El desempleo alcanzó 9,4%, golpea con mayor fuerza a las mujeres y ya supera los dos dígitos en varias regiones. Mientras tanto, el Gobierno concentra su capital político en una megarreforma cuyos resultados siguen instalados en el futuro
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
Todo gobierno administra recursos, instituciones y tiempos políticos. Pero, sobre todo, administra prioridades. Decide qué problema exige una respuesta inmediata, cuál puede esperar y dónde concentrará su capacidad de negociación y su capital político.
La jerarquía elegida por La Moneda comienza a resultar difícil de defender. Mientras el desempleo llegó a 9,4%, las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo y varias regiones ya cruzaron la barrera de los dos dígitos, el Gobierno continúa consumiendo buena parte de sus energías en una reforma cuyos efectos se verán varios años más adelante.
El contraste no es solamente económico. Es profundamente político. De un lado está la promesa de crecimiento, inversión y empleos futuros. Del otro, la cesantía presente, los hogares que pierden ingresos, las pymes que postergan contrataciones y los territorios donde encontrar trabajo se ha convertido en una carrera cada vez más larga e incierta.
La tasa de desocupación avanzó hasta 9,4% en el trimestre marzo a mayo, después de llegar a 8,9% entre enero y marzo y a 9,1% entre febrero y abril. Las personas desocupadas aumentaron 6,9% en doce meses, la informalidad llegó a 27% y la tasa ajustada estacionalmente subió a 9,2%. El mercado laboral está perdiendo capacidad para absorber a quienes necesitan trabajar.
El Gobierno de José Antonio Kast no creó por sí solo esta crisis. El deterioro viene de antes y responde a años de bajo crecimiento, debilidad de la inversión y escasa generación de empleos formales. Pero gobernar no consiste en describir la herencia recibida. Consiste en reconocer la principal urgencia y actuar antes de que termine imponiéndose sobre toda la agenda.
La responsabilidad del Ejecutivo no está en haber originado cada una de las debilidades del mercado laboral. Está en haber comprendido tarde su magnitud y en haber subordinado durante meses la respuesta a una reforma de resultados inciertos y diferidos.
El empleo subordinado a la reforma
La principal apuesta económica del Gobierno ha sido presentada como el instrumento destinado a recuperar el crecimiento, estimular la inversión y reconstruir el empleo. En su primera Cuenta Pública, Kast fijó como metas al año 2030 llevar el crecimiento económico a 4%, reducir el desempleo a cerca de 6% y generar al menos 300 mil puestos de trabajo.
Chile necesita crecer, atraer inversiones y mejorar sus condiciones productivas. Una economía estancada difícilmente puede sostener una recuperación laboral duradera. El problema no está en impulsar una reforma de largo plazo, sino en convertirla en la explicación universal para cada dificultad económica y presentarla como sustituto de una política laboral inmediata.
El empleo terminó siendo tratado como una consecuencia casi automática de la aprobación legislativa. Según ese razonamiento, bastaría reducir impuestos, entregar invariabilidad a grandes inversiones y mejorar las expectativas empresariales para que las contrataciones comenzaran a aparecer.
Pero entre la aprobación de una norma, la decisión de invertir, la ejecución de un proyecto y la creación efectiva de empleos pueden transcurrir años. Esa distancia importa cuando cientos de miles de personas necesitan trabajar ahora.
Mientras Hacienda y La Moneda negociaban indicaciones, rebajas tributarias, compensaciones fiscales y acuerdos parlamentarios, la desocupación continuó creciendo. El Gobierno ha dedicado un tiempo considerable a discutir cómo podrían generarse los empleos del futuro, pero bastante menos a explicar qué ocurrirá con quienes necesitan una oportunidad durante las próximas semanas.
La contradicción no está entre el corto y el largo plazo. Un gobierno responsable debe atender ambos. Aparece cuando una estrategia pensada para producir resultados futuros termina justificando la falta de una acción sostenida sobre la emergencia presente.
Una reforma puede modificar incentivos y mejorar expectativas. No puede reemplazar la ejecución de proyectos regionales detenidos, el apoyo a empresas que pueden contratar ahora, la intermediación laboral, la capacitación vinculada con vacantes reales ni las políticas que permitan a más mujeres incorporarse al trabajo formal. La política económica necesita horizonte. Pero no puede gobernar únicamente desde el horizonte.
Una crisis regional con rostro femenino
El promedio nacional tampoco permite dimensionar la profundidad territorial del deterioro. Valparaíso llegó a 10,2% de desempleo, Ñuble alcanzó 10,1% y la Región Metropolitana se ubicó en 9,8%. Son territorios con estructuras productivas distintas, pero unidos por una misma incapacidad para generar suficientes puestos de trabajo.
Esta realidad desmonta la idea de que bastará una recuperación general para que sus beneficios desciendan naturalmente desde Santiago hacia las regiones. Cada territorio enfrenta dificultades propias. En algunos pesa la caída de las actividades agrícolas durante el invierno. En otros, el debilitamiento de la construcción, la industria, el comercio o los servicios. También existen regiones con grandes inversiones anunciadas que todavía producen escasos efectos sobre el empleo local.
Las medidas nacionales deben reconocer esas diferencias. Los gobiernos regionales conocen los proyectos paralizados, las empresas con capacidad de contratar y las comunas donde la emergencia es mayor. No pueden quedar reducidos a ejecutar recursos diseñados desde el nivel central cuando el deterioro laboral ya está instalado.
La crisis también tiene un rostro femenino que no puede seguir apareciendo como un dato secundario. La tasa de desocupación entre las mujeres llegó a 10,5%, frente al 8,6% registrado entre los hombres. La informalidad femenina alcanzó 28,8%, por encima del 25,6% masculino.
En Valparaíso, la diferencia fue todavía mayor. La desocupación femenina llegó a 11,3%, mientras la masculina se ubicó en 9,4%. El dato muestra cómo las desigualdades se profundizan cuando el mercado laboral regional se debilita.
No se trata solamente de que más mujeres busquen empleo y no lo encuentren. También enfrentan barreras de cuidado, transporte, horarios y capacitación, además de dificultades para acceder a sectores productivos históricamente masculinizados. Cuando la economía se contrae, esas condiciones dejan de ser marginales y se convierten en uno de los principales factores de exclusión laboral.
Una política seria no puede limitarse a anunciar subsidios mayores para la contratación femenina. Necesita metas verificables por región, seguimiento de la permanencia laboral y medidas que reduzcan las barreras que mantienen a miles de mujeres fuera de empleos formales.
El resultado no debe medirse por cuántas veces se menciona a las mujeres en una presentación oficial, sino por cuántas consiguen empleo, en qué condiciones y cuántas permanecen trabajando una vez terminado el apoyo estatal.
Una reacción necesaria, pero tardía
El Gobierno presentó finalmente Modo Empleo, un paquete de $50 mil millones que considera subsidios a la contratación, recursos para iniciativas regionales mediante la Subdere y programas de apoyo a pequeñas empresas ejecutados por Sercotec. La meta oficial es generar 50 mil puestos de trabajo en cuatro meses.
Las medidas avanzan en una dirección razonable. Incorporan recursos para empresas, participación de los gobiernos regionales y una señal de reconocimiento sobre la gravedad del problema. La dificultad es que aparecen cuando la desocupación ya alcanzó 9,4%, varias regiones superaron el 10% y el desempleo femenino se encuentra por encima del promedio nacional.
La trayectoria estaba a la vista. El desempleo había subido a 8,9% entre enero y marzo, y luego a 9,1% entre febrero y abril. Sin embargo, la ofensiva política llegó tarde, cuando la cifra comenzó a acercarse peligrosamente a los dos dígitos y a transformarse en uno de los principales factores de desgaste para el Ejecutivo.
La tardanza obliga a exigir más que anuncios. Un cupo presupuestario todavía no es un puesto de trabajo. Un convenio regional no es una obra ejecutada. Un subsidio aprobado tampoco garantiza que la contratación permanezca una vez terminado el beneficio.
La activación de subsidios para contratar trabajadores en empresas regionales deberá traducirse en nuevos contratos verificables. El Gobierno tendrá que informar en qué regiones se concentran, qué proporción corresponde a mujeres y cuántos empleos sobreviven después del apoyo estatal. También deberá demostrar que los puestos creados son adicionales y no reemplazos de contrataciones previstas.
Modo Empleo debe ser evaluado por su capacidad de generar trabajo formal y sostenible, no por el tamaño fiscal del anuncio ni por la cantidad de autoridades reunidas en La Moneda.
Los dos relojes del Gobierno
Chile está a seis décimas de llegar a una tasa nacional de desempleo de 10%. Alcanzar ese nivel durante el invierno no es inevitable, pero tampoco puede descartarse como una exageración. La desocupación ajustada estacionalmente aumentó tres décimas y las medidas anunciadas recién comenzarán a operar desde mediados de julio.
Si los recursos se demoran, los convenios regionales avanzan lentamente o las empresas no responden a los incentivos, los primeros resultados podrían aparecer tarde, cuando el deterioro ya haya alcanzado una nueva escala.
El Estado no puede ordenar por decreto la creación de empleo privado. Pero puede reducir tiempos, destrabar inversiones y acelerar obras, además de apoyar a empresas regionales, mejorar la intermediación laboral y establecer condiciones que permitan a más mujeres ingresar y permanecer en el mercado del trabajo.
Eso requiere una conducción permanente. No basta con reaccionar ante una medición adversa y luego devolver toda la atención política a la reforma.
El Gobierno enfrenta dos relojes. Uno es el de las negociaciones parlamentarias, las indicaciones tributarias y los posibles efectos futuros sobre la inversión. El otro es el de quienes despiertan cada mañana sin empleo, envían currículums, reducen sus gastos y comienzan a agotar sus ahorros.
El primer reloj pertenece a la estrategia política. El segundo, a la supervivencia cotidiana.
La reforma puede esperar acuerdos, nuevas indicaciones y futuras votaciones. La cesantía no espera.
