La Cámara Alta respaldó por amplia mayoría otros 30 días de la medida en La Araucanía y parte del Biobío. La discusión estuvo marcada por los cuestionamientos a la reforma constitucional que ampliaría las facultades presidenciales
El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, prolongando por otros 30 días el despliegue especial en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La solicitud del Ejecutivo obtuvo 27 votos a favor, uno en contra y una abstención y comenzará a regir desde el 23 de agosto.
La medida busca mantener las condiciones de seguridad, facilitar el libre tránsito y fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas, las policías y el Gobierno. Se trata de un régimen excepcional que permanece vigente en la zona desde mayo de 2022 y cuya continuidad volvió a concitar un respaldo ampliamente transversal en la Cámara Alta.
Respaldo con llamados a revisar la estrategia
Durante el debate, los senadores Miguel Ángel Becker, Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra y Alfonso de Urresti coincidieron en respaldar la pertinencia de la medida frente a la disminución de los hechos de violencia, aunque plantearon la necesidad de evaluar permanentemente sus resultados y avanzar hacia una estrategia más amplia para los territorios afectados.
Entre las materias mencionadas estuvieron la continuidad del diálogo y una mayor participación de ministerios vinculados al desarrollo social y habitacional.
Los antecedentes oficiales entregados durante las últimas renovaciones muestran una reducción significativa de la violencia rural respecto de los niveles registrados en 2021. Un informe de la Subsecretaría de Seguridad Pública presentado en junio situó esa caída en 79%, aunque advirtió que persisten desafíos, entre ellos el uso de armas de fuego y la presencia de grupos capaces de protagonizar hechos violentos.
El único voto en contra correspondió al senador Alejandro Kusanovic, quien cuestionó la prolongación durante años de una herramienta constitucional concebida como excepcional. “Cuando el Estado no es capaz de poner orden en 4 años, es un fracaso”, afirmó durante la sesión.
La reforma de seguridad cruza el debate
La discusión cambió de eje cuando los parlamentarios abordaron la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. La propuesta contempla, entre otras materias, la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública destinado a entregar mayores herramientas al Estado frente al crimen organizado y amenazas graves a la seguridad.
Durante la sesión, el Senado situó uno de los principales reparos en la posibilidad de mantener facultades excepcionales hasta por 240 días sin una nueva autorización del Congreso. Los senadores Matías Walker, Ricardo Celis, Vannesa Kaiser, Iván Flores y Diego Ibáñez intervinieron planteando cuestionamientos sobre la extensión de esas atribuciones, el control parlamentario y el alcance de medidas como la interceptación de comunicaciones.
Walker ya había advertido públicamente que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos y cuestionó que el Congreso pudiera quedar durante un período prolongado sin intervenir en el control de facultades extraordinarias. Las críticas se han extendido además a sectores del propio oficialismo, abriendo un debate que anticipa una tramitación compleja para uno de los principales proyectos de seguridad del Ejecutivo.
Un respaldo que no equivale a un cheque en blanco
En la vereda contraria, los senadores Cristián Vial y Rodolfo Carter llamaron a no debilitar anticipadamente la reforma y defendieron la necesidad de discutir su contenido durante la tramitación antes de cerrar posiciones. La diferencia dejó en evidencia que el amplio respaldo a mantener el despliegue en la Macrozona Sur no necesariamente se trasladará a todas las nuevas herramientas constitucionales que propone La Moneda.
La votación entregó así una señal política doble. Existe mayoría para mantener una herramienta que el Congreso considera todavía necesaria frente a la situación de seguridad en el sur, pero comienza a emerger una discusión mucho más compleja respecto de los límites, controles y contrapesos que deben acompañar las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
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