El anteproyecto contempla 32 objetivos y 83 metas hasta 2050. Con una publicación prevista para enero de 2027, el foco se desplaza hacia inversiones, medición de emisiones y decisiones verificables dentro de empresas de diversos sectores productivos
La cuenta regresiva para actualizar la estrategia climática de Chile ya comenzó. Mientras el país se prepara para conmemorar este 24 de octubre el Día Internacional contra el Cambio Climático, el Gobierno avanza en una nueva hoja de ruta que busca convertir los compromisos ambientales en resultados concretos. Para las empresas, el cambio supone incorporar la reducción de emisiones en sus decisiones de inversión, operaciones y planificación.
La actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) contempla 32 objetivos y 83 metas con horizonte a 2050. Su consulta pública concluyó el 22 de septiembre y el cronograma técnico proyecta su entrada en vigor para enero de 2027, una vez finalizada la revisión del anteproyecto.
El proceso coincide con una transformación de las prioridades empresariales. La sostenibilidad comienza a evaluarse mediante indicadores y resultados, una tendencia que también impulsa Pacto Global Chile al vincular las iniciativas sostenibles con el desempeño de las compañías. La actualización nacional busca orientar ese esfuerzo hacia los compromisos climáticos del país.
Las emisiones muestran cuánto queda por avanzar
Las cifras explican la urgencia. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Chile emitió 111 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2022, de las cuales el 76,4% correspondió al sector energía, que incluye generación eléctrica, transporte y consumo energético de distintas actividades productivas.
El país también comprometió un presupuesto máximo de 1.100 millones de toneladas de emisiones para el período 2020-2030. Solo durante los primeros tres años utilizó el 29,6% de ese límite, una proporción que evidencia la importancia de acelerar las medidas de mitigación durante el resto de la década.
Para Maximiliano Fontecilla, socio de Proyecta Impacto e integrante del Comité Ejecutivo de Pacto Global Chile, el cambio debe reflejarse en las decisiones de quienes administran las compañías.
“El principal desafío para las empresas, además de comprometerse con la carbononeutralidad, es demostrar cómo están incorporando ese objetivo en sus decisiones de negocio. La acción climática requiere una planificación concreta, con metas medibles, inversiones y responsabilidades claras desde la alta dirección”, señaló.
La medición comienza a ganar espacio, aunque su alcance todavía es limitado. El programa voluntario HuellaChile, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, registra 2.237 organizaciones inscritas desde su creación en 2013. Su meta es que las emisiones reportadas representen al menos el 20% del inventario nacional en 2030.
Inversión y decisiones empresariales
La actualización también abre preguntas sobre cómo financiar la transición. El 5 de octubre, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció avances en el diseño de una Plataforma País destinada a coordinar ministerios, empresas, bancos e inversionistas para movilizar recursos hacia proyectos de mitigación y adaptación climática.
La iniciativa busca conectar las prioridades ambientales con instrumentos de financiamiento, particularmente en sectores donde las inversiones pueden acelerar la reducción de emisiones o fortalecer la capacidad de adaptación.
Fontecilla considera que esta articulación debe acompañarse de una mayor responsabilidad empresarial. En su opinión, las compañías necesitan evaluar sus riesgos climáticos, establecer metas consistentes y demostrar cómo pretenden cumplirlas.
“La transición climática también representa una oportunidad para movilizar inversión, innovación y nuevas formas de financiamiento. Pero para acceder a esas oportunidades, las empresas necesitan demostrar que comprenden sus riesgos, cuentan con metas climáticas consistentes y tienen una hoja de ruta para alcanzarlas. La actualización de la estrategia nacional debiera ser una señal para que los directorios y las gerencias incorporen estas variables en sus decisiones de inversión y planificación”, sostuvo.
Aunque la actualización de la ECLP no significa por sí sola nuevas obligaciones de reporte para todas las empresas, establece orientaciones que deberán articularse con los instrumentos sectoriales y las políticas públicas. Su impacto dependerá de las medidas que efectivamente se implementen.
La nueva estrategia coincide además con los lineamientos de sostenibilidad empresarial de Pacto Global para 2026-2030, que promueven transparencia, cooperación y resultados medibles. Con la actualización prevista para comienzos de 2027, la atención estará puesta en cómo las metas nacionales se convierten en inversiones, reducciones de emisiones y cambios verificables en la gestión de las empresas.
