Chats, expedientes y resoluciones judiciales permiten seguir las conexiones de Luis Hermosilla fuera de Santiago, con fiscales, autoridades locales y magistrados de La Araucanía, Aysén, O’Higgins y Valparaíso, en causas y procesos que hoy vuelven a ser revisados
El 23 de agosto de 2018, mientras la Corte Suprema revisaba los recursos de nulidad del caso Luchsinger Mackay, Luis Hermosilla preguntó al abogado José Ramón Correa quién era su mejor contacto dentro de la Sala Penal. Correa respondió con un nombre, el ministro Manuel Valderrama. Hermosilla, quien entonces representaba al Ministerio del Interior, explicitó el resultado que buscaba: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”. Correa le informó que al día siguiente se reuniría con el magistrado.
La conversación ocurrió mientras estaba pendiente un expediente plenamente identificable. El segundo juicio por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay se tramitó ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco bajo el RUC 1300701735-3 y RIT 150-2017, mientras los recursos contra la sentencia llegaron posteriormente a la Corte Suprema como Rol 15.163-2018. La Segunda Sala estuvo integrada por Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y Jorge Dahm.
Dos días después del primer mensaje, Hermosilla volvió a consultar a Correa por la conversación con Valderrama. Correa describió al magistrado como “críptico”, aunque transmitió una evaluación favorable del encuentro. El 10 de octubre de 2018, la Corte Suprema acogió parcialmente los recursos, eliminó la calificación terrorista y dictó sentencia de reemplazo, pero no dispuso la realización de un nuevo juicio. Valderrama ha negado haber recibido gestiones relacionadas con la causa y hasta ahora no existe una resolución que establezca que esos contactos hayan incidido en su decisión.
Ocho años después, aquellas comunicaciones están en el origen de una nueva investigación. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por la abogada Karina Riquelme Viveros, en representación de José Tralcal Coche, bajo el RUC 2610025756-3 y RIT 9451-2026.
La acción atribuye a Hermosilla presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia y busca establecer qué ocurrió mientras el máximo tribunal analizaba los recursos. La admisibilidad permite investigar los hechos denunciados, pero no supone responsabilidad penal.
La Araucanía, una relación que comenzó años antes
La presencia de Hermosilla en La Araucanía antecede al segundo gobierno de Sebastián Piñera. El 2 de enero de 2014, el Ministerio del Interior informó que el entonces ministro Andrés Chadwick y Hermosilla, presentado como asesor legal de la cartera, se reunieron con el fiscal nacional Sabas Chahuán para abordar hechos de violencia registrados en la región. El Ejecutivo solicitó la designación de un fiscal preferente y el Ministerio Público encargó esas investigaciones al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.
Durante la segunda administración de Piñera, Hermosilla regresó a Interior y amplió su participación en causas de la Macrozona Sur. Los 49 informes de desempeño obtenidos mediante Transparencia y publicados por CIPER, correspondientes a su trabajo entre marzo de 2018 y marzo de 2022, registran actuaciones en Luchsinger Mackay, Operación Huracán, Catrillanca y otros asuntos relacionados con seguridad. Los documentos consignan revisión de carpetas investigativas, solicitudes de diligencias, reuniones, preparación de estrategias judiciales y viajes a Temuco.
En febrero de 2018, Hermosilla intervino directamente en el nuevo juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Su representación correspondía al Ministerio del Interior y no a la familia de las víctimas, precisión que Jorge Luchsinger volvió a realizar después de conocida la nueva querella. El penalista actuaba, por tanto, en representación del Estado cuando meses después comenzaron las comunicaciones vinculadas con el recurso pendiente ante la Corte Suprema.
Los mensajes muestran además que el contacto relacionado con Manuel Valderrama había comenzado antes del 23 de agosto. El día 9 de ese mes, José Ramón Correa recordó a Hermosilla que debía llamar al ministro y posteriormente le transmitió que el magistrado había agradecido esa comunicación. El contenido completo de la llamada no ha sido conocido públicamente y constituye uno de los antecedentes cuyo alcance busca establecer la nueva investigación.
Operación Huracán y Carlos Palma
Mientras intervenía en Luchsinger Mackay, Hermosilla comenzó también a trabajar para Interior en Operación Huracán, investigación abierta después de descubrirse la manipulación de evidencia atribuida a funcionarios de Inteligencia de Carabineros. Sus informes registran desde mayo de 2018 la revisión periódica de la carpeta, solicitudes de diligencias y participación en la estrategia judicial del Gobierno, labores que continuaron durante los años siguientes.
En esa investigación coincidió con Carlos Palma, entonces fiscal regional de Aysén y persecutor encargado de indagar las irregularidades detectadas en Operación Huracán. Palma ha situado en esa causa el comienzo de su relación con Hermosilla. Los chats conocidos posteriormente muestran que el contacto se mantuvo y comenzó a incluir conversaciones sobre postulaciones judiciales, nombramientos en cortes y la posterior candidatura del propio fiscal regional para encabezar el Ministerio Público.
Cuando Palma postuló a fiscal nacional en 2022, ambos conversaron sobre apoyos y contactos dentro del proceso. El persecutor informó a Hermosilla sobre una reunión con Andrés Chadwick y los mensajes registraron gestiones destinadas a conseguir respaldos. La relación iniciada cuatro años antes en una investigación vinculada con La Araucanía seguía activa cuando Palma buscaba acceder a la máxima jefatura del Ministerio Público.
En ese mismo período surgió otro antecedente que posteriormente llegó a tribunales. Palma remitió a Hermosilla un audio correspondiente a una interceptación telefónica de una investigación por narcotráfico y solicitó reserva sobre su contenido. El abogado no intervenía en esa causa y el episodio terminó incorporado a una investigación penal sobre la actuación del fiscal, agregando otra dimensión a una relación iniciada originalmente en Operación Huracán.
Las conversaciones entre ambos también alcanzaron procesos de nombramiento regionales. En 2018 hablaron sobre José Mora Trujillo y la Corte de Apelaciones de Coyhaique, mientras en 2020 Palma solicitó apoyo para Rafael Corvalán, entonces candidato a una vacante en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Corvalán no llegó a O’Higgins y terminó siendo designado ese mismo año en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Catrillanca, Cristián Paredes y Ángela Vivanco
La muerte de Camilo Catrillanca, ocurrida el 14 de noviembre de 2018 durante un operativo policial en Temucuicui, volvió a situar a Hermosilla en La Araucanía. Como abogado del Ministerio del Interior se reunió con el entonces fiscal regional Cristián Paredes mientras comenzaban las investigaciones y el Gobierno preparaba acciones judiciales relacionadas con la actuación de Carabineros.
Tres días después, Hermosilla estuvo presente en una reunión realizada en la residencia de Andrés Chadwick. El informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados registró que en ese encuentro el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, informó que uno de los funcionarios participantes del procedimiento portaba una cámara, había retirado la tarjeta de memoria y posteriormente la había destruido.
Más de dos años después, otra causa vinculada con la familia Catrillanca apareció en las conversaciones de Hermosilla con Ángela Vivanco, entonces ministra de la Corte Suprema. El 8 de febrero de 2021, el penalista le consultó por la posibilidad de integrar la Sala Penal que debía revisar un recurso de amparo presentado contra la PDI por un procedimiento realizado en Temucuicui y que había afectado a la hija de siete años de Camilo Catrillanca.
Hermosilla manifestó que existían argumentos para rechazar la acción y Vivanco explicó las condiciones bajo las cuales podría integrar la sala. La ministra finalmente no participó y la Corte Suprema confirmó el amparo, bajo el Rol 11.434-2021. Los chats fueron posteriormente incorporados a antecedentes remitidos por el Ministerio Público dentro del procedimiento que examinó las relaciones entre Vivanco y Hermosilla.
Cristián Paredes volvió a aparecer en 2019, cuando postuló para dirigir la Fiscalía Metropolitana Sur. Durante ese proceso se publicaron antecedentes sobre gestiones atribuidas a Hermosilla para conseguir respaldos entre ministros de tribunales. Paredes quedó fuera de la terna y no existe una resolución que haya establecido una intervención ilícita del penalista en esa candidatura, por lo que ese episodio mantiene un nivel de acreditación distinto al de los hechos incorporados posteriormente a expedientes judiciales.
O’Higgins, fiscales y el exalcalde Eduardo Soto
En O’Higgins, las conexiones siguieron otra trayectoria. Entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, Hermosilla sostuvo 11 reuniones con el entonces fiscal regional Emiliano Arias, período durante el cual participaba profesionalmente en investigaciones relevantes para la región. Entre ellas estaba una arista del caso Caval vinculada con el empresario Gonzalo Vial Concha y la representación que había ejercido anteriormente de Herman Chadwick Larraín.
Arias ha sostenido que esos encuentros correspondían a causas donde Hermosilla actuaba como abogado y ha negado haberle entregado información reservada. Durante la crisis interna que posteriormente enfrentó la Fiscalía de O’Higgins, Sergio Moya formuló acusaciones sobre una supuesta intervención destinada a favorecer a Herman Chadwick. Esa imputación fue investigada y posteriormente descartada en sede administrativa y penal, por lo que no puede ser incorporada como un hecho acreditado.
La conexión con el entonces alcalde de Rancagua Eduardo Soto aparece de manera más directa en los mensajes. En junio de 2017, Soto preguntó a Hermosilla si existían novedades respecto de la investigación por irregularidades en el Teatro Regional.
El penalista respondió que vendrían declaraciones y posteriormente el archivo. La causa, identificada bajo el RUC 1700003171-2 y RIT 4146-2017, continuó su tramitación y en 2019 incluso llegó a fijarse una audiencia de formalización contra Soto, que posteriormente fue dejada sin efecto.
La relación entre ambos excedía aquel intercambio. Hermosilla formó parte del equipo que asistió al entonces alcalde frente a otra denuncia por acoso sexual y Soto entregó una de sus versiones públicas desde las oficinas del penalista en Santiago. Esa denuncia terminó descartada por los tribunales, mientras la investigación vinculada con la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua siguió un recorrido independiente.
O’Higgins volvió a entrar al Caso Hermosilla años después, aunque mediante una causa distinta. En 2024, la Fiscalía de Alta Complejidad regional solicitó acceso a conversaciones del abogado con Antonio Ulloa, Mario Carroza y Juan Poblete dentro de una investigación sobre eventuales delitos relacionados con sus contactos en el Poder Judicial. Esa indagatoria no deriva de Caval ni de las antiguas reuniones con Arias, sino de una arista abierta posteriormente a partir de los chats.
Valparaíso y la información enviada por Antonio Ulloa
En Valparaíso, uno de los antecedentes con mayor respaldo documental surgió de las conversaciones entre Hermosilla y el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. El 25 de marzo de 2022, el magistrado le envió información relacionada con la votación de una solicitud de desafuero contra el gobernador regional Rodrigo Mundaca, pese a que Hermosilla no intervenía en ese proceso.
El episodio quedó establecido posteriormente en la resolución AD 1086-2025 de la Corte Suprema. El máximo tribunal consignó que el desafuero se tramitaba bajo el Rol de Ingreso Penal N°4585-2021, que el asunto había quedado en acuerdo el 23 de marzo de 2022 y que, dos días después, Ulloa entregó a Hermosilla la hoja con las preferencias de los ministros antes de que la decisión fuera pública. La sentencia sobre el desafuero fue dictada recién el 8 de junio.
La conducta de Ulloa fue posteriormente revisada también por el Congreso. El 10 de noviembre de 2025, el Senado acogió los tres capítulos de la acusación constitucional presentada en su contra. Las materias incluyeron vulneraciones al deber de reserva por filtraciones de información, incumplimiento de los deberes de abstención e imparcialidad e intervención indebida en nombramientos judiciales. Ulloa fue destituido y quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
Los nombramientos conectan además esta arista con O’Higgins. Rafael Corvalán había aparecido previamente en conversaciones entre Carlos Palma y Hermosilla cuando postulaba a una vacante en la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero terminó siendo nombrado ministro en Valparaíso. Otros chats situaron posteriormente a Ulloa participando en gestiones vinculadas con candidaturas judiciales, materia que terminó formando parte del reproche institucional en su contra.
Conexiones distintas fuera de Santiago
Los antecedentes de La Araucanía, O’Higgins y Valparaíso muestran relaciones de naturaleza diferente. Hermosilla actuó formalmente como abogado del Estado en causas de La Araucanía, mantuvo reuniones profesionales con un fiscal regional en O’Higgins, recibió consultas de un alcalde sobre una investigación en curso y sostuvo comunicaciones con magistrados que posteriormente fueron sometidas a revisión judicial o institucional.
Tampoco todos esos episodios tienen el mismo nivel de respaldo. La presencia de Hermosilla en la reunión posterior a la muerte de Catrillanca está consignada en documentación oficial de la Cámara; la entrega de información sobre Rodrigo Mundaca fue establecida por la Corte Suprema; las reuniones con Emiliano Arias constan en registros de transparencia; y las comunicaciones del caso Luchsinger forman ahora parte de una querella penal con RUC y RIT identificados.
En otros casos, principalmente las gestiones vinculadas con determinadas postulaciones de fiscales o magistrados, existen conversaciones y antecedentes periodísticos, pero no necesariamente resoluciones que hayan establecido una actuación ilícita. Esa diferencia resulta relevante en una investigación donde los chats reúnen actuaciones profesionales, relaciones personales, gestiones informales y hechos que posteriormente sí recibieron reproche administrativo, político o judicial.
Luchsinger vuelve a los tribunales
La querella por Luchsinger Mackay, RUC 2610025756-3 y RIT 9451-2026, devuelve ahora la investigación a agosto de 2018. El Ministerio Público deberá establecer el alcance de las comunicaciones realizadas mientras Hermosilla representaba al Ministerio del Interior y la Segunda Sala de la Corte Suprema revisaba el Rol 15.163-2018, originado en la causa RUC 1300701735-3 y RIT 150-2017.
La parte querellante sostiene que los mensajes y llamadas deben ser investigados bajo figuras penales como tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Manuel Valderrama ha rechazado haber recibido solicitudes relacionadas con la causa y hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca que modificó su actuación debido a esos contactos, ni que Hermosilla haya cometido los ilícitos atribuidos en la acción.
La nueva investigación deberá reconstruir qué ocurrió mientras la Corte Suprema estudiaba los recursos y determinar si esas comunicaciones permanecieron dentro de los márgenes de una gestión profesional o informal, o si tuvieron la relevancia penal que sostiene la querella. El expediente vuelve así sobre una relación surgida en una causa de La Araucanía y la somete ahora a una investigación judicial formal.
Sobre este contenido: Fuentes oficiales, reporteo y edición periodística con apoyo de IA.
