OPINIÓN

Las decisiones sobre la empresa estatal se concentran en Santiago, mientras sus efectos productivos, laborales, ambientales y urbanos recaen sobre las regiones mineras. Cada división debe rendir cuentas públicamente ante las comunidades donde desarrolla sus operaciones.

El cruce entre Constanza Santa María y Cristóbal Juliá mostró en pantalla una reforma incompleta: los gobernadores responden ante sus territorios, mientras Santiago conserva decisiones, controla servicios y condiciona la ejecución de la inversión regional.

Las lluvias, los aislamientos y los daños en infraestructura revelan que el país continúa respondiendo a amenazas previsibles con planes reguladores envejecidos, gobiernos metropolitanos incipientes y decisiones territoriales que siguen trasladando el riesgo hacia las comunidades.