La encuesta también registra un 94% de rechazo a los beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores. Fernando Rabat acumula 77% de desaprobación y una mayoría cuestiona que continúe al frente de la cartera de Justicia
La controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad dejó al descubierto una preocupación que supera las responsabilidades de un ministro. El 75% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en que el Estado chileno sea capaz de proteger adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, mientras un 77% expresa la misma desconfianza respecto del trato que el sistema de justicia entrega a las víctimas.
Los resultados corresponden a la encuesta Plaza Pública Cadem N.º 701, aplicada el martes 27 de octubre a 1.014 personas. El rechazo a las rebajas de condena alcanza un 94%, dos puntos más que en la medición del 23 de octubre. Además, el 90% considera que quienes cometen violaciones o abusos sexuales contra menores nunca deberían acceder a una reducción de sus penas, cualquiera sea el caso.
La medición se conoce después de que se revelaran 56 decretos de rebaja de condena, correspondientes a 27 casos de abuso sexual y 29 de violación, durante la actual administración. Las decisiones abrieron interrogantes sobre las facultades del Ministerio de Justicia y los controles del procedimiento.
El debate sobre las responsabilidades estatales también se extendió a rebajas de condena relacionadas con crímenes de lesa humanidad, una controversia distinta que exige un examen propio.
El cuestionamiento a Rabat alcanza incluso a la derecha
El impacto político de las resoluciones se concentra en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya gestión frente a la controversia es desaprobada por el 77% de los consultados y respaldada por apenas un 12%. La decisión del Presidente José Antonio Kast de mantenerlo en el cargo tampoco reúne apoyo mayoritario: 64% está en desacuerdo con su continuidad, frente a un 27% que la respalda.
Los resultados muestran una diferencia entre evaluar el desempeño del secretario de Estado y apoyar su permanencia. Entre quienes se identifican con la derecha, un 59% desaprueba la actuación de Rabat, aunque un 55% considera que debe continuar en el ministerio. Incluso entre quienes aprueban la gestión presidencial, el 45% cuestiona el desempeño del titular de Justicia, mientras el 68% respalda que siga en funciones.
Otra cifra apunta directamente a las explicaciones entregadas para justificar los decretos. El 79% cree que Rabat no estaba obligado a firmar las rebajas de condena, mientras un 14% considera que sí debía hacerlo. Se trata de una percepción ciudadana, no de una conclusión jurídica. El ministro ha defendido que su actuación respondió al marco legal y a resoluciones judiciales previas, una interpretación que permanece bajo discusión.
Rechazo a las rebajas y exigencia de cambios legales
La demanda de modificaciones al sistema es igualmente significativa. Un 79% respalda reformar la Constitución para impedir nuevas rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, mientras un 17% rechaza esa alternativa. Al consultar por las prioridades del Gobierno, el 65% menciona impedir que se concedan nuevos beneficios y el 54% propone buscar mecanismos legales para revertir los ya otorgados. La pregunta permitía seleccionar dos alternativas.
La encuesta también revela qué consideran más importante los ciudadanos al evaluar una eventual reducción de pena. La gravedad del delito encabeza los criterios, con un 76%, seguida del riesgo de reincidencia, con 69%. En cambio, solo un 36% asigna mucha o bastante importancia a la conducta durante el encarcelamiento y un 35% al tiempo de condena cumplido. El contraste refleja el mayor peso que los consultados atribuyen al daño causado y al riesgo futuro.
La desconfianza alcanza también a las soluciones políticas. Un 70% tiene poca o ninguna confianza en que el sistema político alcance acuerdos para resolver la controversia y proteger a los menores. Otro 74% desconfía de que las decisiones sobre rebajas de condena se adopten correctamente, con transparencia y conforme a la ley. La demanda de cambios aparece acompañada, por tanto, de profundas dudas sobre la capacidad de las instituciones para concretarlos.
Kast mantiene 29% de aprobación y 66% de desaprobación
La respuesta de La Moneda tampoco ha conseguido revertir el rechazo a la actuación gubernamental en este caso. El 64% de los encuestados vio o escuchó la declaración del Presidente José Antonio Kast, quien reconoció que el Estado había fallado a las víctimas.
Entre quienes conocieron sus palabras, el 72% consideró insuficiente la declaración, mientras el 26% la evaluó como suficiente. Respecto de su desempeño específico en la controversia, el 68% lo desaprueba y el 25% lo aprueba.
En la evaluación general de su Gobierno, Kast registra un 29% de aprobación y un 66% de desaprobación, sin cambios respecto de la medición anterior de Cadem. Los resultados se suman a otra medición reciente sobre el respaldo presidencial y la evaluación del gabinete, elaborada por Criteria, aunque ambas encuestas no son directamente comparables.
Más allá de la evolución presidencial, el principal desafío que deja esta crisis es recuperar la confianza en la capacidad del Estado para proteger a las víctimas y garantizar decisiones judiciales y administrativas transparentes.
