El caso Cerimedo reabrió en Chile una discusión incómoda: cómo redes coordinadas pueden fabricar relevancia, qué permite la legislación, dónde comienza la infracción y por qué una multitud puede distorsionar la conversación democrática sin tocar una urna
Un video aparece en una red social y en pocos minutos empieza a acumular comentarios, reacciones y republicaciones. Después abandona el círculo donde nació, alcanza otras audiencias, entra en tendencias y termina provocando respuestas de candidatos, periodistas o autoridades.
La secuencia parece reflejar el interés espontáneo de miles de personas, salvo por una posibilidad cada vez más difícil de descartar: que una parte de esa primera multitud haya sido creada o coordinada para conseguir precisamente que el resto crea que existe.
Una granja de bots no necesita alterar una urna ni convencer directamente a miles de electores para obtener un resultado político. Puede bastarle con impulsar artificialmente una conversación hasta que usuarios reales, medios y dirigentes comiencen a reaccionar. A partir de ese momento, una operación artificial ya produjo consecuencias reales y reconstruir dónde comenzó se vuelve considerablemente más difícil.
La discusión volvió a Sudamérica tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo. Durante los allanamientos, la Fiscalía informó el hallazgo de equipos que calificó como una “mini granja de bots”; su defensa niega esa interpretación y asegura que se trataba de dispositivos de comunicación y conexión. Los equipos están sometidos a peritajes y, hasta ahora, no existe evidencia judicial pública que demuestre que fueron utilizados para intervenir una elección determinada.
Cerimedo importa como detonante, pero también porque años antes había hablado abiertamente sobre estas herramientas. En 2023 explicó que administraba miles de cuentas destinadas a mejorar artificialmente la circulación de contenidos políticos y describió el procedimiento sin demasiados rodeos: “Los usamos para generar más relevancia y para mentirle al algoritmo, para que crea que el contenido es muy relevante”.
La multitud puede caber en un computador
Un bot no es ilegal por definición. Es software capaz de automatizar acciones que también podría realizar una persona: publicar información, responder consultas, monitorear datos o programar contenidos. Empresas, organismos públicos, medios y campañas utilizan automatización todos los días. El problema comienza cuando esa herramienta deja de reconocerse como tecnología y pasa a representar identidades que aparentan ser ciudadanos independientes.
Una granja puede controlar centenares o miles de cuentas que siguen perfiles, publican mensajes, responden, reaccionan o comparten contenidos siguiendo una estrategia común. Marcelo Santos, profesor asociado de Periodismo de la Universidad Diego Portales e investigador de CICLOS, pone el acento precisamente en esa ausencia de usuarios reales: “A este tipo de actividad la llamamos una actividad inauténtica, porque no hay usuarios reales detrás. Son celulares con cuentas creadas sin una persona”.
La imagen de una habitación cubierta por teléfonos corresponde solo a una posibilidad. Una estructura moderna puede operar mediante servidores, servicios en la nube y sistemas para administrar numerosos perfiles, apoyada por operadores humanos que seleccionan temas, producen contenidos y observan tendencias.
La inteligencia artificial añadió otra capacidad: hoy es posible crear fotografías, biografías, publicaciones y respuestas diferentes, alimentar una identidad durante semanas y combinar cuentas automáticas con otras controladas directamente por personas.
Guillermo Bustamante, doctor en Comunicación y académico de la Universidad de los Andes, advierte que esas redes pueden utilizar distintos niveles de automatización, pero comparten una finalidad política central: “El objetivo es simular una actividad orgánica, es decir, hacer parecer que determinadas acciones son realizadas espontáneamente por personas comunes”.
La diferencia entre bots y trolls también importa. El bot automatiza acciones; el troll puede ser una persona real que opera una o varias identidades, provoca discusiones, ataca adversarios o participa en una estrategia de posicionamiento. Una misma estructura puede sumar influencers, militantes genuinos, perfiles ficticios, grupos coordinados por WhatsApp o Telegram y sistemas automatizados, hasta volver difusa la frontera entre cada capa.
El recurso más valioso no es necesariamente el computador. Una operación necesita cuentas, conocimiento de las plataformas, contenidos capaces de producir reacción y personas que comprendan los conflictos políticos de una sociedad. Una granja puede fabricar volumen, pero no crear desde cero una preocupación que nadie tiene; su oportunidad aparece al exagerar, acelerar o volver dominante una conversación que ya encuentra algún grado de receptividad.
Los algoritmos facilitan ese salto porque deben decidir qué contenidos mostrar entre millones de publicaciones y observan señales como velocidad de interacción, comentarios y republicaciones. Una red coordinada puede concentrar actividad en los primeros minutos para aumentar las posibilidades de que el contenido atraviese su audiencia inicial.
Ingrid Bachmann, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, explica ese procedimiento: “Manipulas esa parte del algoritmo para que un contenido que, en realidad, está instalado o intencionado, aparezca como mucho más orgánico”.
El momento decisivo llega cuando usuarios genuinos encuentran ese contenido, comienzan a compartirlo y la conversación deja de depender de quienes la iniciaron. Periodistas observan su circulación, un candidato responde y esa respuesta genera nuevas publicaciones. Las cuentas originales pueden incluso desaparecer después de conseguir algo más valioso que una interacción: convertir el tema en agenda.
Cerimedo aseguró en 2023 manejar alrededor de 50 mil cuentas creadas artificialmente para monitorear conversaciones e influir mediante contenidos, una cifra entregada por él y sin auditoría independiente que permita verificarla. También dijo que activar una infraestructura ya montada podía sumar unos US$2.000 a una operación, mientras situó sus honorarios de consultoría entre US$50 mil y US$100 mil mensuales. La escala ayuda a explicar el atractivo político de un servicio capaz de producir miles de interacciones con una infraestructura previamente construida.
Chile: cuando el dinero compra voces aparentes
La primera frontera se pierde cuando la discusión se reduce a preguntar si “los bots son legales”. Una candidatura chilena puede programar publicaciones, contratar herramientas de análisis, administrar sus redes y organizar a cientos de adherentes reales para difundir una consigna simultáneamente. La coordinación política no se vuelve ilícita simplemente porque sea organizada o tecnológicamente eficiente.
La legislación interviene con mayor claridad cuando existe contratación. Desde la reforma de 2024, el artículo 31 de la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios reconoce como propaganda electoral la difundida mediante redes sociales cuando existe contratación y pago, pero mantiene fuera de esa categoría la expresión política realizada por personas naturales. Esa protección descansa sobre un supuesto que hasta hace pocos años parecía evidente: que detrás de cada ciudadano digital existe efectivamente una persona.
Cuando cientos de perfiles aparentemente independientes son administrados desde un mismo lugar, ese límite comienza a desdibujarse. La Ley 19.884 considera gasto electoral los desembolsos destinados a promover candidaturas e incluye pagos a quienes prestan servicios a una campaña, de modo que una prestación no desaparece de la rendición porque sea denominada asesoría digital, reputación, posicionamiento o manejo de comunidades.
La misma norma prohíbe determinados aportes provenientes del extranjero. La ubicación de un servidor fuera de Chile no demuestra por sí sola que exista financiamiento irregular, pero en una operación transnacional resultan decisivos quién paga, quién presta el servicio y quién recibe el beneficio.
Para la elección presidencial y parlamentaria de 2025, el Servel exigió además que redes sociales y plataformas que vendieran propaganda registraran sus sistemas de contratación o tarifas, y dispuso que los contratos fueran suscritos por candidatos, partidos o administradores electorales. La publicidad política digital pagada tiene, por tanto, reglas de trazabilidad; el área más difícil de fiscalizar surge cuando un servicio contratado busca precisamente no parecer publicidad.
Chile intentó abordar directamente esa zona en 2018. El boletín 12.313-06 proponía prohibir bots, cuentas falsas y programas de inteligencia artificial utilizados para influir electoralmente sobre terceros. El proyecto fue archivado, por lo que no existe hoy una prohibición electoral general que convierta el mero empleo de un bot en una infracción o delito.
Eso no vuelve jurídicamente inmunes a las redes coordinadas. Si mediante ellas se ejecutan amenazas, accesos ilícitos a sistemas, interceptación de información u otras conductas tipificadas, entran en juego normas penales distintas. Esa discusión adquirió una dimensión concreta con la denuncia presentada por el diputado Juan Santana, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para establecer si existe relevancia penal.
El fiscal nacional Ángel Valencia fue cuidadoso al delimitar esa etapa y evitó convertir la existencia de bots en un delito automático: “Nos corresponde remitir los antecedentes a una fiscalía regional para que decida si los hechos son constitutivos de delito o ameritan investigación”. Los antecedentes serán revisados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte antes de determinar si existe base para abrir una causa.
El daño puede comenzar mucho antes de contar los votos
La discusión ética comienza donde la ley deja de ser suficiente. Una operación puede difundir información verdadera, no hackear ningún sistema y evitar amenazas, pero seguir engañando políticamente si utiliza identidades ficticias para presentar como reacción ciudadana lo que en realidad corresponde a una estructura organizada.
La propaganda tradicional también intenta influir, pero tiene un emisor reconocible: un partido, una organización o un candidato. Una red inauténtica obtiene su ventaja de ocultarlo, porque el mensaje parece provenir de ciudadanos independientes. Ahí aparece una desigualdad distinta a la publicidad convencional: el dinero deja de comprar solamente difusión y puede comenzar a comprar apariencia de ciudadanía, multiplicando artificialmente el peso visible de una posición.
Eso no significa que una granja pueda fabricar a voluntad el resultado de una elección. Parte de la investigación académica ha encontrado efectos más limitados sobre el cambio directo de preferencias que los atribuidos habitualmente a estas tecnologías. Mostrar un contenido millones de veces no equivale automáticamente a modificar intereses, experiencias, temores o decisiones electorales.
El sociólogo y académico de la Universidad de Santiago Alberto Mayol ubica el riesgo en un terreno distinto al de la conversión inmediata de votos: “La esfera pública es una especie de sistema nervioso de la sociedad: convierte millones de experiencias dispersas en problemas reconocibles, argumentos, controversias y finalmente decisiones”.
Una red puede fracasar en convertir electores y aun así degradar la reputación de un adversario, hostigar periodistas, sembrar dudas sobre una institución u obligar a un candidato a responder durante días una controversia marginal.
Ninguna de esas operaciones reemplaza las condiciones económicas, la inseguridad, la migración, la desconfianza institucional o las demandas sociales que movilizan a los votantes, pero sí puede alterar la atención que una sociedad dedica a cada problema y amplificar corrientes políticas que ya existen.
Cuando la discusión llega al poder político
El caso Cerimedo llevó finalmente esa discusión hasta la política chilena. Durante la campaña presidencial de 2025, Evelyn Matthei denunció ataques desde cuentas anónimas y posteriormente relacionó la desaparición de algunos perfiles con la detención del consultor argentino. Hasta ahora no existe evidencia judicial pública que demuestre que Cerimedo administrara esas cuentas o que haya trabajado para la campaña presidencial de José Antonio Kast.
El Presidente reconoció conocerlo por encuentros políticos, pero negó una relación profesional y rechazó que haya prestado servicios a sus campañas o al Ejecutivo: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”.
El debate llegó este martes 1 de septiembre a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde una solicitud para crear una comisión investigadora sobre bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en procesos electorales desde 2020 obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones. Necesitaba 62, por lo que fue rechazada por falta de quórum; sus impulsores anunciaron que volverán a presentarla.
La eventual regulación deberá evitar dos extremos. Prohibir genéricamente la automatización puede alcanzar usos legítimos, mientras entregar al Estado la facultad de resolver qué opiniones políticas son verdaderas o falsas abre otro riesgo democrático. La frontera más defendible parece estar en transparentar quién habla, quién paga y cuándo muchas voces aparentemente independientes pertenecen a una misma estructura.
La democracia antes de la urna
Una elección sigue definiéndose contando votos emitidos por personas reales, pero la decisión comienza mucho antes de llegar a la urna, cuando los ciudadanos determinan qué problemas parecen dominar al país, qué candidato crece, qué institución enfrenta rechazo o qué acusación merece atención. La manipulación digital no necesita cambiar una urna si consigue alterar la percepción de la sociedad que llegará hasta ella.
El caso Cerimedo podrá terminar acreditando responsabilidades o descartando algunas de las sospechas que hoy lo rodean. La discusión que abrió, sin embargo, permanece: la tecnología ya permite fabricar identidades, amplificar conversaciones y simular respaldo a gran escala.
El problema democrático aparece cuando una sola organización puede entrar a la disputa política disfrazada de miles de ciudadanos y conseguir que los demás reaccionen como si esa multitud fuera real.
