El Senado aprobó por 27 votos contra 22 la última norma pendiente. La Moneda celebró su principal triunfo legislativo, aunque tres vetos, requerimientos ante el Tribunal Constitucional y la disputa municipal todavía mantienen abierta la tramitación política
La Moneda celebró como el comienzo de una nueva etapa económica una victoria política que debió construir hasta el último voto. Después de semanas de incertidumbre y negociaciones con parlamentarios que mantenían abiertas sus posiciones, el Gobierno de José Antonio Kast logró cerrar la tramitación regular del proyecto más importante de su agenda.
El Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el informe de la Comisión Mixta que resolvió la última discrepancia entre ambas cámaras: la fórmula para compensar a los municipios por los ingresos que perderán debido a la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores.
El desenlace revirtió el tropiezo del 23 de julio, cuando la falta de votos dentro de la UDI obligó al Ejecutivo a suspender la votación. La iniciativa salió esta vez del Congreso, aunque todavía deberá regresar por los vetos anunciados por La Moneda.
Una mayoría reconstruida voto a voto
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó a la sesión con acuerdos que despejaron los apoyos pendientes. Junto a los senadores Matías Walker y Sergio Gahona comprometió recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, afectada por los últimos sistemas frontales.
Walker explicó que el entendimiento considera un fondo cuyo monto será determinado por una comisión técnica y que deberá incorporarse en la Ley de Presupuestos de 2027. “Estamos estableciendo que va a haber un fondo de reconstrucción, compuesto por recursos frescos y extraordinarios. No por reasignaciones y no por fondos del Gobierno Regional”.
El respaldo políticamente decisivo fue el de Pedro Araya. El senador PPD se desmarcó del resto de la oposición después de conversar con alcaldes y con el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado. Su voto permitió superar el quórum de 26 apoyos y cerrar una discusión que dos semanas antes parecía perdida.
La Moneda instaló una disyuntiva difícil de eludir: aprobar la fórmula de la Comisión Mixta o mantener abierta la incertidumbre sobre los ingresos municipales. Araya terminó respaldándola pese a reconocer reparos sobre su efecto distributivo y se convirtió en el único senador opositor que votó a favor.
Tras el resultado, Jorge Quiroz manifestó que “Con esta ley, que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer; Chile vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar”.
La promesa fija un estándar exigente. La aprobación puede mejorar las expectativas empresariales, pero su resultado deberá medirse en inversión efectiva, empleos formales y crecimiento. El triunfo legislativo, por sí solo, no garantiza ninguno de esos efectos.
La compensación que dividió a los municipios
El mecanismo aprobado considera $190 mil millones para las municipalidades: $110 mil millones para el Fondo Común Municipal y $80 mil millones en transferencias directas. Los montos serán calculados anualmente y, para acceder a la restitución directa, las comunas deberán mantener actualizada su información de personal y reducir en 30% los tiempos de tramitación de permisos.
El biministro Claudio Alvarado defendió la compensación total, incluso para las comunas cuyos alcaldes rechazaron públicamente la propuesta: “A partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país van a recibir esos recursos, no obstante sus alcaldes no lo querían. Nosotros pensamos en las personas, pensamos en la gente y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga, por eso compensamos al 100%”.
El conflicto no estuvo en la necesidad de restituir los ingresos, sino en el criterio utilizado. Alcaldes de oposición habían advertido que el reparto favorecía a las comunas con mayor recaudación y propusieron incorporar los $80 mil millones de transferencias directas al Fondo Común Municipal.
El Ejecutivo mantuvo una devolución proporcional a lo que cada comuna dejará de percibir. En la práctica, los municipios que hoy concentran una mayor recaudación por contribuciones recibirán compensaciones directas superiores, mientras los territorios con menores ingresos propios accederán a montos reducidos.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que el esquema conserva las desigualdades existentes“El Estado hoy día está compensando a las comunas ricas en cerca de 30.000 millones de pesos, mientras que en Cerro Navia son 5 millones, en San Ramón 3 millones, en Lo Espejo 4 millones y en Quinta Normal 50 millones. Esa es la injusticia que hoy día hemos puesto sobre el debate (…) sobre cómo el Estado trata de manera desigual a los ciudadanos y ciudadanas según la comuna en la que se nace”.
La controversia expuso dos concepciones de equidad territorial. Para el Gobierno, compensar significa devolver lo que cada municipio dejará de recaudar. Para los alcaldes críticos, financiar esa devolución con recursos generales reproduce las brechas que el Fondo Común Municipal debería corregir.
El municipalismo tampoco actuó como un bloque. Mientras Delfino, Tomás Vodanovic y otros jefes comunales calificaron la fórmula como regresiva, 174 alcaldes firmaron una declaración apoyándola ante el riesgo de perder ingresos permanentes.
Vetos y Tribunal Constitucional prolongan la disputa
El despacho de la Comisión Mixta no deja al proyecto listo para ser promulgado. El Ejecutivo anunció tres vetos supresivos contra la eliminación del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y la modificación del régimen de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.
Quiroz afirmó que las tres disposiciones “suenan bien pero traen malas consecuencias”. Las observaciones deberán volver a la Cámara y al Senado, prolongando una tramitación que el Gobierno celebró políticamente como concluida.
A ese trámite se suma el Tribunal Constitucional. La oposición presentó requerimientos contra los blindajes incorporados en la megarreforma, especialmente la invariabilidad tributaria y el mecanismo de restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada judicialmente.
La senadora Claudia Pascual realizó además reservas de constitucionalidad por las condiciones exigidas para transferir recursos y por el traspaso de facultades de cobranza desde los municipios hacia la Tesorería General de la República.
“La segunda reserva tiene que ver con quitarles la autonomía a los municipios en materia de la generación y la definición de sus propios recursos municipales (…) y, al ser traspasado totalmente el cobro a la Tesorería General de la República, indudablemente eso ya no queda en el ámbito de los municipios, sino que queda en el Fisco centralmente”.
La Moneda consiguió su principal triunfo legislativo mediante acuerdos regionales, un voto opositor decisivo y una fórmula municipal que dejó abierto el conflicto sobre la distribución de recursos entre los territorios.
El Gobierno ganó la batalla por los votos. Ahora deberá demostrar que los incentivos tributarios se traducen en inversión y empleo, que los vetos no desarman los acuerdos alcanzados y que la compensación municipal no consolida las desigualdades que la política pública declara querer reducir.
