A siete años del estallido, el desempleo, las brechas territoriales y los servicios públicos insuficientes mantienen abiertas demandas sociales. Las utilidades empresariales y los alivios tributarios proyectados obligan a discutir quién recibe los beneficios del crecimiento
Por Richard Andrade C. Director Poderyliderazgo.cl
Cada octubre, una parte de la política chilena parece encontrar refugio en las imágenes de los incendios, los saqueos y la destrucción de 2019. La violencia fue condenable, causó daños y dejó víctimas. También lo fueron las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Pero siete años después, reducir el estallido social a sus episodios más violentos resulta una manera demasiado cómoda de esquivar la pregunta que verdaderamente incomoda: ¿qué ocurrió con las demandas de millones de chilenos que exigían una vida más digna?
Las pensiones insuficientes, las listas de espera, los salarios que apenas alcanzan, el costo de la vivienda y las desigualdades territoriales no desaparecieron con las barricadas. Eran problemas reales, acumulados durante décadas, que evidenciaron una profunda fractura entre la ciudadanía y sus instituciones. Negar esa realidad porque algunos optaron por la violencia es tan irresponsable como pretender justificar los delitos en nombre de la justicia social.
Chile cambió durante estos siete años. Se aprobaron reformas previsionales, se ampliaron beneficios sociales y la ciudadanía participó en dos procesos constitucionales cuyas propuestas finalmente rechazó. Son avances y decisiones democráticas que deben reconocerse. Sin embargo, las reformas no consiguieron cerrar la distancia entre las expectativas de las personas y sus condiciones de vida, mientras sucesivos gobiernos y mayorías parlamentarias dejaron compromisos pendientes.
La riqueza crece, pero no llega a todos
La realidad económica vuelve especialmente incómoda esta conmemoración. El desempleo alcanzó el 9,6% en el trimestre junio-agosto, la inflación anual llegó al 4,1% en septiembre y el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de apenas 0,25% a 0,75%.
Aunque anticipa una recuperación durante 2027, persisten riesgos que podrían prolongar la debilidad económica. Para miles de familias, las cifras se traducen en empleos inciertos, ingresos insuficientes y una creciente dificultad para sostener sus gastos.
En paralelo, 471 empresas que reportaron sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero acumularon utilidades por US$16.881 millones durante el primer semestre de 2026, un incremento de 21,16% respecto del mismo período del año anterior. Mientras una parte importante de la población enfrenta restricciones económicas, grandes compañías exhiben resultados considerablemente más favorables.
¿Cómo se explica esa distancia a quienes viven en pequeñas comunas del norte y del sur de Chile? ¿Cómo comprende una familia de un territorio minero, agrícola o forestal que las grandes compañías registren ganancias millonarias mientras su comunidad continúa esperando mejores caminos, atención médica, establecimientos educacionales y oportunidades laborales? Chile produce riqueza, pero en demasiados territorios la prosperidad sigue siendo una cifra que aparece en los balances empresariales y no en la vida cotidiana.
El problema no es que las empresas obtengan utilidades. Son necesarias para invertir, crecer y generar empleo. La pregunta es cuánto de esa riqueza contribuye efectivamente al desarrollo de los territorios donde operan y de las personas que sostienen su actividad. El crecimiento pierde legitimidad social cuando sus beneficios parecen concentrarse mientras persisten carencias estructurales en las comunidades.
La contradicción adquiere otra dimensión con la reforma tributaria impulsada por el Gobierno. La propuesta contempla reducir gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23% y reintegrar el sistema de renta, modificando también los créditos tributarios de sus propietarios.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas estimularán la inversión y el empleo. Sin embargo, un informe del propio Ministerio de Hacienda estimó que el 79,1% del beneficio de reducir el impuesto empresarial se concentra en el 1% de contribuyentes de mayores ingresos.
Resulta difícil pedir sacrificios a las familias, justificar restricciones presupuestarias y hablar de recursos escasos mientras se promueven beneficios tributarios que favorecen especialmente a quienes concentran mayores ingresos. Los incentivos a la inversión pueden ser legítimos, pero requieren demostrar su contribución al empleo, la actividad productiva y el bienestar colectivo. Sin esa exigencia, la política económica corre el riesgo de profundizar precisamente aquellas desigualdades que alimentaron el malestar de 2019.
Gobernar exige responder, no administrar la frustración
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast no es responsable de todos los problemas acumulados durante décadas, pero debe responder por las decisiones que adopta para enfrentarlos. Su promesa de recuperar la seguridad y reactivar la economía necesita traducirse en resultados concretos. El orden público es indispensable, pero no reemplaza el empleo, la atención médica ni la seguridad económica que necesitan las familias.
La discusión del Presupuesto 2027 constituye una prueba relevante. Es legítimo revisar programas, exigir eficiencia y corregir gastos ineficientes. Lo que requiere una explicación convincente es cómo las decisiones de austeridad afectarán a quienes dependen de los servicios públicos, particularmente en regiones y comunas pequeñas. No basta con exhibir cuentas fiscales ordenadas si el costo de conseguirlo termina ampliando las brechas sociales y territoriales.
Al Congreso Nacional le corresponde bastante más que transformar cada partida presupuestaria en una oportunidad de negociación política. Diputados y senadores deben asumir sus decisiones, defender prioridades y responder por sus efectos. Los partidos, por su parte, necesitan abandonar la comodidad de las consignas y los cálculos electorales para construir acuerdos capaces de enfrentar problemas que llevan demasiado tiempo esperando solución.
Ni la derecha puede utilizar la violencia de 2019 para eludir las causas del malestar, ni la izquierda puede invocar aquellas demandas como una credencial que la exima de responder por sus propios resultados. Ambas ejercieron responsabilidades de gobierno y representación durante estos años. A estas alturas, la ciudadanía tiene razones para exigir bastante más que explicaciones sobre lo que otros hicieron mal.
Sería peligroso concluir que, porque las calles ya no expresan la misma intensidad de protesta, las razones del descontento quedaron superadas. La ausencia de manifestaciones masivas no constituye una prueba de bienestar. En una economía debilitada, con profundas diferencias territoriales y expectativas sociales insatisfechas, confundir tranquilidad con conformidad sería una lectura equivocada.
Siete años después, Chile no necesita otra competencia entre quienes reivindican y quienes condenan el 18 de octubre. Necesita un Gobierno capaz de demostrar que sus políticas económicas benefician a la población, un Congreso dispuesto a legislar pensando en las necesidades del país y partidos políticos que recuperen su capacidad de representar a una sociedad que parece avanzar cada vez más distante de ellos.
El verdadero fracaso no sería que Chile volviera a recordar el 18 de octubre. Sería que, siete años después, quienes ejercen el poder todavía necesitaran otro estallido para comprender que las demandas sociales no se resuelven con discursos y que el crecimiento de un país no puede medirse solamente por las utilidades de sus grandes empresas.
