La Sala respaldó acuerdos que alertan sobre el encarecimiento del transporte fuera de Santiago y critican la ausencia de mecanismos claros de mitigación para regiones, en medio del ajuste de precios de los combustibles
La Cámara de Diputadas y Diputados instaló un foco político en el impacto territorial del alza de los combustibles, al aprobar acuerdos que expresan preocupación por sus efectos en las regiones.
Con votaciones estrechas, la Sala advirtió que el aumento del precio de los combustibles incide directamente en el transporte de pasajeros, mientras el costo de la vida en regiones comienza a resentirse con mayor intensidad frente a estos ajustes.
El acuerdo aprobado cuestiona que las decisiones del Ejecutivo se adopten a través de mecanismos administrativos, como el uso del Mepco vía decreto, señalando que esto limita la discusión legislativa en materias que afectan de manera transversal a la ciudadanía.
En ese marco, se plantea que la definición del Gobierno restringe el debate democrático, mientras el Congreso pierde espacio para evaluar impactos y proponer medidas de mitigación específicas para las regiones.
Transporte regional y alza de costos
Uno de los puntos centrales del debate es el impacto directo en el transporte, donde el incremento en el precio de los combustibles se traduce en mayores costos operacionales para servicios de pasajeros. Esto afecta especialmente a zonas donde la conectividad depende de trayectos largos o sistemas menos regulados, lo que amplifica el efecto del alza.
En ese contexto, desde la Cámara se advierte que el encarecimiento del transporte impacta de forma inmediata en usuarios de regiones, mientras los operadores enfrentan mayores costos sin mecanismos claros de compensación, lo que tensiona tanto la continuidad de los servicios como el acceso de la población.
Críticas por ausencia de medidas fuera de Santiago
El debate legislativo también puso el foco en la diferencia entre las medidas anunciadas para la Región Metropolitana y la falta de definiciones equivalentes para el resto del país. Según lo expuesto en la Sala, esta asimetría profundiza las brechas territoriales en un escenario de alza sostenida de precios.
En esa línea, se cuestiona que no existan medidas explícitas para mitigar el impacto en regiones, mientras las políticas públicas mantienen un enfoque que prioriza la realidad de Santiago por sobre otras zonas del país, lo que abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso.
Incertidumbre en zonas no reguladas
Otro de los puntos abordados dice relación con la falta de claridad respecto de la aplicación de medidas en sistemas de transporte no regulados, donde la intervención del Estado es más limitada. Este vacío genera dudas sobre el alcance real de eventuales subsidios o planes de contención de tarifas.
Así, se advierte que no hay certeza sobre cómo se enfrentará el alza en zonas no reguladas, mientras persiste la interrogante sobre si existirán recursos suficientes para garantizar una cobertura efectiva en regiones, especialmente en territorios con menor acceso a subsidios estatales.
