La Moneda necesita 26 respaldos para aprobar la compensación municipal. La oposición exige focalizar los recursos y acusa negociaciones individuales, mientras el Gobierno intenta ordenar a la UDI y responder a demandas regionales antes de la votación
La megarreforma llegará este martes 4 de agosto a una de sus últimas votaciones con el Gobierno enfrentado a un doble problema. La Moneda no logró un acuerdo con la oposición sobre la compensación a los municipios y tampoco puede permitirse fisuras entre los senadores que deben completar los 26 respaldos exigidos en la Sala.
Las dos tensiones quedaron expuestas durante la jornada previa. Mientras el Presidente José Antonio Kast se reunió con los senadores de la UDI para despejar las inquietudes surgidas dentro del oficialismo, los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot recibieron a los presidentes de los partidos opositores. La primera cita buscaba asegurar votos; la segunda, abrir una relación política más institucional.
El resultado fue insuficiente para cerrar cualquiera de los frentes. La UDI aseguró que concurrirá con sus respaldos, pero la intervención directa del Mandatario confirmó la estrechez del conteo. La oposición, en tanto, valoró la apertura de un canal formal con el Ejecutivo, aunque abandonó La Moneda sin conseguir cambios en la fórmula municipal.
El último nudo quedó en los municipios
El Senado deberá pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta que definió cómo compensar a las municipalidades por los menores ingresos que provocará la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años. Es el único artículo que sigue pendiente después de que la Cámara aprobara 27 de las 28 normas revisadas durante el tercer trámite.
Los alcaldes no discuten que las comunas deban recuperar esos recursos. La diferencia está en cómo focalizar el beneficio y mediante qué mecanismo distribuir la compensación, especialmente entre municipios con capacidades financieras muy desiguales.
Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, detalló que “Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, creo que tenemos un acuerdo común: en el contexto de crisis económica que estamos enfrentando, cualquier recorte que se haga a los municipios es golpear duramente la vida de la gente que menos tiene, que es la que más necesita del Estado. Fuimos capaces de tomar un acuerdo y generar una propuesta razonable técnicamente que generó un consenso amplio”.
El planteamiento opositor recoge el acuerdo discutido en La Serena: focalizar la exención para excluir a las viviendas de mayor valor y concentrar los recursos en el Fondo Común Municipal, de manera que la reposición no termine favoreciendo proporcionalmente más a las comunas con mayor recaudación propia. El Gobierno mantuvo, sin embargo, la fórmula despachada por la Comisión Mixta.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó que el Ejecutivo recibiera a las directivas opositoras sin abrir un espacio efectivo para modificar la propuesta: “Una cosa es declarar ánimo de diálogo, pero otra es disposición a que ese diálogo sirva para mejorar los proyectos”.
Martínez sostuvo además que el mecanismo incrementará las diferencias entre municipios. Para fundamentar su crítica, mencionó que Las Condes recibiría alrededor de $13 mil millones provenientes de fondos generales para compensar la exención de unos 22 mil contribuyentes.
La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, explicó que los alcaldes habían planteado dos condiciones —focalización y compensación—, pero que el Ejecutivo solo acogió la segunda. Álvaro Ortiz, timonel de la Democracia Cristiana, coincidió en que hubo disposición a conversar, aunque no a incorporar las propuestas presentadas por la oposición.
La senadora DC Yasna Provoste confirmó que las bancadas opositoras respaldarán la posición de los municipios y rechazarán el informe. Su argumento es que el texto sometido a votación no reproduce el entendimiento alcanzado con los alcaldes en La Serena.
La decisión deja al Gobierno sin una salida transversal para este trámite. También transforma la compensación municipal en el punto desde el cual una oposición que había mostrado diferencias durante otras etapas de la megarreforma vuelve a actuar coordinadamente.
Del diálogo institucional al “pirquineo”
La reunión en La Moneda no estuvo limitada a la compensación. Los presidentes de los partidos de oposición pidieron establecer una relación formal con el Ejecutivo para procesar las diferencias políticas antes de que los proyectos lleguen a votaciones estrechas en el Congreso.
La solicitud apunta a evitar lo que el sector denomina “pirquineo” de votos: la búsqueda separada de parlamentarios hasta alcanzar el respaldo mínimo, sin construir previamente un acuerdo con las colectividades. Según los dirigentes opositores, ese método le ha permitido al Gobierno aprobar disposiciones relevantes, pero también ha debilitado la posibilidad de establecer compromisos más amplios y estables.
En esta línea, Paulina Vodanovic, planteó que el vínculo político no puede seguir dependiendo de conversaciones informales o contactos parciales: “Aquí tiene que haber un cierto orden, donde los presidentes y presidentas de partido tengamos una bilateralidad con el Gobierno”.
Raúl Soto, presidente del PPD, informó que el ministro Alvarado se comprometió a utilizar la nueva mesa como un canal para conversar las diferencias, procesarlas y buscar entendimientos en las materias donde exista margen. Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista, agregó que cuando el Ejecutivo quiera dirigirse a una colectividad deberá hacerlo mediante su conducción formal.
La contradicción quedó instalada desde la primera reunión. Los partidos lograron que La Moneda aceptara un diálogo institucionalizado, pero no consiguieron alterar el proyecto inmediato. Paralelamente, el Gobierno mantuvo negociaciones diferenciadas con los senadores cuyos votos pueden determinar el resultado.
Presidente Kast intenta cerrar las dudas oficialistas
El Ejecutivo ya conoce el costo de llegar a la Sala sin su mayoría completamente ordenada. El 23 de julio retiró la urgencia y aplazó la votación luego de comprobar que no reunía los 26 respaldos. La ausencia de Enrique Van Rysselberghe y el rechazo anunciado por Gustavo Sanhueza, ambos de la UDI, dejaron al oficialismo bajo el quórum requerido.
Esta vez, el Jefe de Estado convocó a los senadores gremialistas para abordar las inquietudes de Sanhueza y Sergio Gahona. El ministro Alvarado descartó que persistieran discrepancias dentro de la bancada y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el partido apoyará el informe. Según afirmó, una eventual caída de la norma no podría atribuirse a los votos gremialistas.
La señal pública de unidad no elimina la fragilidad aritmética. Cuando el resultado depende exactamente de la mayoría mínima, una ausencia, una abstención o una exigencia no resuelta pueden obligar nuevamente al Gobierno a retroceder.
A ello se suma que algunos respaldos están ligados a demandas regionales. Matías Walker condicionó su voto a que el Ejecutivo entregue un compromiso escrito para financiar la reconstrucción de Coquimbo, afectada por el reciente sistema frontal. “No me lo tiene que garantizar a mí; se lo tiene que garantizar a una región que necesita reconstruirse”.
El senador de Demócratas sostuvo que su exigencia es coherente con una iniciativa denominada Ley de Reconstrucción Nacional. También afirmó que no dejará a los municipios sin compensación, pero que su prioridad como representante de Coquimbo es asegurar recursos para viviendas y obras públicas en la región.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comunicó con Walker para informarle que el Gobierno trabaja en una propuesta destinada a las zonas afectadas del Norte Chico. Al cierre de la jornada, el parlamentario todavía esperaba conocer por escrito la fórmula y los montos comprometidos.
El Gobierno endurece su respuesta
La Moneda descartó modificar el informe, pero aseguró que los municipios no quedarán sin compensación si la norma es rechazada. En ese escenario, el Ejecutivo buscaría incorporar la reposición completa de los recursos en la Ley de Presupuestos o en la Ley de Reajuste.
Claudio Alvarado cuestionó que la oposición pudiera rechazar el mecanismo actual y luego bloquear las alternativas ofrecidas por el Gobierno: “Si ellos lo rechazan y después van a torpedear la Ley de Reajuste o la Ley de Presupuesto, ¿su objetivo está en el país?”.
El ministro del Interior calificó como lamentable la posición opositora y sostuvo que el diálogo exige voluntad para construir, no para obstruir. Desde la oposición respondieron que conversar no es suficiente cuando el Ejecutivo descarta incorporar las propuestas presentadas durante la negociación.
La salida presupuestaria tampoco convence a los municipios. Aunque permitiría recuperar los recursos, los obligaría a discutirlos nuevamente cada año, en lugar de contar con un mecanismo permanente. Esa incertidumbre es precisamente uno de los problemas que los alcaldes intentaron resolver mediante el acuerdo de La Serena.
Una votación sobre la forma de construir mayorías
El desenlace del Senado definirá la compensación municipal, pero también ofrecerá una medida de la capacidad política del Gobierno. Kast debe mantener alineado al oficialismo, responder a las exigencias de Coquimbo y reunir los respaldos que no consiguió asegurar en julio.
La oposición llega con una postura común en defensa de la focalización, aunque la situación de algunos senadores seguía abierta durante las horas previas. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que cuenta con los votos de la UDI y continúa buscando las voluntades restantes para alcanzar el quórum.
La megarreforma comenzó como una discusión sobre impuestos, inversión y reconstrucción. Su última disputa quedó concentrada, sin embargo, en dos asuntos profundamente políticos: cómo distribuir los recursos entre los municipios y cómo construir una mayoría cuando el diálogo institucional no alcanza y cada voto debe negociarse por separado.
