La Comisión Mixta comenzará este miércoles a resolver las diferencias del proyecto de Inteligencia Económica. El legislador por O’Higgins advierte que perseguir las estructuras financieras será decisivo para golpear al crimen organizado más allá de sus ejecutores
El dinero que sostiene a las organizaciones criminales vuelve al centro del debate legislativo, ya que mañana se constituirá la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en torno al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una iniciativa que lleva más de tres años de tramitación y cuya discusión más sensible sigue concentrada en el secreto bancario.
Para el senador por O’Higgins Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, el desafío es que el Estado consiga avanzar desde la persecución de quienes ejecutan los delitos hacia las estructuras que permiten financiarlos, mover sus recursos e introducirlos en circuitos aparentemente legales. La composición vigente de la comisión confirma al parlamentario entre sus cinco integrantes.
“Este miércoles nos constituimos quienes integramos esta comisión mixta. Es el último trámite en el diseño de una ley que ha tenido una larga evolución y que se ha entrampado por las diferencias que existen sobre el acceso excepcional al secreto bancario. Espero que, de una vez por todas, el énfasis esté puesto en perseguir a los peces grandes y no solo a quienes ejecutan los delitos en la calle”, afirmó Castro.
La discusión retoma un conflicto que quedó pendiente después de que el proyecto de Inteligencia Económica pasara a Comisión Mixta tras el rechazo del Senado. La iniciativa busca construir un sistema de trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, con intercambio de información y nuevas capacidades para identificar operaciones sospechosas asociadas a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
El secreto bancario vuelve al centro
Uno de los principales nudos proviene de una norma aprobada previamente por la Cámara y rechazada posteriormente en el Senado. La fórmula permitiría que, de manera excepcional, la UAF solicite directamente antecedentes protegidos por secreto bancario sin autorización judicial previa, cuando sean necesarios para completar el análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
La propuesta considera deberes de reserva, controles internos y obligaciones de informar sobre la utilización de esa facultad. Actualmente, el acceso a esa información requiere intervención judicial, precisamente uno de los puntos que ha dividido al Congreso entre quienes privilegian una respuesta más rápida de inteligencia financiera y quienes advierten sobre la necesidad de mantener controles previos frente a una herramienta intrusiva.
Castro se ubica entre quienes consideran necesario abrir una vía excepcional para investigaciones calificadas.
“La Operación Tokyo dejó en evidencia que incluso ejecutivos de un banco aparecieron vinculados al Tren de Aragua. Eso obliga a preguntarse cuántos otros espacios del sistema financiero podrían estar siendo utilizados por estas organizaciones. Aquí lo importante es seguir la ruta del dinero y llegar a quienes financian y sostienen estas redes criminales”, señaló.
La denominada Operación Tokio estuvo presente durante toda la discusión del Senado. El propio registro legislativo recoge que la investigación permitió desarticular parte de la estructura financiera y una célula vinculada al Tren de Aragua, alimentando el debate sobre la capacidad del Estado para detectar movimientos financieros antes de que una causa penal se encuentre plenamente desarrollada.
Qué delitos podrán activar el sistema
El secreto bancario no será la única diferencia que deberá resolver la Mixta. Otro punto importante está en hasta dónde podrá operar el Subsistema de Inteligencia Económica.
La Cámara introdujo una restricción que vinculaba determinadas facultades a investigaciones sobre asociaciones delictivas o criminales. El Senado rechazó esa limitación, argumentando que dejar fuera otros delitos podría reducir la capacidad preventiva del sistema y excluir operaciones sospechosas relevantes que no necesariamente aparezcan inicialmente asociadas a una organización de tres o más personas.
Ese debate ya había quedado instalado durante la estrecha votación del Senado sobre secreto bancario, donde el acceso directo de la UAF terminó rechazado después de sucesivos empates. La Mixta deberá ahora construir una fórmula capaz de superar esa división.
El objetivo original del proyecto es más amplio que levantar información bancaria. Busca analizar datos económicos y financieros, aumentar la trazabilidad de operaciones, mejorar el intercambio de información entre organismos públicos y fortalecer la fiscalización, además de crear unidades especializadas de inteligencia económica en el SII y Aduanas.
Para Castro, esa capacidad tiene también una dimensión regional: “En nuestra región también hemos visto señales de cómo el crimen organizado ha extendido sus tentáculos al sistema financiero. Pensar que esto ocurre solo en otras ciudades es un error. Se trata de una estrategia global que busca instalarse allí donde hay poder y dinero”.
El parlamentario añadió que la discusión será una señal sobre la profundidad con que el Estado está dispuesto a enfrentar estas estructuras. “Por eso esta ley será una prueba de fuego para saber si realmente existe voluntad de combatir al crimen organizado en todos sus niveles, incluso cuando toca a los más poderosos”, sostuvo.
La advertencia conversa con una preocupación que la propia Comisión de Seguridad Pública recogió recientemente durante sus sesiones en Magallanes: las organizaciones criminales modifican rutas, territorios y mecanismos de operación a medida que encuentran nuevos espacios para expandirse. Castro participó de esas sesiones junto a Karim Bianchi y Andrés Longton.
La Comisión Mixta deberá ahora convertir ese diagnóstico en una fórmula legislativa. El punto de fondo no será solamente decidir cuándo puede abrirse una cuenta bancaria, sino determinar hasta dónde podrá adelantarse la inteligencia económica para detectar el dinero que sostiene al crimen antes de que desaparezca detrás de empresas, prestanombres y movimientos financieros aparentemente normales.
Después de tres años de tramitación, la discusión vuelve así a la pregunta que ha acompañado al proyecto desde su origen: si combatir al crimen organizado significa únicamente aumentar las capacidades policiales o también seguir el patrimonio, identificar a quienes financian las redes y golpear la estructura económica que les permite mantenerse operativas.
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