El cruce entre Constanza Santa María y Cristóbal Juliá mostró en pantalla una reforma incompleta: los gobernadores responden ante sus territorios, mientras Santiago conserva decisiones, controla servicios y condiciona la ejecución de la inversión regional
El centralismo chileno quedó expuesto en vivo. No ocurrió en una comisión del Congreso ni durante un seminario sobre descentralización, sino en medio de una entrevista televisiva, mientras la Región de Coquimbo enfrentaba una emergencia que exigía decisiones rápidas, coordinación institucional y capacidad operativa.
El intercambio entre Constanza Santa María y el gobernador Cristóbal Juliá fue reducido a una controversia sobre el tono de la periodista, la molestia de la autoridad y la utilidad de solicitar apoyo militar frente a las lluvias. La conversación pública se concentró en las formas y dejó fuera el problema verdaderamente importante.
La pregunta no era si los militares podían detener la lluvia. Nadie planteó semejante absurdo. Lo que correspondía discutir era por qué un gobernador elegido por los habitantes de una región necesita recurrir a la televisión para exigir capacidades que no puede movilizar directamente, aun cuando la ciudadanía lo reconoce como la principal autoridad política del territorio.
Varias horas después, el Ejecutivo decretó estado de catástrofe para Coquimbo y entregó la conducción de la emergencia a un jefe de la Defensa Nacional.
Lamentablmente, no se trata de una situación aislada. Los gobernadores regionales ya habían advertido al Gobierno sobre la dependencia de ministerios, las dificultades para ejecutar inversiones y las limitadas atribuciones en seguridad. La elección directa modificó el origen democrático del cargo, pero no alteró suficientemente la distribución del poder dentro del Estado.
Legitimidad regional, poder central
Chile permitió que las regiones eligieran a sus gobernadores, pero se negó a entregarles el conjunto de atribuciones necesarias para gobernar. Descentralizó la legitimidad política, mientras conservó en Santiago los servicios, las autorizaciones y buena parte de las decisiones que determinan la capacidad de actuar.
La ciudadanía vota por una autoridad regional, le exige soluciones y la responsabiliza por los resultados. Sin embargo, muchas de las herramientas necesarias para responder siguen bajo el control de autoridades designadas, ministerios sectoriales y servicios cuya cadena de mando termina en la capital.
El país creó gobiernos regionales electos, pero mantuvo paralelamente delegados presidenciales que representan a La Moneda y conservan facultades centrales en seguridad, gobierno interior y coordinación de los servicios del Ejecutivo. El resultado es una arquitectura con dos autoridades políticas en un mismo territorio, una elegida para responder ante la región y otra nombrada para representar al poder central.
Durante una emergencia, esa duplicidad deja de ser una discusión administrativa. La ciudadanía no tiene por qué conocer las fronteras jurídicas entre el Gobierno Regional, la delegación presidencial, las seremías, los ministerios y los organismos técnicos. Necesita saber quién conduce, quién decide y quién responde.
El modelo actual ofrece demasiadas autoridades para explicar lo sucedido y muy pocas con capacidad integral para resolverlo. Cuando la coordinación funciona, el nivel central reivindica la conducción. Cuando falla, la responsabilidad se dispersa entre municipios, gobiernos regionales, delegaciones, servicios públicos y ministerios.
Santiago conserva el poder para decidir, pero no siempre asume el costo político de sus decisiones o demoras. Controla los procedimientos, los tiempos y las autorizaciones, mientras las autoridades territoriales enfrentan directamente la frustración de los habitantes.
Esa es una de las ventajas más persistentes del centralismo. Permite mantener el mando, distribuir tareas hacia las regiones y trasladar las responsabilidades cuando los resultados no llegan. La región queda expuesta ante la ciudadanía, mientras el aparato central se protege detrás de sus procedimientos.
El centralismo también retrasa la inversión
La misma contradicción se observa en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Los porcentajes de avance suelen utilizarse para juzgar a los gobernadores como si cada retraso fuera consecuencia exclusiva de su capacidad administrativa.
Esa lectura es incompleta y conveniente para el nivel central. Una proporción significativa de los proyectos financiados por los gobiernos regionales depende de ministerios, municipios y servicios públicos que actúan como unidades técnicas o ejecutoras. El Gobierno Regional puede priorizar y financiar una obra, pero no controla todos los procesos que determinan su avance.
Las iniciativas pueden quedar detenidas por revisiones sectoriales, observaciones técnicas, convenios pendientes, autorizaciones ministeriales, modificaciones administrativas, transferencias o licitaciones cuya velocidad depende de organismos ajenos al Gobierno Regional.
El problema no es teórico, se vive a diario en los territorios. En Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz emplazó a los servicios públicos por la lenta ejecución de proyectos financiados con recursos regionales, apuntando a retrasos en iniciativas de salud, vivienda, educación, seguridad y obras públicas pese a existir financiamiento disponible.
Esto no libera a los gobiernos regionales de sus propias responsabilidades. Deben mejorar la planificación, fortalecer sus equipos, presentar carteras técnicamente sólidas y hacer un seguimiento riguroso de cada proyecto. Pero la ejecución debe evaluarse distinguiendo responsabilidades, no utilizando una sola cifra para culpar a la autoridad regional.
Hoy suele ocurrir lo contrario. Santiago conserva la capacidad de aprobar, observar, modificar o retrasar iniciativas, mientras el costo político por la baja ejecución recae sobre los gobernadores. Cuando el proyecto avanza, el ministerio correspondiente destaca su participación. Cuando se detiene, el Gobierno Regional aparece como incapaz de gastar sus recursos.
No existe autonomía real cuando una región puede aprobar una inversión, pero no controlar los procedimientos que permiten materializarla. Tampoco existe descentralización cuando se transfieren presupuestos sin entregar las facultades necesarias para ejecutarlos.
El centralismo no solo concentra el poder. También distribuye las culpas hacia los territorios.
Un país que obliga a las regiones a pedir permiso
El centralismo chileno no se limita a los organigramas institucionales. Es también una forma de mirar y gobernar el país. Desde Santiago, las regiones aparecen como territorios que deben demostrar permanentemente la gravedad de sus problemas y esperar que el centro valide sus prioridades.
Los gobernadores deben viajar a la capital, solicitar audiencias, insistir ante subsecretarías y convertir necesidades evidentes en peticiones dirigidas a quienes poseen la firma definitiva. Una prioridad regional debe atravesar una extensa cadena burocrática antes de ser reconocida por el Estado central.
La entrevista al gobernador de Coquimbo reflejó esa distancia. Desde un estudio televisivo, la solicitud de más apoyo podía parecer exagerada o insuficientemente explicada. Desde una región con sectores aislados, caminos afectados y servicios interrumpidos, disponer de más personal podía significar una necesidad inmediata.
Fiscalizar a las autoridades regionales es indispensable. Un gobernador debe fundamentar sus solicitudes, explicar qué recursos requiere y rendir cuentas por sus decisiones. Pero exigir precisión no significa reducir una demanda territorial a una caricatura ni asumir que la visión de Santiago posee automáticamente mayor legitimidad.
El problema tampoco pertenece exclusivamente a los medios. La política nacional reproduce la misma jerarquía. Las regiones ingresan a la agenda cuando ocurre una catástrofe, una crisis de seguridad, una movilización social o una elección. Cuando desaparece la emergencia, también disminuye el interés por las brechas de infraestructura, conectividad, salud y capacidad institucional que aumentaron sus efectos.
El territorio continúa siendo tratado como el escenario donde ocurren los problemas, pero rara vez como el espacio legítimo desde el cual pueden definirse las soluciones.
La descentralización que Santiago está dispuesto a tolerar
Chile lleva décadas prometiendo descentralización. Cada gobierno anuncia transferencias, fondos, convenios y mesas de coordinación. Sin embargo, el proceso se detiene cuando amenaza el control de los ministerios sobre los presupuestos, los servicios y las decisiones.
El nivel central está dispuesto a descentralizar tareas, carga administrativa y exposición pública. Está mucho menos dispuesto a transferir poder permanente, recursos autónomos y autoridad sobre las instituciones.
La discusión sobre rentas regionales demuestra que la descentralización fiscal es una disputa por la capacidad de decidir desde los territorios. Mientras los gobiernos regionales dependan de asignaciones definidas centralmente y de reglas sujetas a cada Ley de Presupuestos, su autonomía continuará condicionada por decisiones tomadas fuera de las regiones.
El centralismo chileno no sobrevive por descuido. Se mantiene porque ceder poder tiene costos políticos. Obliga a La Moneda a renunciar a parte de su control, a los ministerios a dejar de administrar las regiones como extensiones de sus estructuras nacionales y a los partidos a aceptar liderazgos territoriales con autonomía.
Existe un consenso cómodo en favor de la descentralización mientras esta no altere la estructura real del poder. El desacuerdo comienza cuando se discute quién administra los recursos, quién controla los servicios y quién tiene la última palabra frente a una necesidad regional.
La permanencia de los delegados presidenciales forma parte de esa resistencia. Su existencia permite al Ejecutivo conservar una autoridad política propia en cada región, incluso después de que la ciudadanía eligió democráticamente a quien debe encabezar el Gobierno Regional.
La duplicidad pudo presentarse como una fórmula transitoria. Convertirla en permanente significa aceptar que el voto regional tiene límites fijados desde Santiago.
Gobernar también exige responder
Transferir mayores atribuciones no significa fragmentar al país ni debilitar al Estado. Chile puede mantener su carácter unitario y, al mismo tiempo, distribuir el poder de una manera más democrática, eficiente y cercana a las necesidades territoriales.
Las emergencias seguirán requiriendo coordinación nacional, solidaridad fiscal, capacidades militares y decisiones presidenciales. Pero coordinar no significa subordinar. Un Estado unitario no necesita concentrar cada autorización en la capital ni mantener autoridades políticas paralelas para preservar su unidad.
La entrega de poder debe acompañarse de mayor transparencia, fiscalización y responsabilidad regional. Los gobernadores deben explicar sus prioridades, rendir cuentas por el uso de los recursos y asumir las consecuencias de las decisiones que adopten.
Pero esos controles solo serán justos si las autoridades fiscalizadas poseen las facultades necesarias para actuar. No se puede exigir plena responsabilidad a quien administra presupuestos cuyos tiempos dependen de otros organismos. Tampoco se puede responsabilizar a un gobernador por la respuesta frente a una emergencia mientras las capacidades determinantes continúan bajo control de autoridades designadas y ministerios nacionales.
El cruce entre Constanza Santa María y Cristóbal Juliá no debería quedar reducido a una anécdota televisiva. Mostró ante el país a una autoridad regional reclamando herramientas que su cargo no le permite movilizar, mientras Santiago discutía si su petición era pertinente.
La escena reveló una reforma inconclusa. Chile descentralizó el voto, pero conservó en el centro las decisiones, los servicios y buena parte de los recursos que determinan la capacidad de gobernar. El país debe decidir si quiere gobernadores capaces de conducir sus regiones o autoridades electas destinadas a administrar presupuestos condicionados, formular peticiones y responder por decisiones ajenas.
Mientras las regiones deban asumir las consecuencias y Santiago conserve las decisiones, la descentralización seguirá siendo una promesa administrada desde el mismo lugar que se niega a compartir el poder.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
