El Tribunal Constitucional declaró admisibles los tres requerimientos opositores contra normas tributarias y ambientales de la megarreforma. La decisión abre una etapa decisiva para el proyecto estrella del Gobierno, tras completar su tramitación en el Congreso Nacional
La megarreforma del Presidente José Antonio Kast consiguió sobrevivir a negociaciones cruzadas, votaciones estrechas, quiebres de acuerdos y una extensa disputa en el Congreso. Pero cuando el Ejecutivo comenzaba a cerrar su principal apuesta económica, el conflicto se trasladó a otra cancha. El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y abrió formalmente la revisión de algunas de sus normas más controvertidas.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Pleno del organismo este jueves 6 de agosto. Las tres acciones fueron acumuladas en una sola causa y el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados tendrán cinco días corridos para presentar sus observaciones.
La admisibilidad no significa que el Tribunal haya acogido las acusaciones de inconstitucionalidad, sino que considera que existen antecedentes suficientes para analizarlas en el fondo.
La ofensiva tampoco apareció de improviso. Durante julio, la bancada socialista ya había confirmado que recurriría al TC por la invariabilidad tributaria, mientras el resto de la oposición fue ampliando posteriormente la estrategia hasta configurar tres requerimientos separados.
Invariabilidad tributaria en el centro de la disputa
El principal foco está puesto sobre el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, una de las herramientas con que Hacienda busca reducir la incertidumbre regulatoria y entregar estabilidad de largo plazo a proyectos de gran tamaño.
La fórmula permite asegurar determinadas condiciones tributarias por períodos que pueden extenderse hasta 20 años, dependiendo del volumen de la inversión. Para la oposición, el mecanismo no solo entrega un trato diferenciado a grandes capitales, sino que podría limitar las atribuciones de futuros gobiernos y congresos para modificar la política tributaria.
Ese cuestionamiento fue uno de los principales puntos de fricción durante toda la discusión legislativa. De hecho, la oposición terminó estructurando tres requerimientos contra los blindajes tributarios y ambientales de la reforma una vez que quedó claro que no conseguiría detener esas disposiciones mediante las votaciones parlamentarias.
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la constitucionalidad del diseño y descartado que el paso del proyecto por el TC cambie la posición del Ejecutivo: “Las propuestas que se han hecho en este proyecto son perfectamente coherentes con nuestro orden constitucional y jurídico económico”.
El punto que deberá resolver ahora el Tribunal es más profundo que la conveniencia económica de la medida: si una mayoría legislativa puede establecer reglas tributarias que restrinjan durante largos períodos la capacidad de decisión de las mayorías políticas futuras.
Del debate tributario al conflicto ambiental
Pero la controversia no termina en los impuestos. Los requerimientos también apuntan a distintas modificaciones ambientales contenidas en la megarreforma, particularmente al régimen de compensaciones cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es posteriormente anulada.
Los recursos cuestionan la posibilidad de restituir determinados gastos a titulares de proyectos afectados por esas decisiones y plantean reparos respecto de los mecanismos previstos para resolver esas compensaciones. Los parlamentarios opositores alegan posibles problemas de igualdad ante la ley, responsabilidad del Estado y acceso a la justicia ambiental.
El tercer requerimiento, presentado por diputados opositores, amplía aún más el perímetro. Incluye modificaciones vinculadas a concesiones acuícolas, la generación de antecedentes sobre bancos naturales, las restricciones para que terceros reclamen contra resoluciones ambientales y el límite temporal de determinadas medidas cautelares decretadas por tribunales ambientales.
Con ello, la discusión constitucional deja de ser exclusivamente tributaria. El TC deberá pronunciarse también sobre el equilibrio entre promoción de inversiones, protección ambiental, responsabilidad estatal y derechos de comunidades y terceros afectados por proyectos.
La oposición celebra y el oficialismo baja el tono
La admisibilidad fue recibida con satisfacción por los sectores opositores que impulsaron las acciones. El jefe del comité de senadores PS, PPD y Liberales, Juan Luis Castro, sostuvo que el Tribunal tendrá ahora que determinar si las disposiciones cuestionadas efectivamente vulneran la Carta Fundamental.
“La invariabilidad tributaria y la resolución de calificación ambiental, tal como vienen en el proyecto, tienen vicios de la Carta Fundamental”, afirmó Castro.
El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) también valoró la decisión y argumentó que la invariabilidad y las compensaciones por autorizaciones ambientales anuladas abren dudas respecto de la igualdad ante la ley y la capacidad de los futuros gobiernos para definir su política tributaria.
Desde el oficialismo, en cambio, la estrategia ha sido restar dramatismo a la resolución. Tanto parlamentarios de Renovación Nacional como de la UDI han enfatizado que declarar admisible un requerimiento solo abre su tramitación y no anticipa una sentencia favorable a la oposición. El senador Iván Moreira afirmó que el procedimiento forma parte del funcionamiento normal de las instituciones y expresó confianza en que la reforma se ajusta a la Constitución.
La disputa llega después de una tramitación particularmente accidentada. La Cámara había aprobado 27 de las 28 disposiciones revisadas y envió a comisión mixta únicamente la fórmula de compensación a los municipios por la rebaja de contribuciones, prolongando hasta agosto el cierre legislativo.
El 12 y 13 de agosto serán claves
El TC ya fijó los siguientes pasos. Para el miércoles 12 de agosto, desde las 09:00 horas, convocó a una audiencia pública en la que podrán intervenir personas y organizaciones que acrediten interés en el proceso. Las solicitudes para participar podrán presentarse hasta el lunes 10 de agosto al mediodía.
La audiencia fue impulsada por la organización ambiental FIMA, cuyo director ejecutivo, Ezio Costa, sostiene que las disposiciones impugnadas podrían tener consecuencias concretas sobre derechos y comunidades. “Las inconstitucionalidades de algunas normas pueden redundar en afectaciones directas a los derechos de las personas y las comunidades”, señaló Costa.
Un día después, el jueves 13 de agosto, el Tribunal escuchará los alegatos de las partes. Recién después de esa instancia el Pleno comenzará la deliberación sobre el fondo de los requerimientos. Hasta ahora no existe una fecha oficial confirmada para la sentencia definitiva.
La precisión es relevante porque los tres recursos tampoco buscan derribar la megarreforma completa. El cuestionamiento se concentra sobre disposiciones determinadas, principalmente la invariabilidad tributaria y distintas modificaciones ambientales. Otros componentes centrales, como la reducción gradual del impuesto corporativo, no están en el corazón de estas impugnaciones.
La batalla que comenzó por los votos termina así convertida en una discusión sobre los límites constitucionales del diseño económico del Gobierno. Para Kast y Quiroz, el desafío será conseguir que sobrevivan los mecanismos que consideran necesarios para devolver certezas a la inversión. Para la oposición, demostrar que esos mismos blindajes cruzaron una frontera que el Congreso no podía establecer.
Después de meses de negociación política, la última palabra sobre esas normas ya no la tienen los parlamentarios. La megarreforma entra ahora en el terreno donde no cuentan los votos obtenidos en el Congreso, sino la interpretación que haga el Tribunal Constitucional de sus límites.
