La mitad de los trabajadores en Chile ha vivido o presenciado consecuencias laborales por publicaciones en redes sociales. Hernán Leal aborda los límites entre reputación profesional, privacidad, libertad de expresión y decisiones empresariales
Por Daisy Castillo Triviños
Un comentario escrito sin pensar demasiado, un video grabado durante un fin de semana, una opinión política o una discusión que termina expuesta públicamente pueden convertirse en un problema que trasciende las redes sociales y alcanza directamente la vida laboral.
El estudio Redes Sociales y Empleo de Laborum revela que el 50% de los trabajadores en Chile afirma haber vivido o presenciado situaciones en que publicaciones realizadas en redes sociales personales tuvieron consecuencias negativas en el trabajo. La cifra aumentó nueve puntos respecto de 2025, cuando alcanzaba 41%, posicionando a Chile con el mayor porcentaje entre los países considerados en la medición.
Entre quienes conocen este tipo de situaciones, un 71% señala que le ocurrió a alguien de su entorno laboral o personal, mientras 29% afirma haberlo experimentado directamente. El problema es que contenidos que originalmente pertenecen al ámbito privado pueden mantenerse disponibles, ser compartidos fuera de contexto y terminar afectando la empleabilidad o la trayectoria profesional mucho después de haber sido publicados.
La discusión se instala además en un mercado donde la digitalización está cambiando los procesos de búsqueda y selección de trabajadores. Durante Expo Laborum 2026, más de 80 empresas participaron de una feria laboral que incorporó herramientas de inteligencia artificial para automatizar perfiles, optimizar currículums y apoyar la preselección de candidatos, mostrando hasta qué punto la tecnología ya forma parte del reclutamiento.
En conversación con Poderyliderazgo.cl, Hernán Leal, fundador y presidente ejecutivo de FASTCO Group, advierte que la dimensión profesional de las redes sociales todavía es subestimada. “Las redes sociales personales pueden terminar provocando efectos muy concretos en la vida profesional. Las consecuencias tampoco son menores”, sostiene.
Leal detalla que “un 52% de trabajadores sufrió daños en su reputación laboral, un 35% perdió su empleo y un 32% vio truncadas sus oportunidades de ascenso. Además, un 10% asegura que la situación los obligó a cambiar de rubro y un 5% reporta la pérdida de clientes o potenciales clientes”.
La frontera entre vida privada y trabajo
Durante años existió una separación relativamente clara entre la vida privada y el trabajo, pero las plataformas digitales han debilitado esa frontera. Lo publicado desde un teléfono puede ser visto por compañeros, jefaturas, proveedores o clientes y, dependiendo de su contenido o de la difusión que alcance, terminar formando parte de una evaluación profesional.
Los propios trabajadores parecen conscientes de ese riesgo. El estudio de Laborum señala que el 64% controla lo que publica en sus cuentas por temor a consecuencias negativas sobre su carrera, una conducta que para Leal abre una discusión que va bastante más allá de recomendar simplemente pensar antes de publicar.
“Hay que preguntarse también hasta dónde llega la responsabilidad de una persona frente a lo que publica y hasta dónde puede llegar una empresa a cuestionar lo que alguien hace fuera de su horario laboral. No todo lo que ocurre en una cuenta personal debería transformarse automáticamente en un problema laboral”, afirma.
La discusión adquirirá además una nueva dimensión regulatoria. La Ley N°21.719 de Protección de Datos Personales entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y obligará a las organizaciones a revisar la forma en que recopilan, utilizan y protegen información personal.
El cambio ya está siendo analizado desde el mundo empresarial como parte de las nuevas exigencias que enfrentarán las compañías en el tratamiento de datos de clientes, trabajadores y usuarios.
¿El escenario, a su juicio, con esta normativa se vuelve más complejo?
“Si una empresa revisa las redes sociales de un candidato y utiliza sus opiniones, fotografías o relaciones personales para descartar, la pregunta deja de ser solamente ética: ¿está evaluando sus competencias o construyendo, sin informarle, un perfil sobre su vida privada? Porque publicar algo en internet no debería equivaler a entregarles a los empleadores carta blanca para transformarlo en un filtro laboral”.
Leal agrega que la dimensión reputacional tampoco puede ser ignorada. “En los negocios, la imagen no es un detalle: es parte del patrimonio de una persona y de una empresa. Clientes, socios e inversionistas no sólo observan resultados, también evalúan confianza, coherencia y reputación. Una publicación impulsiva o malintencionada puede poner en duda años de credibilidad”.
¿Y qué ocurre desde el lado de las empresas?
“El estudio de Laborum revela otro dato interesante, al respecto. El 22% de los especialistas en Recursos Humanos reconoce que revisa las redes sociales de los candidatos durante un proceso de selección. Entre quienes lo hacen, las principales razones son conocer aspectos de la personalidad e intereses, evaluar la reputación online y verificar si la información del candidato es consistente con lo presentado durante el proceso”.
La práctica aparece mientras los departamentos de Recursos Humanos incorporan cada vez más tecnología para evaluar postulaciones. Una expresión de ese cambio es el uso creciente de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento y selección, desde la construcción automatizada de perfiles hasta el procesamiento de grandes volúmenes de candidatos.
“Hoy todos tenemos una vitrina pública”
Para Leal, la revisión de las redes sociales confirma que la reputación profesional ya no se construye exclusivamente dentro de una oficina. La exposición digital alcanza incluso a personas con comunidades pequeñas y puede transformarse tanto en una herramienta para generar oportunidades como en una fuente de problemas laborales.
“Hoy todos tenemos una vitrina pública, aunque tengamos pocos seguidores. Una publicación puede ayudarte a mostrar lo que haces, construir contactos y abrir oportunidades, pero también puede producir el efecto contrario. El problema es que seguimos actuando muchas veces como si lo que ponemos en redes desapareciera después de unos minutos”, plantea.
El empresario sostiene que esto no implica vivir con temor ni transformar las cuentas personales en extensiones de la comunicación corporativa. “Las personas tienen derecho a tener opiniones, vida privada y espacios propios. El desafío está en entender que libertad y consecuencias pueden convivir. No porque todo lo que publiques debe agradarle a tu empresa, sino porque hoy una reputación puede construirse o dañarse mucho más rápido que antes”.
Su recomendación es partir de una realidad básica de las plataformas: cualquier contenido puede ser capturado, compartido o difundido fuera de su contexto, incluso desde perfiles privados. Antes de publicar plantea preguntarse si la información es verdadera, si aporta algún valor y si existiría disposición para explicarla posteriormente frente a un equipo, un cliente o un eventual empleador.
Las críticas tampoco deben quedar excluidas de las redes sociales. Leal considera que pueden ser legítimas cuando están formuladas con respeto, cuentan con antecedentes suficientes y no se transforman en ataques personales. Lo mismo ocurre con materias políticas, religiosas o de alta connotación social, que no deberían desaparecer de los espacios personales, aunque requieren mayor atención respecto de la audiencia, el contexto y el propósito con que son publicadas.
El desafío se vuelve todavía más relevante porque el reclutamiento digital avanza hacia modelos capaces de cruzar automáticamente antecedentes profesionales y vacantes. En Chile ya existen experiencias donde la inteligencia artificial analiza perfiles laborales y niveles de compatibilidad entre candidatos y ofertas, ampliando el debate sobre qué información debe ser considerada realmente pertinente en una decisión de contratación.
Cuando la huella digital alcanza los cargos públicos
Los efectos de antiguas publicaciones también han quedado expuestos en la actividad política. En 2024, Gonzalo Soto (PPD) alcanzó a permanecer solo algunas horas como seremi de Justicia del Biobío después de que antiguos mensajes publicados en redes sociales fueran cuestionados por su contenido misógino y sexista. La entonces seremi de Gobierno del Biobío, Jacqueline Cárdenas, confirmó que los antecedentes conocidos durante esa jornada influyeron en su salida.
Una situación similar enfrentó Sandra Maldonado en agosto de 2025. Su permanencia como seremi de Energía de Aysén no alcanzó las 24 horas luego de la difusión de antiguas publicaciones en Facebook que contenían críticas y expresiones dirigidas al fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Distinto fue el caso de Aldo Ibani, quien dejó la Seremi de Salud de Valparaíso en abril de 2026 después de tres días en funciones. Su salida no estuvo relacionada con publicaciones realizadas por él, sino con cuestionamientos que circularon en redes sociales respecto de su experiencia en salud pública, capacidad de gestión y conocimiento de la red asistencial.
Los casos muestran que la huella digital puede incidir de formas diferentes sobre una trayectoria profesional, desde publicaciones personales realizadas años atrás hasta cuestionamientos públicos que escalan rápidamente en las plataformas. La discusión que plantea Leal apunta precisamente a establecer qué parte de esa información resulta legítima para evaluar profesionalmente a una persona y qué elementos deberían seguir perteneciendo al ámbito de su vida privada.
