La propuesta de aplazar la Ley 21.719 expone una falla de fondo: Chile digitaliza servicios sin asegurar estándares equivalentes de protección. Fiscalizaciones municipales, brechas tecnológicas y una agencia inconclusa obligan a exigir responsabilidades políticas y recursos territoriales
Por Richard Andrade C. Difetcor de Poderyliderazgo.cl
En Chimbarongo, Machalí y Nancagua, la protección de datos falló sin necesidad de un ataque informático. Una fiscalización del Consejo para la Transparencia identificó a sus municipalidades entre 17 organismos públicos que entregaron antecedentes personales de funcionarios sin ocultar información como RUN, domicilios o teléfonos. El Estado exige datos que no siempre sabe resguardar.
Mientras esas fallas persisten, el Gobierno busca postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719. La norma, aprobada en 2024, debía comenzar a aplicarse el próximo 1 de diciembre. Este 19 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa que amplía el plazo y modifica la composición del consejo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Aún no es ley.
Hay razones para discutir una transición razonable. Un estudio sobre la preparación de las empresas chilenas indicó que el 72% de 127 organizaciones consultadas no estaba preparado para cumplir la normativa. Pero una dificultad real no equivale a un cheque en blanco. ¿Por qué la falta de preparación institucional debe resolverse postergando para todos las nuevas garantías?
El domicilio también determina la protección
La desigualdad territorial vuelve esa pregunta más urgente. Fundación País Digital constató que el 90% de los municipios permite pagar el permiso de circulación por internet, mientras solo el 19% tiene políticas claras de ciberseguridad. No prueban infracciones, pero revelan una digitalización más rápida que sus resguardos.
Una municipalidad rural no dispone necesariamente de los equipos, presupuesto ni asesorías de una comuna de altos ingresos. Sin embargo, ambas reciben antecedentes sociales, solicitudes de beneficios y documentación personal. La información de una familia de Nancagua merece el mismo resguardo que la de una familia de Vitacura. La privacidad no puede depender del código postal ni del presupuesto municipal.
Si el Ejecutivo propone un año adicional, debe explicar qué ocurrirá durante ese período fuera de la capital: cuánto financiamiento llegará a gobiernos locales, quién formará a sus funcionarios y cómo se medirá el cumplimiento. El calendario por sí solo no compra equipos, no contrata profesionales ni corrige procedimientos.
El costo de los acuerdos que no llegaron
La demora también es política. En mayo, el Senado rechazó los nombramientos propuestos para el consejo de la Agencia porque no reunieron el quórum necesario. Ahora se discute ampliar sus integrantes de tres a cinco. ¿Cómo garantizará ese cambio una autoridad independiente y capaz de fiscalizar en regiones?
La responsabilidad no pertenece a un único gobierno. La reforma se promulgó bajo la administración anterior y su puesta en marcha corresponde a la actual; el Congreso también intervino en las decisiones que dificultaron su instalación. Convertir el desacuerdo en una excusa técnica es una manera demasiado cómoda de eludir cuentas.
Tampoco resulta sensato ignorar las dificultades de pymes y servicios públicos pequeños. Precisamente por eso el Congreso debería evaluar una entrada gradual de determinadas obligaciones, sin paralizar indiscriminadamente el nuevo marco. Si concede una prórroga, que sea con hitos públicos, presupuesto territorial, reglamentos y responsables identificables. De lo contrario, diciembre de 2027 llegará con las mismas carencias y una nueva solicitud de paciencia.
Chile no parte de cero: tiene normas de protección de datos desde 1999 y reconocimiento constitucional del derecho. Lo que sigue pendiente es una fiscalización moderna y garantías más efectivas. Como advierte el debate sobre los procesos manuales de tratamiento de información, preparar las instituciones requiere decisiones, no únicamente tiempo. Postergar sin exigir resultados no protege a las comunas más vulnerables: protege a las autoridades de rendir cuentas por su demora.
