La instancia, aprobada por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, tendrá 60 días para revisar la respuesta estatal frente a bots, redes coordinadas, desinformación e inteligencia artificial en elecciones y plebiscitos desde 2020
Al segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la creación de una Comisión Especial Investigadora destinada a revisar cómo han actuado los organismos del Estado frente al uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas y otras herramientas de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020.
La solicitud impulsada por el diputado José Montalva consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando el quórum necesario para constituir la instancia. La jornada anterior había obtenido 60 respaldos, 41 votos en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos votos de los 62 requeridos.
El mandato aprobado es más amplio que investigar las eventuales actividades del consultor argentino Fernando Cerimedo en Chile. La comisión deberá recopilar antecedentes sobre las actuaciones de organismos públicos relacionadas con el conocimiento, prevención, detección y fiscalización del uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial desde 2020.
Sesenta días para revisar la respuesta del Estado
La instancia tendrá un plazo máximo de 60 días para entregar su informe. Su eje, por tanto, será determinar qué información manejaron las instituciones, qué capacidades tenían para identificar operaciones digitales coordinadas y cómo actuaron frente a estas prácticas durante procesos electorales y plebiscitarios.
Montalva planteó que la investigación no pretende desconocer procesos electorales ya realizados. “Esta comisión no busca perseguir a un sector político ni poner en duda elecciones; busca esclarecer si existieron operaciones organizadas con bots”, señaló tras la aprobación.
La diferencia es relevante. Una Comisión Especial Investigadora no reemplaza una investigación penal ni tiene atribuciones para declarar culpabilidad de particulares. La Constitución establece que estas instancias tienen por objeto reunir información relativa a determinados actos del Gobierno y pueden solicitar antecedentes y citar a ministros, funcionarios de la Administración y representantes de empresas estatales.
Eso significa que el Congreso podrá poner bajo revisión las capacidades y decisiones de organismos estatales, pero no convertir la comisión en un tribunal para determinar responsabilidades penales de Cerimedo o de quienes eventualmente hayan participado en operaciones digitales.
El caso que reabrió la discusión sobre los bots
La controversia volvió a escalar en Chile a partir de antecedentes conocidos sobre Fernando Cerimedo, consultor político argentino que ha trabajado en campañas latinoamericanas y que anteriormente tuvo actividades vinculadas al proceso constitucional chileno.
Tras su detención en Bolivia, durante los procedimientos realizados en ese país fueron incautados equipos que las autoridades investigadoras calificaron como una “mini granja de bots”. La defensa del consultor ha rechazado esa interpretación y ha sostenido que correspondían a dispositivos utilizados para comunicaciones y conexiones. Hasta ahora, no existe evidencia judicial pública que acredite que esos equipos hayan sido utilizados para intervenir una elección determinada en Chile.
El debate adquiere especial relevancia porque las herramientas automatizadas no son ilegales por definición. Bots y sistemas de programación pueden utilizarse legítimamente para publicar contenidos, entregar información o administrar servicios. El problema aparece cuando una estructura automatizada busca simular la existencia de ciudadanos independientes, ocultar quién coordina una operación o amplificar artificialmente determinados mensajes políticos.
Ese mecanismo y sus actuales vacíos regulatorios fueron abordados en profundidad al analizar cómo bots y trolls pueden fabricar una mayoría digital que en realidad no existe. En Chile no existe actualmente una prohibición electoral general contra el uso de bots, aunque otras normas pueden operar cuando existen pagos no declarados, financiamiento irregular, amenazas, delitos informáticos u otras conductas tipificadas.
La nueva comisión entra precisamente en esa zona: no investigar únicamente si existieron cuentas falsas, sino qué herramientas tenía el Estado para descubrir quién estaba detrás de ellas, cómo eran financiadas y si formaban parte de estructuras coordinadas.
Una votación políticamente dividida
La aprobación también mostró una división clara en la Cámara. Los 43 votos en contra se concentraron principalmente en parlamentarios de Republicanos, UDI, RN, PSC y PNL, mientras la vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón (RN), registró la única abstención.
Montalva cuestionó posteriormente esa postura y afirmó que le preocupaba que un sector importante de la derecha hubiera rechazado o no respaldado la iniciativa. La discusión política, sin embargo, será solo una parte de una comisión cuyo mandato está formalmente delimitado por las facultades fiscalizadoras de la Cámara.
La ofensiva parlamentaria en torno al caso tampoco termina allí. El Partido Socialista presentó además una iniciativa denominada “Ley Cerimedo”, orientada a aumentar la transparencia y trazabilidad del gasto electoral realizado a través de redes sociales y plataformas digitales, incluyendo cuentas y perfiles financiados directa o indirectamente por candidaturas y partidos.
También existen solicitudes de antecedentes ingresadas en la Cámara. El 26 de agosto, por ejemplo, se ofició al Ministerio de Seguridad Pública para informar sobre las acciones adoptadas frente a la infraestructura tecnológica incautada en Bolivia y las capacidades institucionales existentes para identificar redes coordinadas de carácter transnacional y determinar su eventual operación en Chile.
La constitución de la comisión llevará ahora esa discusión desde las denuncias políticas hacia una instancia formal de fiscalización. El desafío será establecer qué capacidad tiene realmente el Estado chileno para seguir la huella de una operación digital coordinada, identificar a quienes la financian y distinguir entre participación política legítima y una estructura diseñada para aparentar un respaldo ciudadano que no existe.
Los próximos 60 días pueden entregar respuestas sobre el caso que originó el debate, pero también instalar una pregunta que va bastante más allá de Cerimedo: si las actuales reglas electorales e institucionales de Chile están preparadas para una campaña en la que miles de voces aparentes pueden ser administradas desde una misma estructura tecnológica.
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