Las decisiones sobre la empresa estatal se concentran en Santiago, mientras sus efectos productivos, laborales, ambientales y urbanos recaen sobre las regiones mineras. Cada división debe rendir cuentas públicamente ante las comunidades donde desarrolla sus operaciones
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
La discusión sobre el futuro de Codelco volvió a centrarse en su endeudamiento, la caída de la producción, la revisión de inversiones y una eventual venta de activos. Son asuntos que deben abordarse con responsabilidad, pero el debate continúa omitiendo una pregunta fundamental: ¿qué participación tendrán las regiones mineras en las decisiones sobre la principal empresa pública del país?
Codelco desarrolla sus operaciones en Antofagasta, Atacama, Valparaíso y O’Higgins. En esos territorios se encuentran las faenas, los trabajadores, los proveedores y las comunidades que conviven diariamente con la actividad de la compañía. Allí también se expresan sus efectos sobre el empleo, el agua, la infraestructura, el medioambiente y el desarrollo urbano.
Sin embargo, cuando se discuten la deuda, los activos y el futuro financiero de Codelco, las regiones aparecen principalmente como lugares de extracción. Las principales decisiones continúan concentrándose entre el Gobierno central, el directorio de la empresa, el Congreso y los especialistas financieros.
Una empresa que debe corregir su rumbo
Codelco enfrenta dificultades que no pueden minimizarse. Durante el primer trimestre de 2026, su producción propia disminuyó 8,1% y sus costos directos aumentaron 10%. Pese a ello, la empresa obtuvo un Ebitda de US$2.143 millones.
Los resultados muestran una compañía que continúa generando recursos, pero que necesita recuperar producción, controlar costos y mejorar la ejecución de sus proyectos. No describen una empresa agotada, aunque tampoco permiten defender su funcionamiento sin exigir cambios.
El carácter estatal de Codelco no puede utilizarse para relativizar sus problemas. Por el contrario, una empresa que pertenece a todos los chilenos debe estar sometida a mayores exigencias de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Tampoco corresponde presentar el ingreso de capital privado como una solución automática. La propiedad pública o privada no reemplaza una buena administración. Lo determinante es la capacidad para ejecutar inversiones, cumplir metas y responder por las decisiones adoptadas.
Antes de vender activos, modificar asociaciones o introducir cambios en su estructura, Codelco debe presentar un plan verificable de recuperación, con metas por división, plazos, responsables y mecanismos públicos de evaluación. Pero ese plan no puede ser conocido únicamente en Santiago. Sus consecuencias deben explicarse también en las regiones donde se desarrollan las operaciones.
Las decisiones llegan a los territorios
La postergación de una inversión, la reducción de contratos o el cierre de una instalación pueden alterar la economía de una comuna o de una provincia completa. Esas decisiones afectan a trabajadores, proveedores, municipios, universidades y comunidades.
Por esa razón, la relación de Codelco con las regiones no puede quedar reducida a fondos concursables, programas comunitarios o actividades de vinculación. Esas iniciativas son valiosas, pero no reemplazan una rendición de cuentas directa ante los territorios.
Codelco ya publica información sobre producción, empleo, inversiones, proveedores y desempeño ambiental. El paso pendiente es transformar esos antecedentes en una práctica institucional comprensible, abierta y periódica.
Cada división debería realizar anualmente una cuenta pública en la región donde desarrolla sus operaciones. Estas instancias tendrían que convocar a autoridades regionales y municipales, trabajadores, sindicatos, proveedores, universidades, organizaciones sociales y comunidades relacionadas con las faenas.
Cada división debería informar sus resultados productivos, inversiones ejecutadas, empleo propio y contratista, compras regionales, desempeño ambiental, compromisos comunitarios y proyectos futuros. También tendría que explicar sus retrasos, incumplimientos y principales dificultades.
Una cuenta pública no puede convertirse en una presentación corporativa destinada exclusivamente a comunicar logros. Debe incluir preguntas abiertas y respuestas de los ejecutivos responsables de cada operación.
Las regiones no solo deben recibir información. Deben tener la posibilidad de interpelar directamente a las divisiones que operan en sus territorios.
Esta propuesta no significa entregar poder de veto a las autoridades locales ni incorporar cuotas políticas a la administración. Se trata de reconocer que las decisiones empresariales producen consecuencias territoriales y que una compañía estatal debe responder ante las comunidades que conviven con ellas.
El valor que queda en las regiones
La rendición de cuentas también permitiría ampliar la forma en que se evalúa el desempeño de Codelco. No basta con conocer cuántas toneladas produce, cuánto cuesta cada libra de cobre o cuánto dinero entrega al Fisco.
También debe evaluarse cuántos empleos de calidad genera, cuánto compra a proveedores regionales, qué capacidades tecnológicas desarrolla y qué inversión permanece efectivamente en los territorios.
El desarrollo de proveedores resulta especialmente relevante. Chile cuenta con empresas regionales capaces de aportar innovación y servicios especializados, pero muchas todavía enfrentan dificultades para ingresar y mantenerse en los contratos de la gran minería. Como ha planteado Poderyliderazgo, los proveedores locales están desarrollando soluciones capaces de transformar la industria.
No basta con informar el número de empresas contratadas en una región. También debe conocerse el monto y la duración de los contratos, el tipo de servicios adjudicados y las capacidades que generan para que esas compañías puedan crecer y acceder a otros mercados.
El objetivo no puede limitarse a compensar los impactos de las operaciones. Codelco debe contribuir a que las regiones mineras desarrollen conocimiento, empleo especializado, innovación y nuevas actividades productivas.
Recuperar confianza desde los territorios
La presión por mejorar la productividad, la fiscalización y los controles internos de Codelco exige una rendición de cuentas más amplia.
Las cuentas públicas divisionales no reemplazarían la fiscalización de Cochilco, la Contraloría, el Congreso o los órganos internos de la empresa. Agregarían una dimensión actualmente débil: la responsabilidad directa de cada operación frente a su territorio.
Durante décadas, las regiones mineras han contribuido decisivamente al financiamiento del Estado. Sin embargo, numerosas comunas vinculadas a la actividad continúan enfrentando déficits urbanos, sociales y ambientales que no se corresponden con la riqueza generada.
Esa contradicción no es responsabilidad exclusiva de Codelco. También responde a un Estado centralizado que recauda, administra y distribuye los recursos principalmente desde Santiago. Pero el carácter público de la empresa le impone una obligación adicional: debe explicar qué valor económico, laboral y productivo deja en las regiones donde opera.
El cobre pertenece a Chile, pero se produce en territorios concretos. Por eso, el futuro de Codelco no puede seguir discutiéndose a espaldas de las regiones.
Las comunidades no deben ser simples receptoras de las consecuencias. Deben convertirse en interlocutoras permanentes de la principal empresa pública del país.
