Tras lograr la aprobación de su reforma económica, el Ejecutivo volverá al Congreso para eliminar normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días, abriendo una disputa entre advertencias técnicas y protecciones incorporadas por la oposición
La megarreforma de Jorge Quiroz cruzó finalmente el Congreso, pero no alcanzó a salir de la disputa política. Horas después de que el Senado aprobara el último artículo pendiente, el Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast presentará tres vetos supresivos para eliminar normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.
La decisión vuelve a abrir un proyecto que el Ejecutivo ya celebraba como su mayor victoria legislativa. La última votación se resolvió por 27 votos a favor y 22 en contra, luego de una negociación encabezada por Quiroz para asegurar el mecanismo de compensación a los municipios por los ingresos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para adultos mayores.
Aunque formalmente pertenece al Gobierno del Presidente Kast, la reforma quedó políticamente vinculada al ministro de Hacienda. Quiroz condujo las negociaciones, defendió la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% y aseguró los votos necesarios para destrabar un proyecto que había quedado temporalmente detenido por las diferencias dentro del oficialismo.
La paradoja es evidente: la megarreforma fue aprobada, pero todavía no está lista para convertirse en ley. Los vetos obligarán a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado a pronunciarse nuevamente, mientras siguen pendientes los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional contra disposiciones tributarias y medioambientales.
“Los tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias”, afirmó Quiroz al confirmar las observaciones presidenciales.
Las tres normas que el Gobierno busca eliminar
Los vetos serán supresivos. Eso significa que el Ejecutivo no propondrá una redacción alternativa, sino que solicitará borrar completamente las tres disposiciones aprobadas durante la tramitación parlamentaria.
| Materia | Qué aprobó el Congreso | Clave de la controversia |
|---|---|---|
| Anatocismo | Prohibir, en términos generales, el cobro y la capitalización de intereses sobre intereses. | Busca proteger a los deudores, pero el Banco Central y la CMF advierten que podría encarecer créditos y afectar productos de ahorro. |
| Olvido financiero | Eliminar registros internos sobre determinadas deudas impagas o extinguidas después de cinco años. | Facilitaría la reinserción financiera, aunque podría reducir la información utilizada para evaluar el riesgo crediticio. |
| Pago a 30 días | Suprimir las excepciones que permiten pactar plazos superiores para el pago de facturas. | Pretende proteger a los proveedores pequeños, pero Hacienda sostiene que podría retrasar la emisión de las facturas. |
Anatocismo: el veto con mayor respaldo técnico
La primera observación presidencial apuntará contra la indicación impulsada por el diputado Héctor Ulloa, destinada a reemplazar el artículo 9 de la Ley 18.010. La norma aprobada establece que no podrá pactarse el pago de intereses sobre intereses ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación de una operación financiera.
La propuesta responde a una preocupación reconocible: evitar que una obligación aumente aceleradamente cuando un deudor cae en mora, repacta o enfrenta dificultades para cumplir sus compromisos. Ulloa ha defendido la indicación como una forma de terminar con un mecanismo que, a su juicio, profundiza el sobreendeudamiento de las familias.
El problema identificado por Hacienda es que la redacción no se limita a deudas morosas ni a prácticas abusivas. La prohibición es general y podría alcanzar créditos hipotecarios, períodos de gracia, refinanciamientos, depósitos a plazo, bonos y otros instrumentos que funcionan mediante interés compuesto.
El Banco Central advirtió que una prohibición absoluta no constituye un mecanismo eficiente de protección y podría afectar tanto el acceso al crédito como el rendimiento del ahorro. La Comisión para el Mercado Financiero agregó que las entidades podrían compensar el mayor riesgo mediante tasas más altas, requisitos más exigentes o una menor disponibilidad de financiamiento.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que la disposición presenta “serios problemas” y genera dificultades para los sistemas de ahorro y crédito.
Es el veto que cuenta con la defensa técnica más consistente del Ejecutivo, aunque sus opositores sostienen que el Gobierno pudo haber corregido la redacción en lugar de eliminar completamente la protección.
Olvido financiero: salir de las listas sin borrar el riesgo
La segunda observación recaerá sobre el denominado derecho al olvido financiero, incorporado mediante una indicación de la senadora Daniella Cicardini. La disposición ordena eliminar de registros internos o de comunicación a terceros datos relativos a determinadas deudas impagas o extinguidas, una vez transcurridos cinco años desde que se hicieron exigibles o terminaron jurídicamente.
La norma retoma el debate abierto por el proyecto conocido como “Chao Histórico”, impulsado por Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. Su objetivo es evitar que personas que pagaron sus obligaciones o cuyas deudas ya prescribieron permanezcan indefinidamente en listas internas utilizadas para rechazar créditos, cuentas u otros productos financieros.
La iniciativa plantea un problema real: personas y pequeños emprendedores pueden continuar excluidos del sistema incluso cuando sus antiguas obligaciones ya no aparecen públicamente. Ese efecto fue abordado anteriormente en el debate sobre cómo las deudas prescritas continúan operando como barreras silenciosas para acceder al crédito.
Sin embargo, la redacción aprobada es más amplia que la prohibición vigente de comunicar públicamente deudas después de determinados plazos. También impediría que bancos y empresas conservaran internamente antecedentes sobre obligaciones extinguidas mediante pago, prescripción u otros mecanismos legales.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, advirtió que la norma podría afectar la evaluación del riesgo, el comportamiento de los deudores y las condiciones de acceso al crédito. Desde la CMF, Catherine Tornel sostuvo que las consecuencias terminarían impactando a la ciudadanía, especialmente a los sectores que ya enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento.
Aquí el debate no enfrenta simplemente a los bancos con los deudores. La eliminación completa de antecedentes podría favorecer la reinserción de algunas personas, pero también reducir la capacidad de distinguir entre perfiles financieros, trasladando el riesgo al costo general de los créditos.
Pago a 30 días: el veto políticamente más incómodo
La tercera observación buscará eliminar los ajustes incorporados al régimen de pago a 30 días para las pymes. La norma aprobada suprime las excepciones que permiten pactar plazos superiores, intentando cerrar una vía utilizada por grandes compradores para postergar el pago de facturas a sus proveedores.
Este es el veto más difícil de defender políticamente. Mientras las dos primeras observaciones cuentan con advertencias formales del Banco Central y la CMF, la eliminación de la norma sobre facturas puede ser interpretada como un retroceso para pequeñas empresas que deben financiar durante semanas o meses las operaciones de compañías con mayor poder de negociación.
Quiroz argumentó que la prohibición absoluta podría producir el efecto contrario. Según explicó, algunas empresas podrían retrasar la recepción o emisión de las facturas para impedir que comience a correr el plazo legal, dejando a los proveedores sin el documento que necesitan para anticipar, ceder o financiar su capital de trabajo. “Al proveedor lo dejan sin factura y sin poder financiar su actividad”, señaló el ministro.
El titular de Hacienda aseguró que el veto fue solicitado por las propias pymes. Sin embargo, en su declaración no identificó a las organizaciones que formularon esa petición ni acreditó que exista una posición común entre los distintos gremios.
La controversia también pone en evidencia que el problema no se agota en el plazo establecido por la ley. La fiscalización, la fecha efectiva de emisión de la factura, las relaciones de dependencia entre proveedores y compradores y el acceso a financiamiento siguen determinando cuánto tiempo esperan realmente las empresas pequeñas para recibir sus recursos.
Kast ejerce el veto… Quiroz carga con la explicación
Aunque los vetos serán formulados por el Presidente, las explicaciones públicas han quedado principalmente en manos de Quiroz y Alvarado. Hasta el anuncio realizado después del despacho legislativo, Kast no había desarrollado individualmente los argumentos para eliminar cada una de las tres normas.
El Mandatario sí ha defendido la orientación general de la megarreforma, vinculándola con la recuperación de la inversión, el crecimiento y el empleo. Quiroz reforzó ese relato tras la votación, afirmando que Chile volvía a abrir sus puertas a la inversión, el emprendimiento y las posibilidades de desarrollo personal y familiar.
La atribución de la reforma a Quiroz no es solo nominal. El ministro diseñó su corazón económico, negoció con partidos de Gobierno y oposición, enfrentó resistencias dentro de la UDI y consiguió finalmente el respaldo necesario para cerrar el trámite pendiente. Ahora deberá explicar por qué una reforma presentada como aprobada requiere borrar tres de sus disposiciones antes de promulgarse.
La discusión ocurre, además, en un escenario donde una parte relevante de la ciudadanía sigue asociando la iniciativa con beneficios para las grandes empresas. Un sondeo de Criteria mostró que esa percepción superaba a quienes relacionaban la reforma con la creación de empleo, un antecedente que aumenta el costo político de eliminar normas presentadas como protecciones para deudores y pymes.
Ese debate ya había quedado instalado durante la tramitación, cuando la estrechez de las votaciones y los cuestionamientos a la rebaja tributaria mostraron que la megarreforma avanzaba sin construir un acuerdo político amplio.
Una aprobación que todavía no cierra la reforma
Una vez ingresados, los vetos deberán ser revisados primero por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el Senado. Si ambas cámaras los aprueban, las tres normas serán eliminadas. Para rechazarlos y mantener los textos originales, el Congreso deberá insistir con el respaldo de dos tercios de los parlamentarios presentes en cada corporación.
Ese quórum convierte al veto en una herramienta especialmente poderosa. La oposición puede cuestionar las observaciones e incluso reunir una mayoría para rechazarlas, pero necesitará un acuerdo mucho más amplio para conservar las normas que logró incorporar durante la tramitación.
La megarreforma de Quiroz terminó así su recorrido legislativo ordinario, pero todavía no alcanza una versión definitiva. El Gobierno obtuvo la rebaja tributaria, la reintegración y los incentivos a las grandes inversiones que constituían el núcleo del proyecto. La oposición, en cambio, corre el riesgo de perder tres de las disposiciones con las que intentó introducir contrapesos para consumidores, deudores y pequeñas empresas.
Kast tendrá la última palabra presidencial, pero el costo de defenderla recaerá principalmente sobre Quiroz, quien convirtió esta reforma en su mayor apuesta económica.
El desenlace, sin embargo, seguirá abierto: tras los vetos, la megarreforma deberá pasar por el Tribunal Constitucional, donde la oposición impugnó la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las indemnizaciones fiscales por permisos ambientales anulados y varias disposiciones que flexibilizan la regulación ambiental.
