Las lluvias, los aislamientos y los daños en infraestructura revelan que el país continúa respondiendo a amenazas previsibles con planes reguladores envejecidos, gobiernos metropolitanos incipientes y decisiones territoriales que siguen trasladando el riesgo hacia las comunidades
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
La emergencia que afecta a gran parte del país no puede explicarse únicamente por la intensidad de las precipitaciones, el viento o el aumento de los caudales. El sistema frontal llevó al Gobierno a declarar emergencia preventiva en diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, entre el 13 y el 21 de julio. Se trata de un corredor que concentra ciudades, localidades rurales, infraestructura crítica y buena parte de la actividad económica nacional.
Hasta el último balance oficial publicado por Senapred, correspondiente a las 10:00 horas del domingo 19 de julio, la emergencia había dejado cuatro personas fallecidas, 1.652 damnificadas, más de 16 mil aisladas, 21 viviendas destruidas y 544 con daño mayor. La cifra más preocupante no está solamente en la magnitud de las pérdidas, sino en la repetición de vulnerabilidades que el país conoce desde hace décadas.
¿Cuánto de este daño corresponde a un fenómeno meteorológico excepcional y cuánto responde a decisiones territoriales acumuladas por el Estado, los municipios, los gobiernos regionales y el sector privado?
La lluvia es una amenaza natural. El desastre se construye cuando encuentra asentamientos instalados junto a cauces, viviendas levantadas sobre terrenos expuestos, quebradas ocupadas, infraestructura crítica sin suficiente protección y comunidades que dependen de una única carretera para mantener su conexión con el resto de la región.
El riesgo estaba antes de la lluvia
La evacuación preventiva de cerca de 50 personas desde el campamento Rivera Río Mapocho II, en Tiltil, debido al aumento del caudal del estero, no constituye solamente una operación de emergencia. También demuestra que familias completas habitaban un espacio cuya exposición podía identificarse antes de este sistema frontal.
En la provincia del Huasco, los equipos debieron concentrarse en recuperar la conectividad hacia Alto del Carmen y San Félix. En Coquimbo, cinco de los siete pabellones del Hospital de Ovalle resultaron dañados y fue necesario trasladar un hospital modular del Ejército. Más de 33 mil clientes de la región permanecían afectados por interrupciones de agua potable.
Estos hechos muestran que la gestión del riesgo no puede limitarse a evacuar personas, entregar ayuda o reponer servicios después del impacto. También debe preguntarse dónde se construyó, cómo se diseñaron las rutas, qué infraestructura debe seguir funcionando durante una crisis y qué inversiones fueron postergadas pese a la existencia de amenazas conocidas.
Ningún plan regulador puede impedir una lluvia extrema. Tampoco puede garantizar que una carretera jamás será interrumpida o que una red eléctrica resistirá cualquier evento. Pero una planificación actualizada sí puede reducir la exposición, proteger cauces y quebradas, limitar la ocupación de zonas peligrosas, orientar infraestructura redundante y evitar que las familias más vulnerables terminen habitando los terrenos que el mercado y el Estado dejaron disponibles.
El país ha avanzado en sistemas de alerta, coordinación institucional y evacuaciones. Los 66 mensajes SAE enviados durante el evento y el despliegue preventivo probablemente permitieron reducir consecuencias. Sin embargo, una respuesta eficiente no reemplaza una política territorial preventiva. Evacuar correctamente un campamento junto a un río evita una tragedia inmediata, pero no resuelve por qué esas familias llegaron a vivir allí.
Planes vigentes para territorios que ya cambiaron
Chile exhibe una cobertura formalmente amplia de instrumentos de planificación. En agosto de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que existían 325 instrumentos comunales vigentes, con cobertura sobre el 94% de las comunas. También había 200 procesos de nivel comunal en desarrollo en 183 municipios.
El problema está en confundir vigencia jurídica con actualización territorial. Un plan puede estar vigente y, al mismo tiempo, representar una ciudad que ya no existe. Puede haber sido elaborado antes de la expansión de campamentos, del crecimiento urbano sobre áreas rurales, de la modificación de una cuenca o de la recurrencia de fenómenos climáticos más intensos.
El diagnóstico nacional detallado publicado por el Minvu en 2023 identificó 284 comunas con instrumentos de ocho años o más. Entre ellas, 113 no registraban entonces una iniciativa de actualización. Por eso, no es responsable afirmar que Chile tiene 325 comunas con planes reguladores actualizados. La información oficial acredita la vigencia de los instrumentos, pero no entrega una cifra nacional consolidada de planes integralmente actualizados.
Esa ausencia de información también constituye una debilidad institucional. Un país expuesto a inundaciones, terremotos, incendios, remociones en masa, marejadas y sequías debería conocer públicamente la antigüedad de cada instrumento, la fecha de sus estudios de riesgo y la manera en que incorpora las nuevas condiciones climáticas.
La Ley 21.807, publicada en febrero de 2026, estableció que los instrumentos de planificación territorial deben mantenerse actualizados y ser revisados periódicamente. El avance normativo es importante, pero no bastará mientras los procesos continúen extendiéndose durante años y numerosos municipios carezcan de equipos técnicos, financiamiento y cartografía suficiente.
La planificación no puede seguir tratándose como un trámite administrativo separado de la seguridad de la población. El mapa que identifica una amenaza debe orientar los usos de suelo, los permisos de edificación, la localización de establecimientos de salud, las vías de evacuación y las inversiones públicas.
Una emergencia que supera los límites comunales
El temporal también volvió a demostrar que el riesgo no reconoce fronteras administrativas. Los ríos atraviesan municipios, las redes eléctricas abastecen varias ciudades, las carreteras articulan provincias completas y las interrupciones sanitarias pueden extenderse mucho más allá del lugar donde comenzó una emergencia.
Chile tiene siete áreas metropolitanas formalmente constituidas: Alto Hospicio e Iquique, Santiago, Gran Concepción, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, y Puerto Montt y Puerto Varas. Cinco de ellas quedaron comprendidas en las regiones cubiertas por la emergencia preventiva: La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O’Higgins y Gran Concepción.
Pero constituir un área metropolitana mediante decreto no significa que exista una gobernanza plenamente operativa. Las fuentes oficiales consultadas acreditan su creación, pero no ofrecen una clasificación común que permita determinar cuántas funcionan con capacidades técnicas, presupuesto, planificación integrada y mecanismos efectivos de coordinación.
No es correcto, entonces, afirmar que Chile tiene siete áreas metropolitanas completamente funcionando. Tiene siete constituidas, pero en distintos grados de instalación y consolidación. La propia presentación de nuevas guías de transporte metropolitano durante enero de 2026 evidencia que esta institucionalidad todavía se encuentra construyendo sus herramientas de planificación.
La diferencia importa. Un municipio puede autorizar viviendas aguas arriba y trasladar el costo de una inundación hacia otra comuna. Puede ampliar su superficie urbana sin considerar la capacidad sanitaria o vial del conjunto metropolitano. Mientras las ciudades funcionen como sistemas integrados, pero sean administradas como territorios aislados, cada emergencia seguirá revelando los costos de esa fragmentación.
No reconstruir la misma vulnerabilidad
La deuda territorial que este sistema frontal expone no fue creada por el Gobierno actual. Se acumuló durante sucesivas administraciones, municipios, gobiernos regionales, servicios públicos y empresas que tomaron decisiones sin suficiente coordinación.
Pero el carácter heredado del problema no reduce la responsabilidad de quien gobierna. El Ejecutivo no creó esta deuda, pero será responsable de decidir si vuelve a reconstruir sobre ella.
Cada proyecto financiado para recuperar viviendas, hospitales, caminos, sistemas sanitarios o infraestructura eléctrica debería quedar condicionado a una revisión del riesgo territorial. Reponer una obra en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones de exposición no es reconstruir. Es financiar anticipadamente la próxima emergencia.
El país necesita una auditoría nacional, pública y periódica de sus planes reguladores. Debe identificar la antigüedad de cada instrumento, la vigencia de sus estudios de riesgo, el avance de su actualización y su relación con los planes comunales de emergencia y reducción del riesgo de desastres.
También debe entregar capacidades reales a los gobiernos regionales y áreas metropolitanas para coordinar cuencas, infraestructura, movilidad, servicios básicos, evacuaciones e inversiones que superan los límites comunales. Sin presupuesto, competencias y decisiones vinculantes, la gobernanza metropolitana seguirá siendo una promesa institucional.
La planificación territorial suele presentarse como una discusión técnica, lenta y distante de las urgencias ciudadanas. Es exactamente lo contrario. Define quién quedará expuesto, qué infraestructura podrá seguir funcionando, cuánto costará reconstruir y qué comunidades cargarán con las consecuencias de decisiones adoptadas años antes.
La primera decisión ante un desastre no se toma cuando llega el mensaje SAE. Se adopta mucho antes, cuando se permite construir junto a un cauce, se posterga una obra, se omite la actualización de un mapa de riesgo o se acepta que miles de familias habiten territorios que nadie quiso planificar.
El temporal pasará y la emergencia disminuirá. Pero si Chile vuelve a reconstruir sin revisar la manera en que ocupa y administra su territorio, la próxima catástrofe ya habrá comenzado.
