La Cámara respaldó las tres observaciones presidenciales que eliminan normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días. El Senado tendrá ahora la definición, mientras el Tribunal Constitucional mantiene abierto otro frente para la iniciativa económica
La megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast superó una nueva prueba en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo al proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, dejando ahora en manos del Senado la resolución de las observaciones presidenciales.
Las votaciones despejaron una controversia que acompañó al proyecto durante sus últimas semanas de tramitación. El primer veto obtuvo 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones; el segundo consiguió 75 respaldos, 58 rechazos y 13 abstenciones; y el tercero fue aprobado por 74 votos favorables, 50 en contra y 22 abstenciones. En las tres definiciones, las abstenciones provinieron principalmente de la bancada del Partido de la Gente.
El nuevo triunfo legislativo ocurre pocos días después de que el Ejecutivo lograra cerrar la tramitación regular de su principal reforma económica, luego de una negociación marcada por votaciones estrechas, diferencias sobre la compensación a los municipios y acuerdos construidos hasta último momento. Los vetos obligaron, sin embargo, a reabrir el paso por ambas cámaras antes de completar definitivamente el proceso legislativo.
Tres normas salen de la megarreforma
Las observaciones del Gobierno buscan eliminar tres disposiciones introducidas durante la discusión parlamentaria. La primera establecía una prohibición absoluta del anatocismo, es decir, del cobro de intereses sobre intereses. La segunda consagraba el denominado derecho al olvido financiero, mientras la tercera restringía los acuerdos excepcionales que permiten extender el pago de facturas más allá de 30 días.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los vetos argumentando que las disposiciones podían generar consecuencias económicas distintas de las buscadas: “Las tres iniciativas son iniciativas que suenan bien, son iniciativas que parecerían buenas, pero son iniciativas que tienen muy malas consecuencias”.
En el caso del anatocismo, Hacienda sostuvo que una prohibición absoluta podría afectar instrumentos de ahorro y encarecer determinadas operaciones de crédito. Sobre el olvido financiero, el Ejecutivo argumentó que eliminar información interna utilizada en modelos de riesgo podría alterar la evaluación crediticia. Respecto del pago a 30 días, Quiroz recordó que existen sectores con ciclos productivos más extensos y alrededor de 190 mil acuerdos excepcionales vigentes, 93 mil de ellos asociados a empresas compradoras mipymes.
La discusión vuelve a exhibir las diferencias que acompañaron a la iniciativa desde que la búsqueda de votos obligó al Gobierno a intensificar las negociaciones parlamentarias. La Moneda ha defendido la reforma como una herramienta para incentivar inversión, crecimiento y reconstrucción, mientras la oposición cuestiona que varias de sus disposiciones debiliten protecciones incorporadas durante la tramitación.
La oposición acusa retroceso para deudores y pymes
Los cuestionamientos opositores se concentraron especialmente en la eliminación de las normas que beneficiaban a personas endeudadas y pequeñas empresas. El diputado Héctor Ulloa, del PPD, puso el foco en la prohibición del anatocismo: “Hay límites éticos que no pueden subordinarse solo a la lógica del mercado”.
Desde el Frente Amplio, Carolina Tello cuestionó que los vetos retiren contrapesos introducidos durante la discusión, mientras el oficialismo defendió que esas normas escapaban de los objetivos originales del proyecto. El diputado republicano Agustín Romero sostuvo que la iniciativa debía mantener su foco en reconstrucción, inversión, empleo y crecimiento.
La controversia tiene además un antecedente legislativo relevante. Durante su paso anterior por el Senado, la prohibición del anatocismo y el derecho al olvido financiero habían conseguido respaldo, pese a las reservas formuladas entonces por Hacienda sobre su relación con las ideas matrices del proyecto.
Senado y Tribunal Constitucional definen el cierre
Con la aprobación de la Cámara, el Senado deberá pronunciarse ahora sobre las tres observaciones presidenciales. La revisión está prevista para este miércoles 12 de agosto, instancia en la que el Gobierno buscará ratificar los vetos y sacar definitivamente del texto las tres disposiciones cuestionadas.
Pero la votación parlamentaria no será el último obstáculo. Ese mismo miércoles comienza una fase decisiva del frente abierto ante el Tribunal Constitucional, donde tres requerimientos opositores cuestionan otras normas de la megarreforma, particularmente la invariabilidad tributaria y diferentes disposiciones ambientales. La audiencia pública fue fijada para el 12 de agosto y los alegatos de las partes para el día siguiente.
La reforma entra así en una semana decisiva por dos caminos paralelos. En el Senado, Kast necesita mantener la mayoría que le permitió superar las etapas anteriores y ratificar sus vetos. En el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo deberá defender que algunos de los instrumentos más controvertidos de su diseño económico respetan los límites de la Carta Fundamental.
Después de meses de negociaciones, acuerdos y votaciones estrechas, la megarreforma vuelve a aproximarse a su cierre. La Cámara despejó los vetos del Gobierno, pero el Senado y el Tribunal Constitucional todavía tienen en sus manos dos decisiones capaces de modificar el texto definitivo de la principal apuesta económica de Kast.
