La diputada y exsubsecretaria de Derechos Humanos cuestiona la reforma constitucional de seguridad, advierte sobre las facultades del Ejecutivo y plantea límites institucionales frente al crimen organizado, terrorismo y restricción de derechos
Por Daisy Castillo Triviños
A cinco meses de haber llegado a La Moneda, el presidente José Antonio Kast enfrenta nuevos reparos por la reforma constitucional y legal en materia de seguridad que impulsa para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
La iniciativa contempla cambios al régimen de estados de excepción constitucional, ampliando sus plazos operativos hasta 240 días, además de un rol más amplio de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público y disposiciones que podrían limitar determinados derechos sociales de personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y su tramitación enfrenta diferencias políticas por el alcance de las nuevas facultades presidenciales, los controles institucionales y la protección de los derechos fundamentales. Sobre estos puntos, Poder y Liderazgo conversó con la diputada y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries.
Estado de excepción y derechos fundamentales
La iniciativa del Ejecutivo contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública que permitiría, entre otras medidas, la restricción de derechos como la interceptación y registro de comunicaciones. Desde su perspectiva en el ámbito de los derechos humanos, ¿hasta qué punto este mecanismo cruza una línea roja en la afectación de garantías fundamentales?
Sí, todos los estados de excepción son una línea roja y, por lo mismo, hay que tener cuidado y no normalizar la vida bajo ese estado. En este caso, además, este estado de excepción, pensado para efectos de la persecución del crimen organizado y del terrorismo, va más allá en términos del tipo de garantías que se suspenden o se restringen.
El hecho de que recién después de un período de 120 días se solicite el acuerdo del Congreso para la prórroga, me parece que eso claramente afecta el diseño democrático del país.
Estoy absolutamente de acuerdo con las palabras del expresidente Boric. Efectivamente, este es un estado de excepción que se extralimita en términos de que, en general, los estados de excepción requieren el acuerdo del Congreso. Actualmente, son 15 días en el caso de los estados de emergencia.
Aquí lisa y llanamente se pasa a 120, pudiendo pasar a 240 y, además, con un período de tiempo que puede durar 8 meses en términos de su vigencia. Esto claramente es excesivo y, por cierto, se pasan a llevar garantías y derechos fundamentales de población que no necesariamente es sospechosa de participar en el crimen organizado.
¿Qué artículos o disposiciones de esta reforma considera inaceptables y que la oposición jamás debería aprobar?
En general, le diría que el uso de reformas constitucionales para baipasear el Tribunal Constitucional, eso ya es un problema en sí. Por lo tanto, lo que hay que dejar claro y hay que ponerse de acuerdo en eso es qué tipo de cuestiones son efectivamente una reforma constitucional y qué otras debieran estar en rango legal y, por ende, sometidas a la discusión en el Parlamento y, eventualmente, ante la posibilidad de requerir al Tribunal Constitucional.
La reforma contempla la interceptación de comunicaciones dentro de determinados sectores. ¿Qué riesgos observa en esta facultad desde la perspectiva de los derechos fundamentales y los controles institucionales?
En el caso de la interceptación de comunicaciones, el problema es que no opera respecto de personas concretas, sino que, indiscriminadamente, dentro de un sector que va a estar acotado o determinado por el propio Ejecutivo, y eso significa aumento de la discrecionalidad y menos contrapesos para efectos de evitar abusos.
El tema de la interceptación de comunicaciones tipo pesca de arrastre es una vulneración de derecho.
Crimen organizado, terrorismo y derechos sociales
¿Usted cree que partidos que se definen de izquierda puedan estar considerados dentro de esa lista?
Me refiero a partidos tradicionales de izquierda, a partidos nuevos de izquierda o a cualquiera que profese ideologías de izquierda. Esa es una pregunta pendiente y que hay que hacer.
Organizaciones, por ejemplo, de reivindicación de tierra mapuche van a estar dentro de la lista, porque aquí la definición de terrorismo no necesariamente es la que los diputados, diputadas, la gente de los distintos partidos asume de la ley antiterrorista. Y habría que saber si ésa va a ser la definición que asume el presidente Kast.
¿Y qué piensa en cuanto a la restricción de derechos sociales para personas condenadas?
La restricción en materia de derechos, con penas tan altas como las que ya tenemos, me parece que viola efectivamente una línea que es la universalidad de derechos, porque las personas condenadas, por cierto, están bien condenadas, pero eso no obsta a que tengan la posibilidad de ejercer derechos y el único finalmente que está conculcado es el de la libertad personal.
Evidentemente, el crimen organizado ya está penado, el hecho de pertenecer a una organización criminal o banda criminal, por lo tanto, en esto no se innova. Quiero saber, o habría que saber, qué es lo que se está pretendiendo con esto. Esas para mí son cuestiones que, de acuerdo a cómo se discutan, habría que rechazar y serían líneas rojas.
El desafío de construir un acuerdo en seguridad
Frente a un escenario donde la ciudadanía exige soluciones urgentes en materia de seguridad, pero donde este tipo de reformas terminan convirtiéndose en trincheras políticas, ¿cuál es su postura sobre cómo la oposición y el oficialismo debiesen encauzar un acuerdo transversal?
Se está trabajando justamente en la oposición para que existan líneas o barreras frente a las cuales estaríamos rechazando. Es un proceso que está en discusión.
Lo más importante es que haya un acuerdo transversal que le ponga cara a este tipo de reforma que, además, se hizo pasándose tres pueblos y, hoy día, se empiezan a echar para atrás que, por supuesto, esa es la estrategia del gobierno y, en general, del Partido Republicano, tirar los globos sonda para ver qué es lo que se opina y, de ahí, empiezan a recular.
Hay que poner presión para que aquellos aspectos que no contribuyen o que atentan contra el orden democrático y el Estado de Derecho no sean aceptados.
El debate que viene
La discusión de la reforma constitucional de seguridad continuará en el Congreso con el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública como uno de sus principales puntos de debate. El proyecto contempla ocho modificaciones constitucionales y mantiene abierta la discusión sobre la duración de las facultades extraordinarias, los controles políticos y las restricciones de derechos.
La tramitación también deberá resolver el alcance de las atribuciones presidenciales y el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. La discusión se produce mientras el Senado mantiene vigente la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, antecedente que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre seguridad pública, facultades extraordinarias y controles institucionales.
