La autoridad regional advierte falta de claridad en la agenda del Gobierno, cuestiona la real efectividad de una rebaja tributaria como motor de crecimiento y llama a profundizar la descentralización y el compromiso del sector privado para destrabar inversiones en la región de Atacama
Por Sandra Guijarro Vilela
En medio del debate sobre crecimiento, descentralización y reconstrucción, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, plantea que las principales trabas al desarrollo territorial no están únicamente en la burocracia, sino en la falta de coordinación, certezas y decisiones políticas. Advierte brechas persistentes entre el nivel central, las regiones y el mundo privado.
La discusión sobre desarrollo regional en Chile sigue marcada por la tensión entre decisiones centralizadas y necesidades territoriales. El gobernador de Atacama enfatiza que las principales trabas al crecimiento no se explican solo por la burocracia, sino por la falta de claridad en la agenda económica y de condiciones reales para concretar la cartera de inversiones.
Tras su participación en el panel sobre colaboración, descentralización y diversificación productiva del seminario Desarrollo Regional Inteligente: la experiencia de Finlandia y su relevancia para Chile, organizado por Fundación Chile-, el gobernador Miguel Vargas conversó en exclusiva con Poderyliderazgo.cl sobre la coyuntura política, su evaluación del Gobierno y su visión sobre Atacama.
Su diagnóstico apunta a una desconexión persistente que dificulta la ejecución de proyectos, incluso aquellos que cuentan con aprobación ambiental, que asegura ascienden a más de 10 mil millones de dólares. A la vez, plantea la urgencia de avanzar en descentralización efectiva y en un mayor compromiso empresarial con el desarrollo territorial.
¿Cuál es su evaluación del plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno y su pertinencia territorial?
A la luz de los resultados que hemos tenido respecto de los distintos sondeos de opinión, hay un descenso significativo en los niveles de adhesión al gobierno en poco tiempo. Eso tiene que ver con algunas decisiones que se están tomando, que traspasan costos importantes en ámbitos sensibles para el diario vivir de las personas.
Particularmente, la decisión de no aplicar una política pública como el mecanismo que habría evitado, tal vez, un alza importante en el precio de los combustibles. Porque no es solo el precio del petróleo o de la bencina, sino también los impactos que eso tiene en el costo de la canasta básica y en el transporte.
Indudablemente hay decisiones que se han tomado que están afectando a los chilenos y chilenas en el día a día, y eso es lo que se observa a poco andar de la gestión de este Gobierno.
¿Qué ajustes considera necesarios en la conducción del Ejecutivo?
Espero que se enmiende este rumbo y que, al final, se escuche también la opinión de quienes tienen una postura distinta. Los gobiernos tienen que buscar opciones que impidan traspasar los costos a las personas.
En eso consiste también la capacidad de gobernar, que es buscar alternativas que permitan al Estado asumir un rol importante cuando hay dificultades.
¿Cómo se traducen estas decisiones a nivel territorial?
Cuando se toman decisiones, esto afecta al país en su conjunto. Hay una que golpea más a las personas como el alza de los combustibles, pero tampoco se observa una claridad mayor respecto de cuál es la agenda en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico. No hay una agenda clara en estas líneas.
Específicamente en su región, ¿cómo se ha reflejado esa falta de claridad en la agenda económica?
En Atacama se acaba de anunciar la postergación del proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira, una inversión que cuenta con resolución de calificación ambiental y con un informe favorable de Cochilco. Sabemos lo que significa una fundición y refinería en una región como Atacama. Es un proyecto que fue muy defendido no solo por sectores del gobierno anterior, sino por gran parte de la comunidad regional.
Fui una de las personas que se opuso al cierre de la fundición de Paipote por el impacto que eso podía tener en la economía, pero al final aceptamos esa decisión sobre la base de que inmediatamente se iba a ingresar un proyecto de una nueva fundición al SEA.
Estamos hablando de una inversión de 1.700 millones de dólares, con impactos muy positivos en el empleo y en el crecimiento económico. Entonces, no se entiende una decisión como esta, si el Gobierno está por promover las inversiones y tiene una agenda procrecimiento.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el plan de inversiones para Atacama?
A eso me refiero cuando digo que no observamos mayor claridad respecto de cómo se van a materializar las agendas en el territorio. En Atacama tenemos iniciativas por más de 10 mil millones de dólares que cuentan con resolución de calificación ambiental y que no se materializan.
La situación de la inversión va más allá de la permisología, que se ha caricaturizado cuando se ha hablado tanto de ella. Hay muchas iniciativas aprobadas que no parten. Entonces, el problema es mucho más profundo, y es ahí donde no se observa con nitidez cómo se van a trabajar estos aspectos tan sensibles.
¿Cuáles son las prioridades urgentes que requieren definición en su región?
Atacama requiere sacar adelante proyectos de puertos, plantas desalinizadoras y proyectos mineros que ya cuentan con resolución ambiental. No está claro cómo se va a trabajar estas materias. Por eso se echa de menos que exista efectivamente una mayor claridad respecto de cómo se va a materializar la agenda que el gobierno propuso al país.
El Ejecutivo ha planteado modificar el sistema de evaluación ambiental para agilizarlo, ¿está de acuerdo?
Siempre voy a ser partidario de agilizar los trámites. No cabe duda de que nuestro sistema es muy burocrático y nos demoramos demasiado en la obtención de permisos, entre ellos el ambiental. Pero también nuestro sistema da garantías de que no se van a vulnerar derechos que son importantes.
El ámbito medioambiental es fundamental salvaguardarlo, al igual que los derechos de las comunidades cercanas a los yacimientos mineros. Los proyectos deben tener políticas de responsabilidad social; si eso no está garantizado, tienen pocas posibilidades de éxito. Esto hay que entenderlo como un todo.
Los acuerdos son fundamentales para garantizar la viabilidad de las iniciativas. Pero insisto que no es solo permisología ni burocracia.
El problema es más profundo, porque tenemos proyectos con resolución ambiental que no avanzan por otras razones, como la falta de inversión o de contratos.
“Espero que existan acuerdos por el bien de Chile”
¿Cuál es su apreciación del plan de reconstrucción nacional anunciado por el Gobierno y su pertinencia para las regiones?
El plan de reconstrucción no lo conozco en detalle; es un tema que está recién comenzando. El presidente lo anunció y debe discutirse en el Parlamento. Está planteado como una ley miscelánea, y ese tipo de leyes mezcla temas diversos, que puedes estar de acuerdo con algunos y otros no tanto.
No sé si las leyes misceláneas sean el mejor camino. Como decimos en buen chileno, nunca es bueno mezclar peras con manzanas. Espero que existan acuerdos por el bien de Chile.
Respecto a la rebaja de impuestos como incentivo a la inversión, ¿cuál es su postura?
Personalmente, no me parece adecuado bajar impuestos a las principales fortunas ni a las empresas como garantía de crecimiento económico. No está claro que una rebaja de impuestos tenga un efecto inmediato en el crecimiento económico. Distintos expertos han señalado que no es automático.
Si queremos aumentar la recaudación fiscal, cuesta entender porqué se opta por reducir impuestos. Esto probablemente generará un debate intenso en el Parlamento, lo que no es negativo, si permite transparentar posturas y alcanzar acuerdos que pongan el foco en lo principal, que es que el Estado tenga recursos suficientes para atender las necesidades de las personas.
¿Cómo debería abordarse entonces el equilibrio entre crecimiento económico y financiamiento del gasto social?
El Estado necesita recursos para cumplir con la agenda social. En Chile, en general, se pagan menos impuestos que en economías desarrolladas. Además, gran parte de la carga tributaria proviene del IVA, que pagamos los ciudadanos.
Los impuestos no deben satanizarse; son necesarios para financiar educación, salud, vivienda e infraestructura. Sin esos recursos, no se garantiza la paz social. Chile tiene una economía ordenada y acceso al crédito. Es posible crecer sin alterar significativamente la carga tributaria actual, aprovechando esa estabilidad.
Existe un consenso transversal sobre la necesidad de grandes acuerdos para impulsar el desarrollo regional. En ese contexto, ¿cómo evalúa las brechas entre las decisiones del nivel central y las necesidades reales de regiones como Atacama?
Creo que hay una brecha importante en cómo entendemos el desarrollo regional. No es lo mismo mirar el territorio desde Santiago, que desde la propia región. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo la descentralización y traspasar más competencias a los gobiernos regionales, para que tengan mayor incidencia en la solución de los problemas.
En Atacama esto se refleja claramente: el uso de recursos requiere el visto bueno de la Dirección de Presupuestos, lo que retrasa procesos y hace menos eficiente la gestión. Es clave avanzar hacia mayor autonomía, especialmente en la ejecución presupuestaria, a través de iniciativas como una ley de regiones más fuerte.
¿Cuáles son las brechas respecto del sector privado para concretar iniciativas en el territorio?
Muchas empresas que operan en regiones como Atacama toman decisiones fuera del territorio, ya sea que su casa matriz esté en Santiago o incluso en el extranjero, lo que genera una desconexión con la realidad local.
Esto se refleja en que los proyectos mineros no superan el 30% de contratación de mano de obra y 30% de proveedores locales, evidenciando una brecha importante en el vínculo con el territorio. Se requiere mayor compromiso efectivo de las empresas, que se traduzca en más empleo local y mayor participación de proveedores regionales, y un rol activo en áreas clave como la educación, especialmente la técnico-profesional.
¿Cómo calificaría su relación con el Gobierno central y qué espera en el corto plazo?
El gobierno está recién comenzando. Esperamos que el diálogo sea mucho más fluido. Con la delegada presidencial hay comunicación constante y nos hemos reunido con varias autoridades que están recién asumiendo.
Nuestro objetivo es trabajar en una agenda territorial que priorice los intereses de Atacama. Hay un plan de gobierno, pero obviamente muchas iniciativas tienen que tener también el visto bueno de la autoridad sectorial y para eso el entendimiento es muy importante.
Ojalá que con el correr del tiempo esta relación se vaya fortaleciendo, porque más allá de las diferencias políticas, lo importante es generar consensos para avanzar en lo sustantivo, que son las necesidades de las personas, mediante acuerdos y colaboración.
