El gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal plantea que el crecimiento minero debe traducirse en empresas regionales competitivas, innovación, empleo e infraestructura capaces de dejar capacidades permanentes en sus propios territorios
Durante décadas, buena parte de la conversación sobre minería en Chile se ha medido en toneladas, inversión, exportaciones y nuevos proyectos. Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal A.G. (AII), propone agregar otra medida: cuánto de ese crecimiento logra permanecer en las regiones que sostienen la actividad.
La pregunta adquiere especial fuerza en el norte. Allí conviven algunas de las operaciones mineras más importantes del país con territorios que todavía buscan transformar esa presencia productiva en empresas regionales más competitivas, empleo de calidad, infraestructura, conocimiento e innovación capaces de proyectarse más allá de cada faena.
Desde Tarapacá, Gómez observa una oportunidad que supera los límites de la propia minería. La región comienza a articular minería, energía, logística y comercio exterior, mientras el Corredor Bioceánico abre una discusión sobre cómo convertir mayor conectividad en desarrollo regional.
Pero esa posibilidad no ocurre automáticamente. Para el ejecutivo gremial, fortalecer los territorios exige proveedores capaces de incorporar tecnología, elevar estándares y acceder a nuevos mercados. Una discusión que también comienza a tomar forma entre empresas del centro y norte del país que buscan ampliar su participación en la cadena de proveedores de la minería.
La mirada de Marcos Gómez pone así una cuestión territorial en el centro de la conversación minera: el crecimiento no debiera evaluarse solamente por cuánto produce una región, sino también por las capacidades económicas, empresariales y humanas que consigue construir a partir de esa actividad.
¿Cuáles han sido los principales avances de la minería chilena en sostenibilidad, medio ambiente y relación con los territorios durante los últimos años?
La minería chilena ha experimentado una transformación importante en la forma de entender la sostenibilidad. Hoy existe una visión mucho más integral, donde el desempeño productivo debe ir necesariamente acompañado de eficiencia energética, gestión hídrica, reducción de emisiones, economía circular y una relación más estrecha con las comunidades.
Uno de los cambios más relevantes ha sido la incorporación creciente de energías renovables y el desarrollo de soluciones asociadas al uso de agua de mar y desalinización, particularmente relevantes para las operaciones del norte del país. También vemos avances importantes en estándares ambientales, gestión de residuos, seguridad y trazabilidad de procesos.
Desde la perspectiva regional, destacaría además un cambio cultural: existe mayor conciencia respecto de que una operación minera sostenible no puede desarrollarse de manera aislada del territorio. Las compañías han avanzado en relacionamiento comunitario, empleo local y desarrollo de proveedores. El desafío ahora es consolidar esos avances como una dimensión estructural de la actividad minera y no solamente como iniciativas asociadas a proyectos específicos.
¿Cuál es hoy el principal desafío para compatibilizar crecimiento minero, sostenibilidad y legitimidad territorial?
Uno de los principales desafíos es lograr compatibilizar tres dimensiones que deben avanzar simultáneamente: inversión, sostenibilidad y desarrollo territorial.
Chile tiene una extraordinaria oportunidad vinculada a la demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética, pero necesitamos condiciones que permitan transformar esa oportunidad en inversión efectiva. Esto implica avanzar en certeza regulatoria, modernización y eficiencia de los procesos de permisos, infraestructura habilitante y formación de capital humano.
Al mismo tiempo, la legitimidad territorial será cada vez más relevante. Las regiones productoras necesitan percibir de manera concreta que una mayor actividad minera se traduce en empleo, empresas regionales más competitivas, infraestructura y nuevas oportunidades. El desafío no es solamente producir más minerales, sino conseguir que ese crecimiento fortalezca los ecosistemas productivos de las regiones.
¿En qué materias ambientales la minería necesita avanzar con mayor urgencia y dónde persisten las principales brechas?
Debemos acelerar particularmente en economía circular, gestión de residuos industriales, eficiencia hídrica, descarbonización y recuperación de materiales.
En las regiones mineras existe un enorme potencial para desarrollar una verdadera industria vinculada a la valorización de neumáticos fuera de uso, aceites, plásticos, residuos electrónicos y otros materiales generados por las operaciones productivas.
Los avances que comienza a mostrar la industria en reciclaje de neumáticos mineros y economía circular reflejan parte de ese potencial. Eso requiere no solamente compromisos empresariales, sino también regulación adecuada, incentivos e infraestructura.
En Tarapacá, por ejemplo, creemos que existen condiciones excepcionales para avanzar hacia un polo de economía circular asociado a minería, logística y Zona Franca. Sin embargo, todavía existen barreras regulatorias, tributarias y aduaneras que dificultan transformar materiales recuperados en nuevos productos comercializables dentro y fuera de la región.
Por ello, además de elevar los estándares ambientales de las compañías, necesitamos generar un ecosistema productivo que permita convertir esos desafíos ambientales en nuevas actividades económicas, emprendimientos, innovación y empleo regional.
¿Qué debe cambiar en la relación entre minería y comunidades para construir mayor confianza y generar valor compartido en los territorios?
La confianza se construye con relaciones permanentes, transparencia y resultados verificables. Las comunidades deben participar desde etapas tempranas y contar con información clara respecto de los impactos, oportunidades y compromisos asociados a los proyectos.
Pero también debemos avanzar desde una lógica basada principalmente en compensaciones o iniciativas aisladas hacia relaciones de largo plazo orientadas a generar capacidades en los territorios. El desarrollo de nuevos modelos de diálogo y participación en territorios mineros refuerza precisamente la importancia de construir relaciones que trasciendan intervenciones puntuales.
El valor compartido se produce, por ejemplo, cuando una empresa regional logra elevar sus estándares, certificarse, incorporar tecnología y posteriormente prestar servicios no solamente a una faena, sino a distintas operaciones dentro y fuera de su región. Ahí estamos generando capacidades empresariales que trascienden un proyecto específico.
También resulta fundamental una mayor coordinación territorial entre compañías mineras, gobiernos regionales, municipios, universidades, centros de formación, asociaciones empresariales y comunidades. Muchos desafíos territoriales exceden la capacidad de una sola compañía y requieren una mirada colaborativa.
De cara al futuro, ¿qué tendría que ocurrir para que una mayor parte del valor generado por la minería permanezca en las regiones?
El gran desafío de la próxima década será conseguir que una proporción cada vez mayor del valor generado por la minería permanezca en las regiones productoras mediante capacidades que perduren en el tiempo. Eso supone fortalecer los encadenamientos productivos y crear condiciones para que nuestras empresas regionales puedan innovar, incorporar tecnología y competir en estándares equivalentes a los grandes proveedores nacionales e internacionales.
También será determinante avanzar en infraestructura. En regiones como Tarapacá, minería, energía, logística y comercio exterior pueden generar importantes sinergias durante los próximos años, especialmente considerando el desarrollo del Corredor Bioceánico, el Puerto de Iquique y la plataforma logística y comercial asociada a ZOFRI.
La minería debe convertirse progresivamente en una plataforma para diversificar las economías regionales. El éxito no debería medirse únicamente por toneladas producidas o inversión ejecutada, sino también por cuántas empresas regionales lograron crecer, cuántas personas adquirieron nuevas competencias, cuánta innovación surgió desde los territorios y qué nuevas actividades económicas permanecieron después.
Si conseguimos avanzar en esa dirección, la minería no será percibida solamente como una actividad que ocurre en las regiones, sino como uno de los principales motores para construir su desarrollo futuro.
Regiones capaces de construir valor propio
La discusión que plantea Gómez va más allá de aumentar porcentajes de contratación local. El desafío es conseguir que las empresas nacidas en regiones puedan crecer, innovar, incorporar tecnología y competir más allá de su propio territorio, utilizando la minería como una plataforma desde la cual desarrollar nuevas capacidades.
Ese debate también comienza a instalarse a escala nacional. La posibilidad de transformar la riqueza minera y energética en conocimiento, especialización y nuevos sectores productivos forma parte de la discusión sobre cómo Chile puede avanzar hacia una economía de mayor valor a partir de sus ventajas naturales.
Tarapacá ofrece una expresión concreta de esa posibilidad. Minería, energía, logística, ZOFRI, el Puerto de Iquique y el futuro Corredor Bioceánico pueden reforzarse mutuamente, pero el resultado dependerá de la capacidad regional para conectar esas actividades y convertirlas en empleo, emprendimiento, innovación, formación y empresas capaces de proyectarse hacia nuevos mercados.
La medida del éxito, entonces, puede ser bastante más exigente que una cifra de producción. La pregunta será qué quedó en el territorio después de la inversión: cuántas empresas crecieron, cuánto conocimiento se generó, qué nuevas oportunidades aparecieron y cuánto más diversa logró hacerse la economía regional.
