El Senado aprobó los tres vetos del Gobierno y eliminó normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días. Quiroz valoró el resultado, aunque admitió que la regulación para las pymes deberá volver a revisarse.
La megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast cerró su tramitación en el Congreso. La Sala del Senado aprobó este miércoles los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y eliminó del proyecto las normas sobre anatocismo, derecho al olvido financiero y modificaciones al régimen de pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas. Con ello, los artículos 32, 39 y 40 salen del texto despachado por el Parlamento.
La votación entrega a La Moneda el cierre legislativo que buscaba después de objetar tres disposiciones incorporadas durante la discusión parlamentaria. Sin embargo, el término de esa etapa no pone fin a la controversia, ya que la principal reforma económica del Ejecutivo mantiene abierta una disputa política y constitucional ante el Tribunal Constitucional, donde se encuentran bajo revisión normas tributarias y ambientales cuestionadas por parlamentarios de oposición.
El desenlace se produjo después de una jornada que volvió a evidenciar las dificultades que han acompañado la tramitación de la iniciativa. Horas antes, la Comisión de Hacienda del Senado había respaldado únicamente el veto sobre anatocismo y rechazado las observaciones vinculadas al olvido financiero y al pago a 30 días. La Sala terminó revirtiendo ese escenario y completó el proceso iniciado luego de que la Cámara aprobara los tres vetos del Gobierno.
Tres vetos cierran la discusión parlamentaria
La primera definición correspondió al artículo 32, referido a la prohibición del cobro de intereses sobre intereses. El veto presidencial fue aprobado por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, permitiendo retirar del proyecto la prohibición absoluta del anatocismo.
La segunda votación eliminó el denominado derecho al olvido financiero. La observación presidencial consiguió 23 votos favorables, 15 en contra y dos abstenciones, dejando fuera una disposición que buscaba restringir la permanencia de determinados antecedentes utilizados para evaluar el comportamiento financiero de las personas.
El último punto fue también uno de los políticamente más sensibles. El veto a las modificaciones destinadas a reforzar el pago a 30 días para las pymes obtuvo finalmente 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, después de una segunda votación.
Con esas definiciones, el Ejecutivo consiguió retirar las tres disposiciones que había objetado tras el despacho original de la reforma. La decisión de Kast de recurrir a vetos supresivos había reabierto la discusión pocos días después de que La Moneda celebrara la aprobación de su principal iniciativa económica.
Quiroz celebra, pero reconoce una discusión pendiente
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado alcanzado en el Senado y destacó la deliberación que precedió a las votaciones. Su evaluación, sin embargo, incorporó un elemento relevante: la eliminación de la norma aprobada por el Congreso no significa que los problemas asociados a los plazos de pago de las pequeñas empresas estén resueltos.
Quiroz señaló que existen materias que deberán seguir siendo abordadas y situó especialmente entre ellas el pago a 30 días y la situación de las pymes. A juicio del ministro, la regulación necesita ser revisada con mayor profundidad, abriendo la posibilidad de que Hacienda vuelva posteriormente sobre esta discusión mediante una fórmula distinta.
La señal adquiere especial importancia porque el propio Ejecutivo consiguió eliminar una modificación que buscaba endurecer las excepciones al pago oportuno. El Gobierno cuestionó la solución incorporada durante la discusión parlamentaria, pero su ministro de Hacienda reconoce que la legislación vigente tampoco está resolviendo adecuadamente el problema.
“Creo que esta discusión fue muy buena y la valoro mucho. Creo que hubo una reflexión bien profunda”, sostuvo Quiroz tras las votaciones, destacando además que las posiciones adoptadas por algunos senadores fueron más allá de la división tradicional entre Gobierno y oposición.
Para el secretario de Estado, detrás de esos respaldos y abstenciones existe una duda legítima sobre la posibilidad de resolver mediante una sola disposición problemas que involucran relaciones comerciales, financiamiento y ciclos productivos diferentes. “Hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo”, afirmó.
Quiroz cerró su evaluación respaldando el desenlace alcanzado en la Cámara Alta. “Creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme”, señaló.
Oposición cuestiona el uso de los vetos
Desde la oposición, las críticas se concentraron en la decisión presidencial de suprimir disposiciones que habían conseguido respaldo durante la tramitación de la megarreforma. Los cuestionamientos apuntaron especialmente al impacto que tendría la eliminación de las normas sobre ciudadanos endeudados y pequeñas empresas.
La senadora Yasna Provoste sostuvo que las tres observaciones reflejan una determinada orientación del Ejecutivo frente a materias que, a su juicio, buscaban entregar mayor protección a personas y pymes.
“Estos 3 vetos son reveladores de esa lógica de acción del Gobierno, ya que apuntan a materias que fueron introducidas en el debate legislativo en la sala del Senado y donde hubo votos transversales para impulsar estas normas en favor de las pymes, en favor de las y los ciudadanos”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron el régimen de pago a proveedores. Desde sectores opositores se planteó que existe una asimetría en la capacidad negociadora entre grandes compañías y pequeñas empresas, especialmente cuando estas últimas dependen comercialmente de compradores de mayor tamaño.
El oficialismo defendió una lectura distinta. El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, sostuvo durante la discusión que las tres disposiciones compartían un problema: pese a perseguir objetivos valorables, podían producir consecuencias contrarias a las buscadas. Esa diferencia terminó atravesando buena parte del debate político sobre los vetos y explica la diversidad de posiciones que finalmente se observó en la Sala.
Disputa política y constitucional se instala en el TC
El cierre del Congreso encuentra a la megarreforma con otro frente plenamente abierto. Este miércoles, 56 organizaciones y personas jurídicas fueron habilitadas para intervenir ante el Tribunal Constitucional, en una audiencia pública que reunió posiciones empresariales, ambientales, sindicales, académicas e indígenas.
La controversia se concentra principalmente en la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y en disposiciones ambientales relacionadas con las compensaciones frente a Resoluciones de Calificación Ambiental anuladas y nuevas reglas regulatorias.
La audiencia mostró que el conflicto supera la discusión entre Gobierno y oposición. Mientras representantes empresariales defendieron la estabilidad tributaria como una herramienta para entregar certeza a inversiones de largo plazo, organizaciones sindicales cuestionaron sus efectos sobre la capacidad de futuros gobiernos para modificar determinadas reglas.
En el ámbito ambiental, FIMA, Fundación Terram y Greenpeace Pacífico Sur plantearon reparos sobre protección y acceso a la justicia, mientras representantes de sectores productivos defendieron las modificaciones como instrumentos de modernización regulatoria. El amplio espectro de intereses confirma la profundidad del escenario abierto después de que el TC admitiera los requerimientos contra la megarreforma.
El proceso continuará este jueves 13 de agosto con los alegatos formales de las partes. A las impugnaciones opositoras se agrega además la acción presentada por el propio Gobierno contra la norma de reconexión gratuita de servicios básicos.
Después de meses de negociaciones, votaciones estrechas, una Comisión Mixta y tres vetos presidenciales, Kast y Quiroz consiguieron cerrar el capítulo legislativo de su principal reforma económica, pero la definición de parte de su arquitectura queda ahora sometida a una controversia donde convergen inversión, atribuciones futuras del Estado, regulación ambiental y límites constitucionales.
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