El Ejecutivo ingresó urgencia al proyecto de inteligencia económica tras el rechazo del Senado, pero insiste en mantener autorización judicial previa para acceder a información bancaria en operaciones sospechosas
El Gobierno decidió apurar la tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, pero dejó claro que no respaldará un acceso administrativo directo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a información protegida por secreto bancario.
La iniciativa pasará a Comisión Mixta luego de que el Senado rechazara la norma que permitía a la UAF solicitar directamente antecedentes bancarios en operaciones sospechosas, sin autorización judicial previa. La disposición fue desechada tras un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, dejando abierta una de las discusiones más sensibles de la agenda de seguridad.
El punto político está en la contradicción que ahora deberá administrar La Moneda. El Ejecutivo quiere acelerar el proyecto, porque busca fortalecer la persecución de operaciones financieras vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Pero, al mismo tiempo, insiste en que cualquier acceso a información bancaria debe mantener el filtro de un juez.
Urgencia con límite judicial
Ante este escenario político, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, anunció que el Gobierno ingresó urgencia al proyecto y afirmó que espera que en la Comisión Mixta “se pueda acordar la forma en que enfrentamos de manera más efectiva, más eficaz, el secreto bancario”.
De esta forma, el Gobierno quiere mejorar la rapidez del procedimiento, pero no eliminar la autorización judicial previa. García Ruminot sostuvo que el marco constitucional vigente, por respeto a la vida privada de las personas, obliga a que una medida intrusiva como levantar el secreto bancario cuente con intervención de un juez.
“Nosotros queremos mantener la autorización judicial, porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas”, reforzó el secretario de Estado, al explicar que el Ejecutivo buscará una fórmula que entregue más eficacia sin abrir una vía directa de acceso administrativo para la UAF.
El nudo que llega a Comisión Mixta
La norma rechazada permitía que, de manera excepcional, la UAF pudiera requerir información bancaria directamente a una institución financiera, siempre que fuera necesaria para desarrollar o completar análisis sobre operaciones sospechosas previamente reportadas.
El proyecto busca crear un sistema de trabajo conjunto entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, con intercambio de información, nuevas unidades de inteligencia económica y mayor capacidad de análisis para seguir la ruta del dinero.
| Punto en disputa | Qué implica | Lectura política |
|---|---|---|
| Acceso directo de la UAF | Permitiría pedir datos bancarios sin autorización judicial previa | Acelera inteligencia financiera, pero genera reparos por privacidad |
| Control judicial | Mantiene intervención de tribunales antes de acceder a información bancaria | Resguarda garantías, pero puede ralentizar investigaciones |
| Urgencia del Gobierno | Apura la discusión en Comisión Mixta | Busca cerrar rápido el debate sin ceder en el filtro judicial |
| Operación Tokio | Expuso vínculos entre crimen organizado y redes financieras | Aumenta presión para seguir la ruta del dinero |
| Texto final | Deberá conciliar rapidez y resguardo institucional | Definirá el alcance real del nuevo sistema |
Operación Tokio eleva la presión
La discusión legislativa quedó marcada por la Operación Tokio, investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI por lavado de activos vinculado al Tren de Aragua. Como parte de las diligencias, se realizó un allanamiento en una sucursal de BancoEstado ubicada en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago.
El procedimiento ocurrió luego de que se conociera que una de las imputadas, Rossana Magdalena Blanco Blanco, prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa. Ese antecedente fue informado durante la formalización de los imputados en la causa.
La indagatoria también considera a un exejecutivo de Banco Santander, a quien el Ministerio Público vinculó con movimientos de dinero asociados a la organización criminal. La presencia de personas ligadas al sistema bancario en una causa de lavado de activos reforzó el debate sobre la capacidad del Estado para detectar flujos financieros sospechosos con suficiente rapidez.
La Moneda busca una fórmula intermedia
El Gobierno sostiene que el problema no estaría necesariamente en la autorización judicial, sino en los tiempos posteriores para que los bancos remitan la información. García Ruminot afirmó que la experiencia indica que los tribunales han entregado autorizaciones y que estas han sido rápidas, pero que la entrega de antecedentes por parte de las instituciones financieras toma más tiempo del necesario.
“Cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y, por lo tanto, le resta efectividad a la medida”, planteó el ministro.
Esa definición abre espacio para una salida intermedia en la Comisión Mixta: mantener la autorización judicial, pero establecer plazos más estrictos, mejorar la coordinación con bancos, revisar estándares internacionales y fortalecer la capacidad operativa de la UAF para completar análisis financieros.
La ruta del dinero queda al centro
El debate ya no es solo jurídico. La pregunta de fondo es cómo el Estado podrá seguir la ruta del dinero cuando las organizaciones criminales operan con cuentas, intermediarios, empresas de fachada y movimientos financieros difíciles de detectar a tiempo.
Quienes apoyan un acceso más expedito de la UAF sostienen que la inteligencia económica debe actuar antes de que la investigación penal esté completamente desarrollada, porque los recursos pueden moverse, fragmentarse o desaparecer. Quienes defienden el control judicial responden que el secreto bancario protege información altamente sensible y que cualquier levantamiento debe mantener resguardos institucionales.
La Comisión Mixta deberá resolver ese equilibrio. Si repone una fórmula más rápida, el nuevo Subsistema de Inteligencia Económica podría ganar capacidad para perseguir patrimonio criminal. Si mantiene el estándar actual sin cambios sustantivos, la persecución financiera seguirá dependiendo de procedimientos que pueden perder eficacia frente a redes que se mueven con mayor velocidad.
El Gobierno ya eligió su línea: acelerar la discusión, mejorar el mecanismo y fortalecer la persecución del lavado de activos, pero sin entregar a la UAF un acceso directo sin juez. Esa será la tensión que definirá el futuro del proyecto.
