El acuerdo duplica de 12 a 24 horas el período considerado inmediato para detener a un imputado y amplía las diligencias policiales bajo instrucciones del Ministerio Público. La iniciativa deberá ahora ser votada por ambas cámaras
La ampliación del plazo de flagrancia dio un paso decisivo en el Congreso. La Comisión Mixta logró resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados y acordó elevar de 12 a 24 horas el período máximo que permitirá considerar una situación como flagrante.
El cambio modifica el artículo 130 del Código Procesal Penal, que actualmente establece un máximo de 12 horas entre la comisión del delito y la captura del imputado en determinadas hipótesis de flagrancia. El proyecto quedó ahora en condiciones de ser votado por las Salas de ambas corporaciones antes de completar su tramitación legislativa.
El presidente de la Mixta, senador Pedro Araya, explicó que “al aumentar el plazo de flagrancia, se permite que la policía pueda tener un mayor margen de actuación para poder identificar a quién cometió un delito, poder recoger pruebas”, junto con permitir que el Ministerio Público autorice mediante instrucciones generales diligencias policiales relevantes durante las primeras horas de una investigación.
Más tiempo para recoger evidencia
El acuerdo incorpora además la posibilidad de que las policías desarrollen determinadas diligencias autónomas bajo instrucciones generales previas del Ministerio Público, evitando esperar autorizaciones caso a caso cuando existan evidencias que puedan desaparecer, ser ocultadas o perderse.
El senador Andrés Longton sostuvo que actualmente algunas diligencias “se demoran más de la cuenta y tienen riesgo de desaparecer, perderse o bien ocultarse, si es que no se recaban inmediatamente, particularmente cuando hay flagrancia”.
La regla general acordada será de 24 horas para todos los delitos, mientras que excepcionalmente la policía marítima podrá operar bajo un plazo de 48 horas. La diferencia responde a las mayores distancias y tiempos de traslado que pueden enfrentar las unidades navales durante persecuciones o procedimientos en el mar.
La iniciativa, presentada originalmente en diciembre de 2023, forma parte de una agenda legislativa de seguridad que durante los últimos meses ha buscado ampliar capacidades policiales y herramientas de persecución penal. Ahora será el Senado y la Cámara quienes deberán pronunciarse sobre la fórmula acordada por la Comisión Mixta.
