientos a Justicia
A los casos que originaron la controversia se suman antecedentes sobre reducciones de condenas por narcotráfico, homicidio y femicidio frustrado. Entre ellos figura Massimiliano Beltrami, ciudadano italiano condenado a nueve años de prisión por intentar ingresar 103 kilos de cocaína a Chile. Un decreto firmado por Rabat el 15 de mayo redujo su pena en nueve meses y 16 días.
Otro caso corresponde a Patricio Salas Villar, integrante del grupo neonazi Batallón 38, condenado a 13 años por el homicidio de Isaac Araya Herrera en 2014. La resolución firmada por el subsecretario Luis Silva contempló una reducción de 21 meses y 97 días. También aparece José Teodulio Zúñiga Argel, condenado por femicidio frustrado, quien recibió una rebaja de un mes y seis días mediante un decreto suscrito por Rabat.
Los documentos conocidos muestran además diferencias en los criterios administrativos utilizados por Rabat y Silva. Mientras una resolución firmada por el ministro sostiene que Justicia no podía rechazar el beneficio atendiendo a la gravedad del delito, otra suscrita por el subsecretario reconoce expresamente esa facultad. La divergencia aumenta las preguntas sobre las atribuciones efectivamente ejercidas por las autoridades y los fundamentos utilizados para conceder las reducciones.
Kast mantiene su respaldo mientras crece la presión política
Ante los diputados, Fernando Rabat defendió la legalidad de las decisiones adoptadas y sostuvo que el Ministerio había actuado conforme a la Ley 19.856 y los fallos de la Corte Suprema. También afirmó que la evaluación de los condenados corresponde a comisiones especializadas, mientras su cartera interviene en la etapa de formalización de los beneficios.
“Espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué”, sostuvo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante su intervención ante la Cámara.
El secretario de Estado reconoció que el procedimiento presenta deficiencias respecto de la participación de las víctimas y defendió el cambio de criterio aplicado por su cartera. Sin embargo, la existencia de atribuciones legales y resoluciones judiciales no elimina el debate sobre la responsabilidad política de las autoridades. Tampoco corresponde dar por establecida una actuación ilegal mientras no exista una determinación competente en ese sentido.
Pese a la votación de la Cámara, el Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo a Rabat, trasladando ahora a La Moneda la decisión sobre la continuidad del ministro y sus subsecretarios. La presión se amplía con los cuestionamientos a las rebajas de condenas por crímenes de lesa humanidad, la revisión de los decretos y las reformas legales comprometidas.
La acusación constitucional anunciada abre una nueva etapa de la crisis, mientras el Ejecutivo deberá responder por qué mantiene su confianza en autoridades cuya salida fue solicitada por la Cámara.
