Congreso extendió por 30 días el despliegue en La Araucanía y parte del Biobío, pero el Ejecutivo anunció una indicación para avanzar en reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en cuatro regiones del sur
El Gobierno abrió una nueva línea en su estrategia para la Macrozona Sur. Mientras el Congreso aprobó otros 30 días de estado de excepción en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, el Ejecutivo anunció una indicación sustitutiva para avanzar en el reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia.
El anuncio fue realizado por el biministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, durante la discusión en el Senado. La política oficial, explicó, se desplegará sobre tres ejes: orden, desarrollo y reconocimiento a las víctimas y comunidades. “Para el Gobierno es de importancia poder continuar con el estado de excepción”, sostuvo.
La iniciativa que será modificada corresponde al boletín 18.029-17, ingresado en diciembre de 2025 por la administración anterior. Busca establecer el reconocimiento, calificación y reparación, cuando corresponda, de víctimas del conflicto intercultural y territorial en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Permanece en primer trámite en el Senado y desde el 1 de septiembre tiene suma urgencia.
Reparación entra en la agenda de seguridad
El movimiento amplía un debate que durante los últimos años ha estado dominado por el despliegue militar y las facultades asociadas a los estados de excepción. En mayo, un grupo de diputados ya había solicitado fortalecer la iniciativa con mecanismos efectivos de indemnización. Ahora será la indicación sustitutiva anunciada por el Ejecutivo la que deberá precisar el alcance de la propuesta de reparación.
La señal llega mientras el estado de excepción continúa como soporte del control territorial. En la sesión se informó una reducción de 85% en los eventos de violencia rural frente a 2021 y 1.491 detenciones vinculadas a distintos ilícitos. Senadores que respaldaron la prórroga advirtieron que esa baja no supone la desaparición de las estructuras violentas y rechazaron iniciar todavía un desescalamiento.
La continuidad de la medida ocurre además mientras el Congreso analiza la reforma de seguridad que busca ampliar las facultades extraordinarias del Ejecutivo, una discusión que corre en paralelo a la estrategia específica aplicada en La Araucanía y Biobío.
Seguridad y víctimas, dos frentes en paralelo
La incorporación de la reparación introduce una dimensión distinta en una política que lleva más de cuatro años apoyada en medidas extraordinarias. El Gobierno mantiene el despliegue, pero busca sumar una respuesta institucional para quienes han sufrido las consecuencias de la violencia en el sur.
El siguiente paso estará en la tramitación del proyecto y, especialmente, en el contenido definitivo de la indicación sustitutiva. Su discusión permitirá determinar quiénes podrán ser reconocidos como víctimas, qué mecanismos de reparación se contemplarán y cuál será su alcance, mientras la estrategia de seguridad continúa descansando, por ahora, en el estado de excepción.
